Desafuero contra alcaldes de MC avanza en Congreso de Veracruz

El Congreso de Veracruz inició el procedimiento de declaración de procedencia contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos de Movimiento Ciudadano, tras recibir las solicitudes de desafuero promovidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) dentro de investigaciones penales en su contra.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Naomi Edith Gómez Santos, informó que ambos ediles ya fueron notificados y cuentan con siete días para presentar por escrito su defensa o solicitar comparecer ante la Comisión Instructora. “Ya se notificó a estos dos funcionarios y continúa el procedimiento”, señaló a medios de comunicación.

La legisladora explicó que las solicitudes fueron revisadas previamente por las comisiones correspondientes, las cuales determinaron que cumplían con los requisitos legales para continuar el proceso, y agregó que, una vez vencido el plazo de defensa, se fijará la audiencia para el desahogo de pruebas y alegatos y posteriormente se elaborará el dictamen.

El secretario de la Comisión Instructora, Ramón Díaz Ávila, aclaró que los diputados aún no conocen el contenido de los expedientes, por lo que no pueden pronunciarse sobre las acusaciones. 

“No somos Fiscalía para decir si tienen culpa o no. Nuestra responsabilidad es revisar lo que ellos declaren”, señaló en entrevista con Quadratín, y estimó que, si se cumplen los plazos legales, el desafuero podría votarse a mediados de agosto.

¿Por qué investigan a los alcaldes de Veracruz?

La solicitud contra Raúl González Martínez está relacionada con una investigación por su presunta participación en la privación de la libertad y el homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez. En esa carpeta permanecen vinculadas a proceso ocho personas, entre ellas cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, incluido el director de la corporación.

En el caso de Bertín Bravo Montero, la Fiscalía lo investiga por su presunta relación con la desaparición de un empresario y su escolta en Úrsulo Galván. La indagatoria integra registros de llamadas telefónicas y testimonios recabados durante la investigación.

Cuestionada sobre el tema, la gobernadora Rocío Nahle rechazó que las solicitudes de desafuero respondan a intereses políticos. “No voy a opinar hasta que lo diga la fiscalía”, declaró a medios de comunicación.

En ese contexto, Movimiento Ciudadano emitió un comunicado en el que, sin mencionar casos en particular, acusó un presunto uso político de las instituciones de procuración de justicia y exigió a la Fiscalía actuar “con estricto apego a la ley, con autonomía y neutralidad”. 

No obstante, el partido sostuvo que cualquier conducta delictiva debe investigarse y sancionarse conforme a derecho, al tiempo que pidió que el proceso se desarrolle sin persecución política.