Derechos Humanos CDMX: decisión de ONU es oportunidad para fortalecer política contra desapariciones
Redacción Animal Político · 4 de abril de 2026
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) aseguró que la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de remitir dicha situación a la Asamblea General es porque reconoce la gravedad de dicha situación.
En ese sentido, señaló que el país requiere mantener una disposición abierta a la cooperación técnica, en instancias nacionales e internacionales.
“El llamado del CED abre una coyuntura para establecer un diálogo constructivo y participativo, orientado a generar nuevas alternativas, rutas y posibilidades de colaboración frente a los retos que persisten para romper los círculos de colusión, impunidad y desprotección”, indicó.
En un comunicado, el organismo local dijo que valora que este proceso plantee condiciones para fortalecer el diálogo y la cooperación a fin de consolidar una política integral de Estado, con participación de las familias, articulación entre lo local y nacional, y así dar resultados efectivos en la atención a víctimas, la búsqueda y la investigación y el combate a la impunidad.
“La CDHCM reconoce la gravedad de las desapariciones forzadas como violaciones a derechos humanos y la necesidad de reforzar las acciones del Estado mexicano para garantizar verdad, justicia y medidas de no repetición”, destacó.
México rechaza decisión del CED de la ONU
La Comisión local recordó que el Estado mexicano, rechazó la decisión del Comité, argumentando su desacuerdo con las perspectivas y conclusiones adoptadas, y señalando que no tomó en cuenta las acciones normativas, políticas, presupuestales y operativas implementadas en años recientes para enfrentar más integralmente esta situación.
“Esta decisión se da en el marco de una crisis que representa un desafío urgente para el Estado y una exigencia permanente de las familias, protagonistas fundamentales de este proceso, quienes mantienen la demanda de condiciones efectivas para la búsqueda y el acceso a la verdad, la justicia y la reparación”.
Prosiguió: “Su voz, su experiencia y su persistencia han sido decisivas para visibilizar la magnitud de esta crisis y para exigir que la respuesta institucional esté a la altura de su dimensión y profundidad”.
Recalcó que el organismo internacional en su resolución señala que, si bien no encontró evidencia de una política federal para cometer desapariciones, ya sea por acción deliberada u omisión, sí identificó indicios fundados de que éstas se han perpetrado y continúan en diferentes lugares y momentos del país, en algunos casos con participación directa de servidores públicos y, en otros, con la autorización, apoyo o aquiescencia de éstos.
“El Comité reconoce los esfuerzos del Estado mexicano, pero concluye que han sido insuficientes. Por ello, somete a consideración de la Asamblea General la necesidad de brindar cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para la búsqueda, identificación e investigación, así como un mecanismo para esclarecer la verdad y proteger a las familias y organizaciones acompañantes”, reiteró la CDHCM.
Dicha Comisión indicó que la desaparición de personas es una de sus agendas centrales.
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Se reconoce su gravedad, como violación a los derechos humanos que genera profundas afectaciones individuales, familiares y sociales que ocasiona, así como la necesidad de que el Estado garantice los derechos de las víctimas.
Añadió que se han emitido recomendaciones en materia de búsqueda de personas y acceso a la justicia por lo que mantiene expedientes de queja activos centrados en la búsqueda inmediata, la debida diligencia en la investigación, las condiciones y capacidades forenses y la atención a víctimas.
“En ese marco, reconoce que en la Ciudad de México, si bien la Comisión de Búsqueda de Personas y la Fiscalía General de Justicia, a través del Gabinete de Búsqueda de la Ciudad de México, han anunciado esfuerzos relevantes de coordinación para mejorar los procesos de búsqueda, investigación e identificación y la atención a las familias, estos deben seguir fortaleciéndose e implementándose adecuadamente para traducirse en resultados concretos”, agregó la Comisión.
Aclaró que el panorama actual plantea la necesidad de fortalecer una respuesta pública integral, articulada y sostenida, que convoque todas las capacidades y recursos disponibles.
“Con participación sustantiva y protección de las familias, fortalecimiento de la prevención, investigaciones diligentes, búsqueda inmediata y atención adecuada a la crisis forense. Esta respuesta exige una visión sistémica y la articulación efectiva entre los ámbitos local y nacional, desde el reconocimiento de la complejidad de los actores, contextos y dinámicas que intervienen”, mencionó.