Denuncian a Rubén Rocha y otros 55 políticos por presunta "narcoelección" en Sinaloa
Redacción Animal Político · 7 de mayo de 2026
La organización Defensorxs presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra 55 políticos de Morena y otros partidos, a quienes señalan de presuntos vínculos con el crimen organizado y de haberse beneficiado de la llamada “narcoelección” en Sinaloa durante el proceso electoral de 2021.
Entre los señalados se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, a quien acusaron de mantener presuntos nexos con grupos criminales que operan en la entidad.
Durante un pronunciamiento público, Miguel Meza, director de Defensorxs, aseguró que desde hace años han documentado presuntas relaciones entre integrantes de distintos partidos políticos y organizaciones delictivas, sin que —afirman— las autoridades mexicanas hayan actuado en consecuencia.
También acusaron al gobierno federal y a la Fiscalía General de la República de presuntamente encubrir a funcionarios ligados al crimen organizado y criticaron que haya sido necesaria la presión de Estados Unidos para que algunos casos comiencen a ser investigados.
“No es posible que dependamos de la presión de otro país para que estos narcopolíticos se enfrenten a la justicia. Y porque creemos que nuestro país debe enjuiciar a todos los narcopolíticos, no sólo a los que ahora tienen en el banquillo en Estados Unidos, es que venimos a denunciar a 55 narcopolíticos de Morena y de otros partidos que están relacionados con la narcoelección que se llevó a cabo en Sinaloa”.
Los denunciantes sostuvieron que la presunta operación del crimen organizado en Sinaloa no sólo habría favorecido la elección a la gubernatura, sino también candidaturas municipales y diputaciones locales por lo que consideraron que Morena es un narcopartido en la entidad.
Además de los 10 funcionarios acusados por EU, Defensorxs también denunció al exsecretario de Economía de Sinaloa, Ricardo “Pity” Velarde, “en cuyos negocios venden drogas, almacenan armas y desaparecen a jóvenes, como Carlos Emilio”.
También al exgobernador priista y actual cónsul de México en España, Quirino Ordaz, por su posible participación en la narcoelección de 2021 en Sinaloa, “ya que sus policías también secuestraron a operadores electorales en la elección”.
En la denuncia también fueron incluídos los 17 alcaldedes morenistas, 23 diputados locales y 5 federales de Morena “que se beneficieron de la operación electoral de Los Chapitos en esa elección”.
Hoy denunciamos a Rubén Rocha Moya y otros 55 @narcopoliticos_.
Todos formaron parte o se beneficiaron de la narcoelección de Morena en Sinaloa en 2021.
Después, le entregaron el estado a Los Chapitos, con consecuencias terribles para los sinaloenses.
Además de que denunciamos… pic.twitter.com/qtsYildAUd
— Miguel Meza (@MiguelMezaC) May 7, 2026
En el mismo posicionamiento, Miguel Meza criticó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, al afirmar que aunque ha solicitado investigaciones contra políticos de Morena, dentro de su partido también existirían perfiles señalados por presuntos nexos con el crimen organizado.
Y mencionó que con la denuncia buscan que se reconozca a la organización Defensorxs como víctima del narcoestado en Sinaloa.
“Con el reconocimiento de víctimas, buscamos participar activamente en la carpeta de investigación para evitar que las autoridades actúen en la oscuridad y protejan a los funcionarios señalados”.
Finalmente, adelantaron que esta será la primera de varias denuncias que buscarán presentar en contra de actores políticos.
Las acusaciones de EU contra políticos mexicanos
El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra once funcionarios —actuales y anteriores— de Sinaloa, entre quienes se encuentra el gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, y mandos de corporaciones policiales estatales y municipales.
De acuerdo con la fiscalía estadounidense, los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de drogas a Estados Unidos a cambio de protección política, apoyo institucional y sobornos millonarios.
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El anuncio fue realizado por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y por el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole. El caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
En la acusación se señala al gobernador, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas; el vicefiscal de Sinaloa, Damaso Castro Zaavedra; Marco Antonio Almanza Avilés; Alberto Jorge Contreras Núnez, identificado como “Cholo”; el exfiscal Gerardo Mérida Sánchez; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, por delitos de tráfico de drogas y conductas relacionadas con armas de fuego.
A Rocha Moya se le acusa de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. De ser declarado culpable, enfrenta una condena de cadena perpetua o, en su defecto, una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Según las alegaciones incluidas en la acusación y otros documentos judiciales, el Cártel ha convertido a Sinaloa en el centro de operaciones de un esquema internacional que involucra a productores de cocaína en Colombia y Venezuela, redes criminales y políticos corruptos en Centroamérica y Sudamérica, así como a fabricantes de precursores químicos en China, con el objetivo de distribuir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en Estados Unidos.
La acusación afirma que los 11 señalados participaron en una conspiración corrupta y violenta, en la que protegieron a los líderes del Cártel de Sinaloa frente a investigaciones, arrestos y procesos judiciales; proporcionaron información confidencial de fuerzas de seguridad y del Ejército a narcotraficantes aliados; instruyeron a agentes de corporaciones estatales y municipales para custodiar cargamentos de droga; y permitieron que se cometieran actos de violencia sin consecuencias. A cambio, habrían recibido millones de dólares en sobornos.
También se asegura que todos los acusados han mantenido una colaboración estrecha con la facción de Los Chapitos, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los señalados operaban en diversos niveles del gobierno y las fuerzas del orden para facilitar las operaciones de esa facción.
Tras darse a conocer las acusaciones, el gobernador Rubén Rocha, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y el vicefiscal, Dámaso Castro, pidieron licencia a sus cargos mientras se llevan a cabo las investigaciones.