Exfiscal Guillermo Zuany dice al NYT que Maru Campos sí sabía de la presencia de la CIA en Chihuahua

Guillermo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas y excomandante de policía de Chihuahua, aseguró que la gobernadora Maru Campos sí tenía conocimiento de la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en operativos contra el narcotráfico en la entidad, pese a que la mandataria ha sostenido que desconocía que hubiera actividades de agentes estadounidenses.

La afirmación fue hecha por Zuany en mensajes de texto enviados a The New York Times, de acuerdo con una investigación titulada “El hombre que ayudó a la CIA a operar en secreto en México”, firmada por Steve Fisher y Jack Nicas y publicada este martes.

El reportaje, basado en documentos no divulgados y entrevistas con funcionarios mexicanos y estadounidenses, revela que Zuany facilitó durante más de seis meses la colaboración de agentes de la CIA con policías estatales de Chihuahua, incluidos entrenamientos y operaciones contra grupos criminales, sin autorización del gobierno federal.

Al ser cuestionado sobre el presunto involucramiento de la gobernadora, el exfuncionario aseguró que Maru Campos sí estaba enterada de la presencia de los agentes estadounidenses, en contraste con la versión que la mandataria ha sostenido desde que se conoció el accidente en el que murieron dos integrantes de la CIA y dos funcionarios mexicanos, en abril pasado.

En los mensajes enviados al diario, Zuany defendió su actuación y escribió: “Como siempre, me he desempeñado de forma ética y profesional”. También cuestionó las fuentes consultadas por los periodistas y sugirió que el reportaje estaba recogiendo “la versión de gente herida y con mala intención”. Después de esos mensajes, declinó hacer más comentarios, detalla el medio.

Campos rechazó los señalamientos del exfuncionario y sostuvo que debería presentarse ante las autoridades para declarar lo que sabe. “Si tiene algo que decir, que se presente a declararlo”, respondió en un comunicado citado por el periódico estadounidense.

La CIA utilizó a Zuany como enlace con policías estatales

De acuerdo con la investigación de The New York Times, la CIA encontró en Zuany un intermediario para ampliar sus actividades en México, pese a las restricciones del gobierno federal a la participación operativa de fuerzas de seguridad estadounidenses en territorio nacional.

Zuany ofrecía acceso directo a unidades de la policía estatal y la posibilidad de incorporar agentes estadounidenses a operaciones contra organizaciones criminales. Además, enfrentaba una situación que, según funcionarios mexicanos y estadounidenses citados por el diario, lo hacía particularmente dispuesto a colaborar: meses antes, el gobierno de Estados Unidos le había revocado la visa por sus presuntos vínculos con los mismos grupos criminales que la CIA buscaba combatir.

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La existencia de esos señalamientos estaba documentada en una carta que funcionarios mexicanos enviaron al FBI y que fue revisada por el periódico. Pese a las advertencias sobre su historial, alrededor de 2025 la CIA comenzó a trabajar con Zuany, según personas familiarizadas con las conversaciones.

El diario señala que la agencia lo utilizó como contacto de confianza en el terreno, aunque no le pagaba por esa colaboración. A cambio de facilitar las actividades de los estadounidenses, al exfuncionario le fue restituida su visa.

La colaboración habría comenzado durante el otoño de 2025, cuando Zuany presentó a un agente de la CIA ante integrantes de la policía estatal de Chihuahua. Según cuatro funcionarios mexicanos citados por el diario, les explicó que el estadounidense participaría “en la construcción de una nueva unidad de fuerzas especiales”.

Durante los meses siguientes, el agente observó los ejercicios tácticos de los policías, revisó su equipo y participó en entrenamientos. Posteriormente, él y otros integrantes de la CIA comenzaron a acompañar a los agentes estatales en operaciones contra grupos criminales, generalmente junto con Zuany.

Según los testimonios y documentos citados por el periódico, los agentes proporcionaban información de inteligencia y orientación a los policías mexicanos, aunque no participaban directamente en enfrentamientos armados.

En una de las operaciones, Zuany y varios agentes estadounidenses participaron en la planeación de un despliegue para detener a un presunto jefe de un cártel en un bar; sin embargo, cuando llegaron las fuerzas mexicanas, el objetivo y sus acompañantes ya habían abandonado el lugar.

En otro operativo, realizado en una casa de seguridad de un grupo criminal, un agente estadounidense utilizó su rifle para proporcionar cobertura desde el exterior mientras los policías mexicanos ingresaban al inmueble. Posteriormente, otro integrante de la CIA revisó dispositivos digitales asegurados y estuvo presente durante el interrogatorio de un detenido, citó el NYT según documentos y testimonios..

El accidente que reveló las operaciones de la CIA

La colaboración salió a la luz después del accidente ocurrido durante la madrugada del 19 de abril de 2026, cuando una camioneta oficial de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) cayó a un barranco en un camino cercano a la comunidad de Polanco, en el municipio de Batopilas, Chihuahua.

En el vehículo viajaban el director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes; su escolta, Manuel Méndez Montes, y dos ciudadanos estadounidenses identificados como Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black. Los cuatro murieron en el percance.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por The New York Times, los agentes estadounidenses participaban en una operación para localizar un laboratorio de metanfetamina en una zona montañosa de Chihuahua. Cuatro integrantes de la CIA se incorporaron a un convoy de más de 60 elementos de seguridad mexicanos y utilizaron pasamontañas para ocultar sus identidades.

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Los agentes ayudaron a localizar el laboratorio clandestino, donde encontraron recipientes de gas y tinas con productos químicos, aunque no había personas en el lugar.

