Animal Político · 25 de agosto de 2026
El Congreso del Estado de Sinaloa designó este martes a la diputada local morenista Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, tras la nueva licencia indefinida solicitada por Rubén Rocha Moya, quien retomó el cargo durante aproximadamente 34 horas antes de separarse nuevamente del Ejecutivo estatal
El nombramiento se concretó mediante la aprobación del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, que propuso a Domínguez Nava para ocupar el Ejecutivo estatal a partir de la toma de protesta, en sustitución temporal de Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia por un periodo indefinido y superior a 30 días.
La sesión se realizó después de que el Congreso modificó en varias ocasiones la convocatoria para elegir a la persona que ocuparía de manera interina la gubernatura.

La reunión había sido prevista inicialmente para las 11:00 horas del lunes 24 de agosto, después de que la Diputación Permanente aprobó la nueva licencia solicitada por Rocha Moya. Posteriormente, el Poder Legislativo cambió la convocatoria para las 8:00 horas de ese mismo lunes, pero cerca de las 7:00 horas informó que la sesión sería pospuesta sin establecer entonces una nueva hora.
Cerca de las 21:30 horas del lunes, el Congreso emitió una nueva convocatoria para realizar la sesión a las 8:00 horas de este martes 25 de agosto. Finalmente, los legisladores se reunieron en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo y desahogaron el procedimiento para designar a la gobernadora interina.
Durante la discusión del dictamen, la diputada priista Irma Guadalupe Moreno Vález anunció que el grupo parlamentario del PRI votaría en contra de la propuesta. Aclaró que su posición no estaba relacionada únicamente con la persona propuesta, sino con la situación política y jurídica derivada de la nueva licencia de Rocha Moya.
Moreno Vález señaló que el Congreso debía cumplir con su obligación constitucional de nombrar a una persona interina, pero sostuvo que esa decisión no resolvía la situación que había provocado la nueva separación del gobernador.
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Moreno Vález anunció que su bancada buscará promover un juicio político contra Rubén Rocha Moya, al considerar que la situación derivada de su regreso al cargo y posterior solicitud de licencia no puede quedar resuelta únicamente con la designación de una gubernatura interina
Por el PAN, el diputado Jorge Antonio González Flores también anunció voto en contra del dictamen. Durante su intervención señaló que Sinaloa enfrenta una crisis de seguridad, económica, política e institucional y sostuvo que la persona que ocupe la gubernatura interina deberá actuar con independencia respecto de intereses partidistas.
“Se tiene que entender que gobernar Sinaloa en este momento exige mucho, mucho más que capacidad, exige carácter, exige independencia”, afirmó.
González Flores señaló que el PAN mantendría una postura de oposición, pero que ello no implicaría obstaculizar el funcionamiento del gobierno. Planteó que la administración interina deberá atender la seguridad, garantizar transparencia, combatir la corrupción y mantener la división de poderes.
También pidió que la nueva gobernadora gobierne para todos los sectores de la población y que el Palacio de Gobierno no se convierta, dijo, en una extensión de un partido político.

En defensa del dictamen, el diputado morenista Hólincer Castro Marañón sostuvo que el Congreso actuó conforme a las atribuciones establecidas en la Constitución y que cada etapa del procedimiento se desarrolló dentro del marco legal.
Castro Marañón señaló que la valoración de Domínguez Nava no se limitó al cumplimiento de los requisitos constitucionales, sino que también consideró su experiencia en el servicio público, su trayectoria legislativa y su desempeño al frente de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa.
El diputado morenista también señaló como retos para la nueva administración la seguridad, la recuperación económica, el fortalecimiento de la coordinación institucional y la generación de condiciones para la inversión y el empleo.
Graciela Domínguez Nava cuenta con una trayectoria en los ámbitos administrativo, legislativo y político en Sinaloa.
Entre 2021 y 2024 se desempeñó como secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa. También fue jefa de la Unidad de Atención a los Afectados de la Presa Picachos, en Mazatlán, y entre 2004 y 2007 ocupó la Coordinación de Comunicación y Vinculación Social del PRD en la LVIII Legislatura del Congreso de Sinaloa.
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En el ámbito legislativo fue diputada local en la LIX Legislatura, de 2007 a 2010, y posteriormente integró la LXIII Legislatura, de 2018 a 2021. Durante este último periodo fue presidenta de la Junta de Coordinación Política, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena y presidenta de la Comisión de Fiscalización.
Su trayectoria política incluye su participación en el PRD entre 1999 y 2013, así como cargos partidistas estatales y municipales, además de periodos como delegada nacional de ese partido.
También participó en movimientos sociales relacionados con el sector pesquero, la defensa del patrimonio familiar de derechohabientes del Infonavit y las personas desplazadas por la construcción de la presa Picachos.
Domínguez Nava es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa. También ha sido docente de asignación en la Universidad Tecnológica de Escuinapa y es autora del libro “Picachos: Los Caminos del Desarraigo y la Resistencia”.

