El Mundial desplazó familias con arraigo histórico en CDMX, Guadalajara y Monterrey, documenta CNDH
Dalila Sarabia · 7 de septiembre de 2026
El derecho humano a una vivienda adecuada, digna y accesible fue vulnerado de manera sistemática en las ciudades en donde se jugaron partidos del Mundial 2026, concluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); el organismo urgió a los gobiernos que fueron sedes a regular y vigilar el incremento desproporcionado de las rentas que propició la expulsión de los habitantes hacia las periferias.
En el Informe Especial sobre Derechos Humanos y Gentrificación: México 2026: el año del Mundial de Futbol, la CNDH expone que la organización del evento deportivo operó como un acelerador de procesos de gentrificación y turistificación, rompiendo con la función social del suelo y forzando el desplazamiento masivo de familias de bajos ingresos de sus barrios históricos.
Los incrementos de renta en zonas aledañas a los estadios, el desplazamiento de familias de arraigo histórico, la reconversión masiva de vivienda habitacional en alojamiento turístico de corto plazo y la exclusión de mujeres, comunidades indígenas y trabajadores informales —continúa el organismo— “constituyeron un reto para las autoridades en cuanto al diseño y la implementación de políticas públicas para garantizar el acceso a la vivienda y contener la especulación que lo acompaña”.
“Distinguir entre lo inevitable y lo evitable importa: lo primero no requiere respuesta institucional; lo segundo exige responsabilidad jurídica”, sostiene la CNDH.
Rentas disparadas
Aunque el Mundial no inició la gentrificación en las zonas aledañas al otrora Estadio Azteca, en el sur de la Ciudad de México, con motivo del campeonato las rentas registraron incrementos que fueron del 20 % al 600 %, dependiendo de la distancia al estadio y el perfil del inmueble. Un aumento que no necesariamente se revirtió tras la conclusión de la fiesta mundialista.
“Ese rango tan amplio dice dos cosas: que el impacto es real, y que no hay nada conteniéndolo. Hay que detenerse en ese incremento del 600 %: no es una cifra retórica. Significa que hay inmuebles cuyo alquiler mensual se ha multiplicado por siete durante el periodo previo al torneo”, se expone en el informe.
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Y aunque la CNDH hace recomendaciones a los distintos órdenes de gobierno, solicitó particularmente a los gobiernos de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey que apliquen “mecanismos efectivos para monitorear los incrementos de renta de vivienda, especialmente en el contexto de eventos masivos, como el Mundial 2026, con mecanismos de denuncia accesibles y consecuencias jurídicas para quien los incumpla”.
Tal petición, al menos en la Ciudad de México, es un compromiso de la jefa de gobierno Clara Brugada que, a dos años del inicio de su administración, no tiene avances sustanciales, pese al anuncio de una serie de acciones que buscan contener la gentrificación, poner un límite a la renta de habitaciones y casas de corta estancia, así como crear una defensoría de los inquilinos.
La propuesta de la jefa de Gobierno no se ha traducido en una iniciativa de ley concreta que haya enviado al Congreso capitalino para su estudio y eventual aprobación.
“La familia que no renta vivienda y nunca ha oído hablar de Airbnb también la paga”, resume la CNDH.
¿Qué pasó con la Ley de Rentas Justas en la CDMX?
En abril pasado, Clara Brugada se comprometió a enviar al Congreso una iniciativa de ley para poner un tope al incremento desmedido de las rentas y crear una defensoría de los inquilinos, con el objetivo de contener la gentrificación y evitar la expulsión de habitantes. Las modificaciones incluyen también aumentar la reserva territorial para la construcción de vivienda asequible y que se reconozca el derecho al arraigo comunitario.
Sin dar mayores detalles sobre la propuesta, Brugada adelantó que se contará con un registro de los inmuebles en renta en la Ciudad de México a fin de que se respete la ley; si el arrendatario no se da de alta, se facultará al inquilino hacerlo.
De acuerdo con la jefa de gobierno, con esto no solo se evitará que se vulneren las disposiciones legales, sino que se protegerá a los inquilinos de aumentos discrecionales de rentas. Brugada dejó abierta la posibilidad de enviar la iniciativa en septiembre, cuando el Legislativo local retoma actividades; sin embargo, hasta ahora no hay información que lo corrobore.
Una de cada 4 personas habita en viviendas en renta
Datos del gobierno de la Ciudad de México revelan que 2 millones de personas habitan en vivienda rentada; es decir, uno de cada cuatro capitalinos. Pero no solo eso, el fenómeno de la vivienda en alquiler va en aumento: entre 2010 y 2020 creció en 135 mil el número de personas que rentan.
Según investigaciones académicas, entre 2019 y 2023, el precio de la renta en algunas zonas de la Ciudad de México aumentó más del 30 por ciento. De acuerdo con datos de Sociedad Hipotecaria Federal, de 2015 a 2025 se duplicó el precio de la vivienda.
La mitad de las personas que rentan son menores de 30 años y solo uno de cada 10 cuenta con vivienda propia. Además, dos de cada tres jóvenes viven en un inmueble rentado y entre 2018 y 2024, también aumentó el porcentaje de jóvenes mayores de edad que no estudian y siguen viviendo con sus padres, porque no pueden pagar una renta.
