Sinaloa: Dámaso Castro sigue como vicefiscal pese a acusaciones de EU de presuntos nexos criminales
Noroeste / Redacción Animal Político · 4 de mayo de 2026
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ratificó que Dámaso Castro Zaavedra se mantiene en activo como vicefiscal general, a pesar de los señalamientos emitidos por el gobierno de Estados Unidos que lo vinculan con grupos de la delincuencia organizada.
A través de un comunicado, la institución comunicó que el funcionario ejerce plenamente sus atribuciones legales y se encuentra disponible para atender cualquier requerimiento o resolución de las autoridades competentes, incluida la Fiscalía General de la República.
El sustento jurídico de su permanencia se basa en el artículo 135 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Según el marco constitucional local, el cargo de vicefiscal general no requiere de una declaratoria de procedencia por parte del Congreso del Estado para el inicio de acciones legales, a diferencia de otros servidores públicos.
“El artículo 135 constitucional establece los casos específicos en los que se requiere una declaratoria de procedencia por parte del Congreso del Estado para el inicio de acciones legales, sin contemplar el cargo de Vicefiscal General dentro de las y los servidores públicos sujetos a ese procedimiento”, señala la FGE en su comunicado.
La estructura interna de la Fiscalía define a las Vicefiscalías como órganos de integración administrativa que no gozan de un régimen especial de inmunidad procesal. Por ello, la continuidad de Castro Zaavedra en la estructura de seguridad estatal no representa un obstáculo legal para que sea investigado por las autoridades federales.
EU acusa a funcionarios de Sinaloa de vínculos criminales
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de presuntos vínculos con grupos dedicados al narcotráfico; entre ellos, el gobernador Rubén Rocha Moya; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador Enrique Inzunza; el exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez, el propio vicefiscal Castro Saavedra, entre otros.
Por esta situación, Rocha Moya solicitó licencia al cargo mientras se realizan las investigaciones correspondientes, lo cual ha sido criticado y considerado insuficiente por la oposición. El PRI exigió la renuncia inmediata del mandatario, mientras que el PAN insiste en que el Senado evalúe la desaparición de poderes en el estado.
De igual manera, organizaciones civiles demandaron que se investiguen a fondo y con total transparencia las acusaciones, y señalaron que esta situación vuelve a poner sobre la mesa problemas estructurales que han sido señalados de forma reiterada.
“Se compromete gravemente la integridad de las instituciones públicas, se distorsiona el ejercicio del poder y se vulneran de manera directa los derechos fundamentales de la población”, señalaron, refiriéndose a posibles vínculos entre autoridades y crimen organizado.
Con información de Noroeste.