La designación de Domínguez Nava ocurre después de una nueva separación de Rocha Moya del cargo, en un contexto de cuestionamientos políticos y de investigaciones de la Fiscalía General de la República.
Rocha Moya había regresado a sus funciones el viernes 21 de agosto, luego de que la Diputación Permanente del Congreso estatal dio por concluidos los efectos de la licencia aprobada el 2 de mayo; sin embargo, su regreso no contó con el respaldo de Morena, legisladores federales de la coalición ni gobernadores emanados de ese movimiento.
En un pronunciamiento conjunto, 23 gobernadores llamaron a Rocha Moya a actuar con “madurez y responsabilidad” y señalaron que las decisiones individuales no debían colocarse por encima del proyecto colectivo.
Al día siguiente de su reincorporación, el gobernador solicitó una nueva licencia al Congreso, esta vez con carácter indefinido y por más de 30 días. La Diputación Permanente aprobó la petición por unanimidad y convocó al periodo extraordinario para elegir a la persona que asumiría interinamente el Ejecutivo estatal.
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La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo el lunes que correspondía al Congreso de Sinaloa designar a un gobernador o gobernadora interina para conducir el estado hasta el cambio de gobierno en 2027.
“¿Qué procede en este momento? El Congreso local tiene que nombrar un gobernador interino o una gobernadora interina para poder llevar el ejercicio del gobierno desde este momento hasta el momento del cambio de gobernador”, afirmó.
Sheinbaum explicó que las elecciones estatales se realizarán en junio de 2027, por lo que quien fuera designado tendría aproximadamente un año al frente del Ejecutivo estatal.
La presidenta también sostuvo que el regreso de Rocha Moya había sido una decisión personal y que ella se enteró mediante una publicación del propio gobernador. Señaló que la Secretaría de Gobernación informó que la decisión no había tenido relación con el gobierno federal.

Sheinbaum dijo además que los estados cuentan con autonomía para tomar este tipo de decisiones y descartó que en Sinaloa exista una situación de desaparición de poderes.
La mandataria también señaló que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas investigaciones contra 10 personas señaladas por Estados Unidos, entre ellas Rocha Moya. Precisó que el Departamento de Justicia estadounidense no ha presentado pruebas que sustenten esos señalamientos y que corresponde a la fiscalía mexicana determinar si existen elementos que impliquen al gobernador con licencia en algún delito.
Entre las investigaciones mencionadas por la presidenta se encuentran las relacionadas con el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como el secuestro y traslado de un líder del narcotráfico a Estados Unidos.
Sheinbaum señaló que el Congreso y el Poder Judicial de Sinaloa se encuentran en funciones y que corresponde a las autoridades estatales decidir de manera autónoma quién encabezará el Ejecutivo.
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Sobre el perfil de la persona que fuera designada, la presidenta había señalado que debía contar con capacidad, honestidad, profesionalismo y compromiso con la población de Sinaloa.
La presidenta también recordó el mensaje que publicó después del regreso de Rocha Moya, en el que cuestionó que intereses personales se colocaran por encima de los intereses del pueblo y de la nación.
“México merece servidores públicos que entiendan que los cargos son pasajeros, pero la responsabilidad ante la nación es eterna”, sostuvo.
Sheinbaum afirmó además que durante este episodio no hubo comunicación entre Rocha Moya y el gobierno federal. Ante la posibilidad de que su regreso hubiera estado relacionado con la búsqueda de fuero frente a las investigaciones, rechazó especular y sostuvo que corresponde a las fiscalías determinar si existe alguna responsabilidad.
También descartó que el retiro del respaldo político a Rocha Moya implicara presumir su involucramiento con el crimen organizado.
La presidenta informó que pediría a la Fiscalía General de la República información sobre el estado de las investigaciones y señaló que, si no existen pruebas, los casos deberán cerrarse, mientras que la existencia de elementos podría derivar en la continuidad de las indagatorias.
En materia de seguridad, Sheinbaum informó que el gobierno federal mantiene en Sinaloa 15 mil efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, además de mil 500 elementos de la Secretaría de Marina, particularmente en Mazatlán.