Rejilla de drenaje dejó parapléjico a Zeus; Huixquilucan rechaza indemnizarlo

El 2 de septiembre de 2024, alrededor del mediodía, Zeus Uriel Castañeda Sandoval, de 22 años de edad, transitaba a bordo de su motocicleta por vialidades del municipio de Huixquilucan, Estado de México, en un día soleado y sin lluvia. En el trayecto, la rueda delantera del vehículo se incrustó en una rejilla de drenaje pluvial mal colocada, provocando la proyección inmediata del conductor.

El joven sufrió un traumatismo que degeneró en una lesión medular irreversible y la pérdida definitiva de la movilidad corporal de la cintura para abajo. A la larga, el diagnóstico ha impactado fuertemente en la reestructuración integral de su entorno personal, médico y familiar.

Durante dos años, él y su familia tuvieron que enfocar sus recursos en su rehabilitación, pero en septiembre de 2026 presentaron formalmente la reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado ante la Presidencia Municipal y el Sistema Aguas de Huixquilucan debido a que —desde el momento del incidente y hasta ahora—  la estructura metálica de la rejilla que provocó el percance se encuentra orientada en sentido horizontal respecto a la circulación vehicular, lo cual incumple la normatividad sobre infraestructura vial.

Sin embargo, el organismo desechó el recurso sin analizarlo a fondo, por lo que hoy alistan una impugnación ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

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Ahora, para responder a sus necesidades básicas de salud, Zeus Uriel requiere permanentemente de la aplicación de insumos quirúrgicos especializados, como sondas para la evacuación urinaria y pañales. Su rutina exige asistencia continua de terceros para actividades cotidianas que incluyen traslados a terapias físicas de rehabilitación, procesos de higiene personal, movilización nocturna e incluso la preparación de alimentos.

Su condición física también obligó a modificar la infraestructura de su domicilio para garantizar condiciones mínimas de accesibilidad, como una silla de ruedas ergonómica y dinámica, indispensable para mitigar el impacto articular en sus brazos. A eso se suman las limitaciones en la infraestructura pública y en recintos educativos.

Hoy, Zeus Uriel cursa la Licenciatura en Derecho en instalaciones universitarias que carecen de elevadores, lo que demanda el auxilio frecuente de personal de seguridad para su desplazamiento entre niveles, de acuerdo con el relato de su padre. Por las tardes, el joven se desempeña en un empleo formal con el objetivo de costear los gastos médicos fijos derivados de su discapacidad.

“En realidad les cambia mucho la vida, porque la posibilidad de empleo disminuye y los gastos de vida aumentan, entonces los pone en una condición realmente difícil. Hemos tenido que hacer algunos cambios desde la vivienda para que pueda ser accesible”, apunta Orión Castañeda, el papá del joven.

La reclamación por “responsabilidad patrimonial del Estado”

Tras un periodo de dos años dedicado a intervenciones quirúrgicas y rehabilitación médica, el 2 de septiembre de 2026 el joven promovió formalmente la reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado. El recurso se formuló mediante dos escritos iniciales presentados ante instancias municipales.

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El primero ante la Presidencia Municipal de Huixquilucan, encabezada por Romina Contreras Carrasco, bajo el acuse de la Oficina de Presidencia con folio 003085, y uno paralelo ante la Dirección General del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Huixquilucan —o Sistema Aguas de Huixquilucan—, recibido el 2 de septiembre de 2026.

La “responsabilidad patrimonial del Estado” responde a una figura jurídica mediante la cual el gobierno tiene la obligación legal de hacer frente y reparar los daños causados a las personas particulares por cualquier actividad administrativa irregular o falta cometida en sus funciones públicas. 

El abogado Gamaliel del Castillo, parte de la defensa del joven, explica que las autoridades están obligadas a salvaguardar la vida y la integridad física de los transeúntes y conductores que utilizan la infraestructura pública, lo que incluye el debido mantenimiento e instalación de la red de drenaje y alcantarillado a cargo del municipio y sus organismos descentralizados.

En tanto, el litigante Carlos Espinosa, quien también lo representa, precisa que la responsabilidad surge a partir de cualquier falta administrativa, como el incumplimiento de normas técnicas específicas —por ejemplo, Normas Oficiales Mexicanas— que regulan la correcta colocación de las rejillas metálicas para impedir que las llantas se incrusten en ellas.

La figura tiene como finalidad última obtener una indemnización económica que repare de manera integral los daños sufridos por la víctima —considerando los costos del daño físico y los gastos médicos—, siempre que se acredite el nexo causal entre la actuación u omisión estatal y la afectación generada.

