Desafueran a los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Bravo, Veracruz

El Congreso de Veracruz aprobó por mayoría calificada el desafuero de los alcaldes de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, y de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, ambos de Movimiento Ciudadano, para que enfrenten sin fuero los procedimientos legales iniciados en su contra.

Durante una sesión privada, el Pleno se constituyó como Jurado de Procedencia, conforme a la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado. Antes de la votación se leyeron los dictámenes y se permitió a cada alcalde ejercer su derecho de audiencia para presentar argumentos en su defensa.

El Congreso recordó que la Constitución de Veracruz faculta al Poder Legislativo para resolver sobre el desafuero de servidores públicos cuando enfrentan acusaciones por la presunta comisión de delitos. Precisó que esta decisión no determina responsabilidad penal, sino únicamente si procede retirar la inmunidad procesal.

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El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Esteban Bautista Hernández, señaló que, tras el desafuero, corresponde a la Fiscalía General del Estado continuar con las investigaciones: “El Congreso no juzga. Ellos están en todo su derecho de defenderse, de llevar los testigos y todos los elementos. Está en la cancha de la Fiscalía”.

Investigaciones que originaron el desafuero

La solicitud de desafuero contra Raúl González Martínez está relacionada con una investigación por su presunta participación en la privación de la libertad y el homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez. En esa carpeta permanecen vinculadas a proceso ocho personas, entre ellas cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, incluido el director de la corporación.

En el caso de Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, la Fiscalía General del Estado mantiene una investigación por su presunta relación con la desaparición de un empresario y su escolta. La indagatoria integra registros de llamadas telefónicas y testimonios recabados durante las investigaciones.

Por su parte, Raúl González Martínez recordó que desde el 3 de agosto solicitó licencia temporal al cargo por un periodo de 62 días para atender su defensa jurídica e, incluso, entregó pruebas para evitar que el proceso de desafuero avanzara. En un mensaje público sostuvo: “Sostengo con absoluta claridad mi inocencia. Confío en que las autoridades actuarán conforme a derecho”, y aseguró que enfrentará el proceso “con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia”.

Asimismo aseguró que el proceso legal no detendrá el proyecto de gobierno que impulsa en el municipio y llamó a sus simpatizantes a mantener la unidad. “Este proyecto sigue adelante. Ixhuatlán sigue adelante”, afirmó, al reiterar su confianza en que las autoridades esclarecerán los hechos conforme al debido proceso.

En este contexto, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para solicitar medidas de protección para los gobiernos municipales del partido en Veracruz. “No vamos a aceptar intromisiones arbitrarias y judicialización selectiva contra los gobiernos de Movimiento Ciudadano en Veracruz”, declaró.

Suplentes asumirán las alcaldías

Luego de aprobarse el desafuero de ambos ediles, el Congreso iniciará el procedimiento para llamar a sus suplentes, con el objetivo de garantizar la continuidad de las administraciones municipales.

“Se van a llamar los suplentes para que asuman, en lo que los implicados tienen, a partir de ahora, la libertad de defenderse”, declaró Esteban Bautista Hernández al término de la sesión.

En el caso de Ixhuatlán del Sureste, el gobierno municipal informó que será llamada la suplente Juliana Ruiz Martínez para asumir la Presidencia Municipal, conforme a la ley, y aseguró que las actividades, programas, servicios y la atención a la ciudadanía continuarán desarrollándose con normalidad.

Las autoridades legislativas reiteraron que el desafuero únicamente retira la inmunidad procesal de los alcaldes para permitir que continúen las investigaciones. La determinación sobre los procesos corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales, mientras ambos funcionarios conservan su derecho de defensa y la presunción de inocencia.