Animal Político · 17 de agosto de 2026
Lucio Miranda Robles, exdirector general del DIF Jalisco y actual coordinador de un área del gobierno Tlajomulco de Zúñiga, fue detenido y vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de violación, informó la Fiscalía estatal.
De acuerdo con la dependencia, los hechos que se investigan ocurrieron en marzo de 2024, cuando Lucio Miranda Robles se desempeñaba como director general del DIF Jalisco. La denuncia señala que presuntamente realizó acciones incómodas y tocamientos indebidos contra una mujer que laboraba con él y que posteriormente habría cometido una agresión sexual.
Según las indagatorias, el 6 de marzo de 2024 varias personas funcionarias del DIF Jalisco, entre ellas el entonces director y la mujer denunciante, fueron convocadas a un supuesto curso laboral en Tapalpa. La institución habría organizado la actividad, durante la cual las personas asistentes fueron alojadas en cabañas.

La noche de los hechos, las personas que acudieron al supuesto curso fueron citadas inicialmente en un auditorio que posteriormente quedó vacío. Después, de acuerdo con la investigación, el punto de reunión habría cambiado a un sitio cercano a una fogata.
La Fiscalía sostiene que el entonces director general del DIF Jalisco habría llevado nuevamente a la mujer hacia el auditorio, donde presuntamente la sometió y cometió el delito que se le atribuye. La víctima, según la carpeta de investigación, logró empujar al hombre y salir del lugar.
Tras la denuncia, la Dirección General de Visitaduría de la Fiscalía del Estado realizó las investigaciones correspondientes y se otorgó una medida de protección a la víctima. Posteriormente, el señalado fue citado para comparecer ante la autoridad.
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El 12 de agosto, Lucio Miranda Robles quedó formalmente detenido para ser investigado por el delito de violación. Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía presentó los datos de prueba obtenidos durante las indagatorias, los cuales fueron considerados suficientes por un órgano jurisdiccional para dictar la vinculación a proceso.

Como medida cautelar, el juez determinó que el funcionario permanezca seis meses en prisión preventiva oficiosa, además se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará con las diligencias para fortalecer el expediente.
La Fiscalía del Estado señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y afirmó que los cargos públicos no serán impedimento para la procuración de justicia. La dependencia indicó que, en caso de acreditarse la responsabilidad correspondiente, se deberán aplicar las sanciones previstas por la ley.