Marchan en Culiacán familiares de estudiantes de aviación desaparecidos; exigen su localización
Daniela Flores / Noroeste · 31 de marzo de 2026
A un año de la desaparición de José Isaías Ibarra y David Antonio Ruelas Pérez, estudiantes de aviación, sus familias marcharon hacia la Fiscalía General del Estado, en Culiacán, para exigir avances en el caso y su localización.
Los jóvenes fueron privados de la libertad el 31 de marzo de 2025, cuando arribaban al Colegio del Aire de Sinaloa, en la colonia Chapultepec, en Culiacán.
De acuerdo con sus familiares, un grupo armado los interceptó alrededor de las 10:00 horas y se los llevó en un vehículo, con rumbo desconocido.
Aunque existen videos del momento, las familias denunciaron que la investigación ha sido lenta.
Señalaron que la Fiscalía tardó meses en procesar el vehículo, pese a que en las grabaciones se observa a los agresores manipularlo.
A un año de los hechos, acusaron que la búsqueda institucional se ha debilitado e incluso que las autoridades han dejado de buscarlos.
Buscadoras en riesgo
La organización Artículo 19 recordó que, durante el actual sexenio de la presidenta Claudia Sheimbaum, ha documentado 14 agresiones letales contra personas buscadoras: seis desapariciones y ocho asesinatos. En ese registro se incluyen otros casos en Sinaloa, entidad que en los últimos años ha enfrentado una profunda crisis de violencia.
En México, la búsqueda de un familiar desaparecido no sólo implica recorrer oficinas, hospitales o zonas de hallazgo: también supone enfrentar amenazas y agresiones. Así lo documentó en 2024 el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, una articulación que agrupa a más de 90 colectivos en el país.
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El informe señala que son principalmente mujeres —muchas de ellas madres— quienes sostienen estas labores en un contexto de violencia y ante la insuficiencia institucional para dar respuesta a la crisis de desapariciones.
El informe también detalla que las labores de los colectivos no se limitan a las búsquedas en campo. Las familias realizan asesoría jurídica, participan en mesas de incidencia política, acompañan emocionalmente a otras víctimas y presentan denuncias ante instancias nacionales e internacionales, tareas que amplían su exposición y las colocan en escenarios de mayor riesgo.
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Frente a este contexto, organizaciones civiles han reiterado que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar medidas de protección efectivas para las personas buscadoras, reconocidas como defensoras de derechos humanos por su labor en la exigencia de verdad y justicia.