En el caso de Zeus Uriel, la petición de indemnización se sustenta en un expediente de 76 páginas, acompañado de 17 anexos y dispositivos de almacenamiento digital, que incluyen peritajes técnicos en materia de tránsito, inspecciones fotográficas y la escritura pública que da fe del estado y orientación de la rejilla pluvial, documentos a los que Animal Político tuvo acceso.

Revictimización del Estado

El 9 de septiembre de 2026, siete días después de la recepción del escrito inicial, la Dirección General del Organismo Público Descentralizado Sistema Aguas de Huixquilucan emitió una resolución, notificada el 22 de septiembre, en la que resolvió desechar la reclamación al considerar una “notoria, manifiesta e indudable improcedencia”.

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La dependencia se justificó en la causal de exclusión de responsabilidad prevista en la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de México y Municipios, y atribuyó el siniestro vial de manera exclusiva a la “culpa o negligencia inexcusable de la víctima”.

Para ello, citó una hoja de referencia médica emitida por la Cruz Roja Mexicana el 2 de septiembre de 2024, así como un alta de hospitalización del 20 de octubre de ese año, con las que pretende argumentar la existencia de impericia y exceso de velocidad. Según la autoridad, la rejilla se encuentra fija, estructuralmente íntegra y “en correcto estado de conservación, sin fracturas, colapsos ni anomalías materiales”.

Además, concluyó que la estructura cumplía con su función de captación hidráulica, y descartó la presencia de un funcionamiento irregular del servicio público, por lo que ni siquiera ha considerado modificarla o repararla. Aunado a ello, desestimó el valor probatorio de la fe de hechos notarial por haberse realizado con posterioridad a la fecha del siniestro.

“Existe una figura que sí me gustaría enfatizar en este tipo de asuntos que se llama la revictimización a cargo del Estado. Tienes una víctima a la cual se le tiene que reparar el daño, ¿y qué es lo que hace la autoridad responsable? Negligentemente te dice que tú tuviste la culpa”, reclama el abogado Espinosa.

Un diseño de “juez y parte”

La figura jurídica de la Responsabilidad Patrimonial del Estado se encuentra consagrada en el artículo 130 de la Constitución, así como en la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de México y Municipios y su respectivo Reglamento. 

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Ese marco legal establece la obligación directa de los entes públicos de reparar los daños causados en los bienes o derechos de los particulares, cuando estos deriven de una “actividad administrativa irregular”. Esto consiste en toda actuación u omisión estatal que incumpla con los estándares legales o las normas técnicas aplicables a la prestación de los servicios públicos y al mantenimiento de los bienes de dominio público, incluyendo la red de alcantarillado e infraestructura vial. 

En el caso específico de las rejillas de drenaje, existen normas técnicas orientadas a regular su correcta colocación e instalación con el propósito de prevenir que los neumáticos de vehículos ligeros, bicicletas o motocicletas se incrusten entre las hendiduras.

“La autoridad debe hacer frente a todo lo que se denomina actividad administrativa irregular, es decir, derivado de sus acciones como gobierno. En este caso deben salvaguardar la vida de los transeúntes, de quienes utilizan las vías en general por la parte del municipio y por la parte del desagüe”, destaca Del Castillo.

Aunque la ley prevé el derecho a la indemnización, el trámite contempla que la primera instancia sea sustanciada y resuelta por la misma autoridad a la que se le atribuye el daño. Esa dualidad procesal —donde el ente público actúa como juez y parte— deriva en resoluciones que desechan de plano los reclamos sin abrir etapas probatorias ni desahogar audiencias de conciliación o valoración pericial imparcial, como en este caso.

A pesar de que la reclamación formal hizo del conocimiento de las autoridades la mala disposición de la rejilla pluvial en la vialidad, la infraestructura no ha sido sujeta a modificaciones físicas ni a trabajos de reorientación técnica. Esta omisión mantiene las condiciones estructurales que originaron el accidente de Zeus Uriel. 

 

“Creo que todos los problemas se resuelven con un poco de empatía, y con que cada una de las partes asuma su responsabilidad. La primera es que acepten que está mal y que lo corrijan. Porque lo que se me hace sumamente grave, lejos de lo que le pasó a mi hijo, es que todos los días existe alguien exponencialmente propenso a que le pase lo mismo”, señala su papá.

Tras agotarse la instancia administrativa ante el Organismo Público Descentralizado Sistema Aguas de Huixquilucan, con la emisión del acuerdo OPD-DG-RPAI-001/2026 que desestima la reclamación, y a la espera de la resolución formal por parte del Ayuntamiento de Huixquilucan, la defensa de la víctima alista una impugnación por la vía judicial. 

Esta consiste en un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, donde puede demandarse la nulidad del desechamiento y solicitarse el reconocimiento del derecho a la reparación integral del daño, que contemple los gastos por daños físicos, gastos médicos futuros, adecuaciones de vida y lucro cesante.