Redacción Animal Político · 5 de mayo de 2026
Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, afirmó que, mientras ella recibe críticas por el desmantelamiento de un laboratorio para la elaboración de drogas -tras el cual murieron cuatro personas, entre ellas dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos-, a otros actores políticos se les protege. En ese contexto, se refirió a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, señalado por presuntos vínculos criminales.
“Se habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegue a nuestras familias (…) y al otro se le defiende a capa y espada”, declaró la mandataria ante medios de comunicación.
Campos sostuvo que estos hechos evidencian “quién es quién” en la función pública y apeló al criterio de la ciudadanía chihuahuense, al asegurar que tiene “muy claro cuál es el actuar” de los servidores públicos y que identifica los “sistemas de gobernanza realmente humanistas”.

En respuesta, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, acusó a la gobernadora de mentir y señaló que la investigación en Chihuahua se originó por la presunta violación de la ley, al permitir el ingreso de agentes estadounidenses sin los procedimientos y aprobaciones requeridos.
“El fondo es otro: provocar la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, violentando la Constitución y la soberanía de México. Eso es traición a la patria”, escribió en redes sociales.
Por ello, la dirigente sostuvo que la gobernadora “debe ser juzgada” e hizo un llamado a defender la soberanía nacional.
La presencia de dos agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua -tras el cual fallecieron en un presunto accidente automovilístico, junto con dos elementos de la Fiscalía General del Estado- ha generado una crisis política tanto a nivel estatal como federal. A esto se suman las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra 10 funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La Fiscalía General de la República (FGR) llamó a comparecer a cerca de 50 personas por su participación en el operativo en Chihuahua, que derivó en la muerte de cuatro personas, entre las cuales se encontraban dos agentes de la CIA.
Ulises Lara López, vocero y titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, detalló que se han emitido requerimientos legales a distintas autoridades para verificar la existencia y el estatus de las acreditaciones de seguridad de los agentes extranjeros que fallecieron.
A la par, Maru Campos prohibió a las personas servidoras públicas de la administración estatal establecer mecanismos directos de cooperación con agentes extranjeros sin autorización expresa del Gobierno federal.