Con tres iniciativas legislativas y un respaldo social del 86% impulsan la eutanasia en la CDMX

La Ciudad de México busca colocarse de nuevo a la vanguardia en el reconocimiento de derechos: en abril de 2007 fue pionera a nivel nacional con la aprobación de  la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas; ahora, casi dos décadas después, el Congreso local tiene sobre la mesa tres propuestas para legalizar la eutanasia.

Dos de las iniciativas ya están listas para ser discutidas y analizadas. La primera es impulsada por la activista Samara Martínez, paciente con una enfermedad terminal que se ha convertido en el rostro y la voz de la Ley Trasciende a nivel nacional y local. 

La segunda fue presentada al arranque del periodo ordinario de sesiones por la diputada local Jannete Guerrero Maya, del Partido del Trabajo (PT). La intención es que ambas propuestas puedan ser discutidas yen su caso, aprobadas antes de que termine el año.

Mientras eso sucede, la Asociación Civil Libertad para Morir avanza por su propio camino: recolectar firmas a fin de que la iniciativa en la que trabajaron durante tres años se discuta de manera preferente en el Congreso, al tratarse de una iniciativa ciudadana..

Aunque las vías son distintas, las tres propuestas tienen el mismo objetivo: la legalización de la eutanasia en la Ciudad de México, un planteamiento que, además, cuenta con apoyo de casi 9 de cada 10 capitalinos, de acuerdo con la jefa de gobierno, Clara Brugada.

“Mandamos a hacer una encuesta para saber qué opinaba la gente sobre legalizar la eutanasia. El 86 % de la población dice que está de acuerdo. Es un indicador muy importante de un derecho que se debe convertir para esta ciudad”, dijo el pasado 31 de agosto.

“Pronto estaremos hablando de rutas. Es bueno escuchar a los familiares de las personas. Tiene que ver con el sistema de cuidados. Hay que escuchar a especialistas en bioética, en salud y a todos los sectores que tienen algo que decir al respecto”, agregó la mandataria.

El respaldo a la despenalización de la asistencia para morir alcanza también a profesionales de la salud. José Noé Rizo Amézquita, especialista en salud pública y secretario general de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, asegura que estudios de percepción arrojan que más de 2 mil 500 profesionales de la salud en México se han pronunciado a favor de despenalizar la asistencia médica para morir.

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Se trata de un dato relevante porque una eventual regulación los involucraría directamente.

Actualmente la eutanasia está regulada en los Países Bajos, España, Bélgica y Austria, así como en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Mientras que en América Latina es permitida en Colombia —país pionero en esta zona—, Ecuador y Uruguay, recientemente.

“Los tiempos de la enfermedad no son los tiempos legislativos”

La Ley Trasciende, impulsada por Samara Martínez, está dirigida a aquellas personas que padezcan una enfermedad en etapa terminal o una enfermedad crónica, degenerativa y discapacitante.

Lo que busca esta iniciativa de ley es reconocer el derecho de una persona a decidir sobre el final de su vida. Es decir, garantizar una muerte digna, sin sufrimiento innecesario, dar acompañamiento médico, ético y humano a pacientes y familias, y dejar de criminalizar la compasión. Que la muerte digna sea un derecho.

Quienes busquen acceder a ella, se lee en la propuesta, deben ser personas mayores de edad y contar con dos dictámenes médicos en los que se asiente que, en pleno uso de sus facultades mentales, han decidido libremente su voluntad de acceder a la eutanasia.

Durante la última década, Samara Martínez ha afrontado trasplantes y hospitalizaciones constantes. Además, cada día debe someterse 10 horas a una diálisis peritoneal para continuar con vida. La joven de 31 años padece insuficiencia renal y lupus.

“Los tiempos de la enfermedad no son los tiempos legislativos”, afirma siempre que busca aliados en el Poder Legislativo para que acompañen la iniciativa en la que trabajó de la mano de la colectiva ¡Muerte Digna Ya! conformada por pacientes con enfermedades terminales, familiares y cuidadores, así como expertos y autoridades.

“Si no avanza a más tardar en marzo, este tema se va a ir después, incluso, cuando haya un nuevo Congreso”, ha advertido la joven.

Y es que en junio de 2027 habrá elecciones intermedias en el país, lo que implica la renovación del Congreso y con ello habría que empezar, de nuevo, el trabajo avanzado.