Al concluir el operativo, los participantes emprendieron el regreso nocturno hacia la capital del estado en un convoy de nueve vehículos. Según los documentos de la investigación mexicana citados por el diario, la camioneta que transportaba a los dos agentes estadounidenses y a los dos funcionarios mexicanos cayó por un acantilado de aproximadamente 90 metros y explotó.

La investigación del periódico también señala que Zuany no formaba parte de esa operación, pero recibió llamadas de los policías que se encontraban en el lugar del accidente. Según dos personas presentes, el exfuncionario les instruyó retirar los cuerpos de los agentes de la CIA y asegurarse de que no llevaran insignias del gobierno mexicano. También presionó a los policías para que ocultaran la participación de la agencia cuando fueran interrogados por las autoridades.

Estos señalamientos coinciden con evidencias que la Fiscalía General de la República (FGR) integró en la investigación y que Animal Político documentó el 22 de octubre.

Entre ellas se encuentra una bitácora del Complejo Estatal de Seguridad Pública (C4) de Chihuahua, correspondiente al 14 de abril de 2026, en la que quedó registrado el ingreso de un vehículo con matrícula EKN199B, propiedad de Richard Leiter Johnston III.

En el apartado de asunto del registro se anotó la frase “Cita Zuani”, en referencia a Guillermo Arturo Zuany Portillo, entonces fiscal de Operaciones Estratégicas, mientras que en el área correspondiente se asentaron las siglas de la Agencia Estatal de Investigación.

El expediente también contiene testimonios de policías estatales que participaron en el convoy y relataron las circunstancias del accidente, las labores de auxilio y la presencia de otros ciudadanos estadounidenses. Uno de ellos declaró que, después del percance, una persona encapuchada pidió conexión satelital mediante Starlink y explicó que necesitaban comunicarse porque eran personal de la embajada estadounidense.

A su vez, dependencias federales, incluida la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informaron a la FGR que no habían expedido autorizaciones para que los ciudadanos estadounidenses identificados realizaran actividades operativas en territorio nacional.

Zuany y Jáuregui enfrentan acusaciones de traición a la patria

Las evidencias recabadas por la FGR derivaron en órdenes de aprehensión contra Zuany y el exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, emitidas por una jueza de control el 17 de octubre de 2026.

Ambos son investigados por su probable participación en el delito de traición a la patria, previsto en el artículo 123, fracción I, del Código Penal Federal. La investigación federal sostiene que permitieron y coordinaron actividades operativas de agentes de la CIA en Chihuahua sin autorización del gobierno mexicano.

Jáuregui renunció a la Fiscalía General del Estado el 27 de abril, después de reconocer inconsistencias en la información inicial proporcionada sobre el accidente y la presencia de ciudadanos estadounidenses. Zuany presentó su renuncia a la Fiscalía de Operaciones Estratégicas el 12 de mayo.

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El exfiscal general fue detenido el 17 de octubre y enfrenta procesos penales en los ámbitos estatal y federal. Zuany permanece prófugo.

La investigación de The New York Times también documenta los señalamientos que existían contra el exfiscal de Operaciones Estratégicas antes de que comenzara su colaboración con la CIA. Cuatro testigos presentaron denuncias penales en su contra por su presunta participación en el asesinato de dos policías en 2022 y por supuestamente obstaculizar las investigaciones de esos crímenes.

Uno de los testigos solicitó protección después de afirmar que había recibido información de que Zuany ordenó su ejecución. Posteriormente, esa persona fue incorporada al programa de protección de testigos de Estados Unidos, según personas familiarizadas con el acuerdo.

El diario también refiere testimonios de funcionarios policiales de Chihuahua que describieron la influencia que Zuany ejercía dentro de la corporación y sus presuntos vínculos con personas relacionadas con el crimen organizado.

Campos ha negado conocer la presencia de agentes estadounidenses

Desde que se conoció el accidente, Maru Campos ha sostenido que desconocía la presencia de los agentes de la CIA en las operaciones de seguridad de Chihuahua y ha atribuido la responsabilidad a los funcionarios que participaron en su incorporación.

El 23 de octubre, en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, la gobernadora rechazó la versión de la presidenta Claudia Sheinbaum de que ella había señalado a Jáuregui durante una reunión entre ambas.

Campos aseguró que el gobierno federal ya sabía que desconocía la presencia de los agentes estadounidenses y que también tenía información sobre presuntas irregularidades del exfiscal.

“Ellos sabían que yo no estaba enterada de los agentes norteamericanos, no voy a decir quién, pero ellos mismos me lo dijeron al día siguiente del narcolaboratorio”, afirmó.

“Entonces no me pueden decir que yo lo acusé”, agregó.

La gobernadora también reconoció que habían llegado a su conocimiento señalamientos sobre presuntos delitos federales y posibles irregularidades del exfiscal, aunque pidió respetar la presunción de inocencia y dejar las investigaciones en manos de las fiscalías correspondientes.

En su investigación de este martes, The New York Times incorpora ahora la versión de Zuany, quien contradice directamente a la gobernadora y asegura que sí conocía la presencia de la CIA en las operaciones estatales.

Tras el accidente, Sheinbaum manifestó su inconformidad porque su gabinete de seguridad no había sido informado sobre las actividades de la agencia en Chihuahua y exigió explicaciones al gobierno de Donald Trump y a las autoridades estatales.

El caso también provocó un enfrentamiento público entre la presidenta y la gobernadora, quienes sostuvieron una reunión en Chihuahua este mes y reconocieron que durante el encuentro elevaron la voz.

Poco después, el gobierno estatal emitió las órdenes de aprehensión contra Zuany y Jáuregui. En un comunicado, la administración de Campos calificó las irregularidades como un “fallo grave” y aseguró que había asumido la responsabilidad de corregir los controles que permitieron que ocurrieran.