Dan a 60 años de prisión a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, por homicidios

Gerardo Borbolla · 19 de noviembre de 2026

Dan a 60 años de prisión a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, por homicidios

Un juez federal condenó a José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, Guerrero, a 60 años de prisión por su responsabilidad en los homicidios de seis personas y las tentativas de homicidio relacionadas con los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando también desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La resolución incluye a otras 25 personas, entre ellas Felipe Flores Velázquez, exsecretario de Seguridad Pública municipal.

La sentencia fue dictada el 10 de noviembre de 2026 por Irving Joan González Balleza, juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, con residencia en Matamoros. El fallo corresponde a la causa penal 4/2018 y sus acumuladas, que reúnen los hechos violentos registrados en Iguala durante aquella noche.

De acuerdo con la resolución, Abarca fue considerado inductor de los delitos, mientras que Felipe Flores fue señalado como autor mediato. Los policías municipales procesados fueron considerados autores indeterminados, debido a que no fue posible establecer cuál de ellos produjo directamente cada uno de los resultados de los ataques.

Dan a 60 años de prisión a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, por homicidios
La defensa de Abarca apeló la sentencia y sostiene que el exalcalde había entregado el mando policial al gobierno de Guerrero desde mayo de 2014 (Foto: Cuartoscuro/Archivo).

Las seis víctimas de homicidio reconocidas en el caso son Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo, David Josué García Evangelista, Víctor Manuel Lugo Ortiz y Blanca Montiel Sánchez. Además, el fallo estableció responsabilidades por tentativas de homicidio contra personas atacadas durante los hechos.

La defensa de Abarca ya presentó un recurso de apelación, por lo que la sentencia aún no es definitiva. En entrevista con Milenio, el abogado Alejandro Rojas sostuvo que el exalcalde había entregado desde mayo de 2014 el mando de la Policía Municipal al gobierno de Guerrero, mediante un acuerdo de Cabildo y un convenio de asunción de funciones, por lo que el Tribunal Colegiado de Apelación deberá determinar si confirma o revoca la condena.

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Así ocurrieron los ataques en Iguala

En la reconstrucción de los acontecimientos, el juez estableció que alrededor de las 21:30 horas del 26 de septiembre de 2014, policías municipales interceptaron tres autobuses en los que viajaban estudiantes de Ayotzinapa, sobre la calle Juan N. Álvarez. Los agentes dispararon contra los vehículos y sus ocupantes, lo que provocó la muerte de tres personas y dejó a varios estudiantes lesionados.

Horas después, aproximadamente a las 23:20, policías municipales atacaron con armas de fuego un autobús en el que viajaban integrantes del equipo de futbol Los Avispones. La agresión ocurrió en el kilómetro 135+450 de la carretera federal 95 México-Acapulco, en el tramo Iguala-Mezcala, y alcanzó también a taxistas y un transportista.

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Protesta para exigir justicia por los ataques y hechos violentos ocurridos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 (Foto: Cuartoscuro/Archivo).

La resolución determinó que los policías municipales actuaron bajo las órdenes del entonces secretario de Seguridad Pública, quien a su vez fue inducido por el presidente municipal. A Abarca le atribuyó la responsabilidad como inductor y a Felipe Flores la de autor mediato, conforme al Código Penal de Guerrero vigente cuando ocurrieron los hechos.

Aunque el cálculo de las penas por los distintos homicidios y tentativas arrojó condenas acumuladas superiores a los 60 años, el juez aplicó el límite máximo de prisión establecido en el artículo 35 del Código Penal de Guerrero. Los 26 sentenciados recibieron esa pena y deberán reparar el daño a las víctimas; el monto se determinará durante la etapa de ejecución de sentencia.

Red Solidaria exige investigar la tortura de Julio César Mondragón

Por su parte, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, organización que acompaña a la familia de Julio César Mondragón Fontes, señaló que la sentencia establece responsabilidades por el homicidio del normalista, pero no incluye una condena por tortura. Por ello, exigió que las autoridades continúen las investigaciones sobre las lesiones que sufrió el estudiante.

Mondragón Fontes tenía 22 años y fue encontrado sin vida el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, con lesiones graves. Según la Red Solidaria, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó en julio de 2016 que fue torturado y asesinado, y documentó 64 fracturas en 40 huesos del cráneo, la cara, el tórax y la columna.

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La Red Solidaria Década Contra la Impunidad exigió investigar la tortura de Julio César Mondragón, no incluida en la sentencia por su homicidio (Foto: especial).

La Red Solidaria pidió a la Fiscalía General de la República investigar la tortura, considerar los dictámenes forenses existentes e identificar a quienes cometieron, ordenaron o permitieron la agresión. También reclamó que se determinen las responsabilidades penales correspondientes.

Entre sus exigencias está que la reparación del daño contemple la tortura y sea integral para la familia de Mondragón. La organización sostiene que el caso no puede considerarse esclarecido mientras no se investiguen esos hechos, un reclamo distinto de las condenas por homicidio y tentativa dictadas en esta causa penal.