Ley Oliver: la ruta de Michoacán para prevenir la violencia de jóvenes con con vínculos de confianza

El 4 de marzo, el Congreso de Michoacán aprobó la reforma a la Ley de los Jóvenes del Estado, conocida como la “Ley Oliver”, cuyo eje central es la prevención de la violencia entre los jóvenes y sus vínculos de confianza —ya sean afectivos, sociales o escolares—, como el caso del doble feminicidio de las profesoras María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla a manos de un alumno de preparatoria.

La iniciativa fue propuesta por los diputados Hugo Rangel y Grecia Jennifer Aguilar Mercado; el comisionado estatal de Atención a Víctimas, Víctor Manuel Serrato Lozano, y Elena Laura Valle Cuadra, madre de Oliver Valle, joven asesinado presuntamente por una mujer  que le debía dinero.

Con la reforma vigente, ahora le toca al Instituto de la Juventud de Michoacán encabezar las medidas para prevenir ese tipo de actos. En entrevista, el legislador Hugo Rangel reitera que la violencia entre personas jóvenes es síntoma de un deterioro estructural que se debe a décadas de omisión en el estado.

Rangel destaca la necesidad de que Estado y sociedad asuman el reto de prevenir la violencia entre los jóvenes con corresponsabilidad. Recuerda que el alumno de preparatoria que asesinó a dos maestras en Lázaro Cárdenas anunció su intención en redes digitales sin que existiera una “red de contención” —de  padres, maestros o autoridades— que lo detuviera.

“El Estado mexicano, las instituciones, le han quedado a deber mucho a los jóvenes”, advierte el legislador.

Asimismo, el legislador califica como “populismo punitivo” el discurso que exige castigos ejemplares sin análisis previo.

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—¿Cómo convencer a una sociedad agraviada de que la prevención es el camino? —se le pregunta.

“Es penoso este discurso, esta narrativa punitivista (…) se enmarca en esta lógica del voluntarismo, de creer que la solución de los problemas de inseguridad dependen de que una persona salga a patrullar calles… y convertir la testosterona en política pública. Es un planteamiento muy vacío… no son las cárceles, ni es la pena de muerte, ni elevar las condenas lo que nos va a llevar a la solución. Creo que quienes planteamos visiones más integrales tenemos en contra esta emergencia mediática, pero hay que apelar a la razón, a la conciencia”.

El legislador destaca que la atención de los jóvenes involucrados con la violencia requiere alternativas al modelo carcelario. Propone observar experiencias exitosas, como los programas de vivienda temporal para jóvenes primodelincuentes, que permitan romper el ciclo de reincidencia: evitar que un joven, tras su proceso de reinserción, sea arrojado de vuelta al mismo entorno que lo orilló a delinquir.

El papel del Instituto de la Juventud

El legislador criticó que de manera general los institutos de la juventud funcionan como ornamento y sus acciones se enfocan en la organización de actos frívolos, como conciertos o concursos de belleza. Algo que busca solucionar la legislación publicada el 4 de marzo pasado. 

Con la Ley Oliver, el Instituto de la Juventud debe generar protocolos de detección temprana para identificar patrones de conducta violenta, como acoso, hostigamiento, celos y chantaje, antes de que escalen a violencia letal.

Asimismo, trabajar de manera directa con enlaces designados como responsables por parte de escuelas y dependencias, con la intención de canalizar casos de riesgo psicosocial.

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El Instituto también debe implementar programas de resolución pacífica de conflictos y salud mental de manera obligatoria.

Como parte del trabajo conjunto con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el Instituto de la Juventud de Michoacán está obligado a crear redes de denuncia y bases de datos que sirvan como insumo científico para las carpetas de investigación en casos graves.

“El Instituto ahora va a tener la responsabilidad de generar mecanismos de concertación… si tenían pensado seguir en esta lógica inercial de la frivolidad (conciertos, concursos de belleza), pues ahora deberán enfocarse a otro tipo de acciones. La reforma prevé que no haya impacto presupuestal: con el mismo recurso van a tener que ordenar sus prioridades“, agrega Rangel.