Mundial 2026: rentas por las nubes en las ciudades sede
El informe dado a conocer por la CNDH documenta que, en las áreas circundantes a los estadios mundialistas, los incrementos en los precios de arrendamiento se salieron de control y registraron alzas de entre el 20 % y el 600 % durante el periodo previo al torneo.
Para familias locales que perciben ingresos mensuales promedio de entre 12 y 15 mil pesos, estas tarifas inalcanzables se convirtieron en “órdenes de salida” inmediatas de sus hogares.
“Hay una contradicción que este informe no puede dejar de señalar porque es la que más directamente interpela al Estado. Las ciudades mexicanas que hoy enfrentan las mayores presiones de gentrificación y turistificación —la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, Mérida— fueron construidas, en sus barrios populares, por la gente que hoy está siendo expulsada.
Las y los albañiles, las y los trabajadores domésticos, las y los vendedores informales, las personas inquilinas de vecindades que llevan generaciones en la misma calle: son ellos quienes levantaron la infraestructura física, sostienen la economía de servicios y reproducen la vida cultural que hace que esas ciudades sean atractivas para la inversión y el turismo”, subraya el documento.
A este escenario se suma la proliferación de plataformas de hospedaje temporal, como Airbnb. Organizaciones vecinales citadas por la CNDH revelaron que en colonias céntricas de la Ciudad de México, como la Condesa, cada 48 horas se retiraron tres viviendas del mercado residencial para ser reconvertidas en alojamiento de corto plazo dirigido a extranjeros.
Aunque la capital mexicana reformó su Ley de Turismo en 2024 para limitar los arrendamientos de plataformas a un máximo de 180 noches anuales, el organismo constató que las autoridades no construyeron mecanismos reales de fiscalización, permitiendo que el mercado opere sin restricciones normativas.
“Es el patrón que se repite en la regulación urbana mexicana: la norma se aprueba, genera buena imagen política y después nadie verifica nada”, reprochó la CNDH.
“Los operadores de Airbnb —que sí tienen abogados y sí rastrean cuándo hay riesgo real de sanción— siguen expandiéndose sin obstáculos. Y la gente que renta a largo plazo sigue en inferioridad de condiciones”, se agrega.
Fuera de la Ciudad de México el panorama es igual o peor. En Oaxaca, Mérida, San Cristóbal de las Casas y decenas de Pueblos Mágicos, la turistificación avanza con velocidades cada vez mayores, ya que los gobiernos locales no la han regulado.
Acaparamiento de agua y “limpieza social” de las calles
La vulneración al derecho a la vivienda no se limitó al encarecimiento del suelo, sino que abarcó el despojo de servicios básicos cotidianos y, por ejemplo, profundizó la crisis por el agua.
En el sur de la Ciudad de México, vecinos de Pedregales de Coyoacán documentaron tandeos irregulares y cortes constantes de agua potable mientras que la empresa Televisa opera desde 2019 una concesión de agua vinculada a la remodelación del Estadio Azteca, renombrado Estadio Ciudad de México.
De acuerdo con activistas de la zona con quienes habló la CNDH, la infraestructura pública del agua se organizó para asegurar el megaproyecto turístico en lugar de priorizar el consumo humano de las colonias aledañas.
“En Guadalajara, la tensión tomó la forma de protestas con muestras de agua turbia frente al gobierno del estado. En Monterrey, el anuncio de un Parque del Agua de 80 hectáreas como ‘obra mundialista’ abrió preguntas sobre el acceso diferencial al recurso hídrico en una zona con déficit histórico. El eje común es el mismo: la infraestructura pública se organiza en función del evento, no de los derechos”, expone el organismo.
Otro fenómeno documentado fue la expulsión del comercio popular para cumplir con las condiciones contractuales firmadas con la FIFA, las cuales impusieron áreas de exclusividad libres de comercio popular e informal para favorecer a las marcas patrocinadoras. Los comerciantes tradicionales fueron expulsados o reubicados de los perímetros de los estadios.
En Guadalajara, el 24 de abril de 2025 las autoridades cerraron el Parque Rojo con el pretexto de “obras de remodelación”, lo que dejó temporalmente sin ingresos a un tianguis del que dependen entre mil 200 y mil 500 familias. Casi un año después, manifestantes derribaron las vallas y mostraron que el parque fue bloqueado con obras mínimas para ocultar el comercio popular de la vista de los turistas extranjeros.
En la Ciudad de México, las trabajadoras sexuales que suman décadas en la Calzada de Tlalpan —vialidad que conecta con el otrora Estadio Azteca— acusaron al gobierno de “limpieza social” frente a la justa mundialista.
“Lo que ocurra ahora que el Mundial terminó es la pregunta que las organizaciones vecinales hacen y que ningún funcionario ha respondido con concreción. Habría que ver si alguien tiene pensado responderla. Las rentas que subieron no bajan: ese es el comportamiento que documenta la literatura sobre megaeventos en ciudades como Barcelona después de las Olimpiadas de 1992, Río de Janeiro después del Mundial de 2014, o São Paulo en el mismo periodo”, alerta la CNDH.