En abril pasado la propuesta de la Ley Trasciende llegó al Senado de la República, sin embargo, no ha habido avance en su discusión. El 7 de septiembre en San Lázaro se llevó a cabo el primer “Foro Ley Trasciende, rumbo al derecho a la muerte digna en México”, en donde se presentó la iniciativa, aunque tampoco hubo una comunicación oficial sobre su futuro.

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Por ello, y buscando un mayor eco, la iniciativa se adecuó a la normativa local y se llevó al Congreso de la Ciudad de México en donde, para sorpresa de Samara y de quienes han acompañado a la Ley Trasciende, la diputada Jannete Guerrero Maya del PT, presentó su propia iniciativa que fue turnada para su análisis a las comisiones de salud y derechos humanos del legislativo local.

En entrevista con Animal Político, la legisladora reconoció que en su propuesta no sumó el trabajo hecho por Martínez o los colectivos que empujan la muerte digna en el país y en la Ciudad de México, pero adelantó que convocará a un parlamento abierto para escuchar a todos quienes deseen opinar y robustecerla.

“Esta iniciativa no es contra la vida, es una iniciativa a favor de la dignidad”, subrayó la diputada.

“La vamos a conjuntar con las iniciativas ya presentadas por parte de la sociedad civil, las vamos a analizar de manera conjunta (…) todo aquel que esté interesado en abordar el tema tendrá voz para construir un dictamen en consenso”, agregó.

Por separado, Samara Martínez celebró que los legisladores presenten sus propias propuestas, pero lamentó que no se busque a los involucrados directamente a fin de contar con iniciativas completamente estudiadas y acompañadas por expertos e instituciones.

“(Los diputados) tienen la facultad de presentar las iniciativas que quieran, al final de cuentas es su trabajo, pero es más por una cuestión de quererse colgar una medalla (porque el tema) se ha manejado desde la sociedad civil y desde los ciudadanos pacientes y pues sí se nos debería de respetar esa parte (…) es canibalismo político”, opinó Samara Martínez.

“Invitaría a todas las personas legisladoras a que, en vez de hacer trabajos en lo individual, sin tomar en cuenta a lo central que deberían de ser los pacientes, pues que se sumen a lo que venimos trabajando desde hace más de un año”, agregó.

Otra vía: la iniciativa ciudadana

Paralelamente y como otra vía para lograr la aprobación de la muerte digna en la Ciudad de México, la Asociación Civil Libertad para Morir —constituida mayoritariamente por integrantes del Colegio de Bioética— continúa con el proceso para juntar 20 mil firmas de apoyo a fin de que la iniciativa en la que trabajaron llegue al Congreso CDMX como una propuesta ciudadana.

“Hemos tenido conversaciones (con algunos diputados), pero la verdad es que eso no es a lo que ahorita queremos ponerle más atención, solo tantear cómo iría el apoyo (…) lo que sí sabemos es que están pasando cosas muy positivas, como el hecho de que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha dicho públicamente que le interesa apoyar el tema”, compartió Asunción Álvarez, presidenta de Libertad para Morir AC.

Para que sea considerada una propuesta ciudadana, la iniciativa debe ir acompañada por el respaldo de alrededor de 20 mil personas (el 0.25 % del padrón electoral). Y aunque la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México contempla que sea el 0.13 % del padrón electoral, los promoventes apuestan a obtener el doble de lo requerido para garantizar que la propuesta avance.

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A la fecha, informó Álvarez, ya han recabado cerca de 11 mil apoyos.

En entrevista, explicó que ella y los integrantes de la asociación que representa han seguido de cerca el trabajo de Samara Martínez y la colectiva ¡Muerte Digna Ya!, por lo que si su propuesta y la de la diputada Jannete Guerrero Maya  avanzan en el Congreso local —tentativamente en este periodo ordinario de sesiones— la asociación la acompañará.

En caso de que la discusión llegara al Pleno y la propuesta no se aprobara, tendrían la oportunidad de presentar su iniciativa arropada en la Ley de Participación Ciudadana, lo que daría otra oportunidad a garantizar este derecho en la Ciudad de México. “Nosotros queremos convertir esta iniciativa ciudadana en una iniciativa preferente que el Gobierno de la Ciudad de México esté obligado a revisar”, sostuvo.

“Lo que tiene que haber es la mejor iniciativa para la Ciudad de México. Entonces, cada uno aportará lo que tiene de positivo y bueno, será un trabajo con legisladores”, añadió.

De acuerdo con los plazos, la Asociación se ha puesto diciembre como límite para juntar las 20 mil firmas necesarias, llevarlas al INE para que las verifiquen y así poder continuar el camino de presentar la iniciativa en la que trabajaron durante tres años.