“No fuimos consultados”: comunidades mayas luchan contra la norma para granjas de cerdos en Yucatán
Verónica Santamaría · 25 de mayo de 2026
Comunidades del Consejo Maya promovieron un juicio de amparo para exigir un proceso de consulta indígena que reconozca la legitimidad el derecho de participación del pueblo maya para opinar sobre la Norma Técnica Ambiental, ante la creciente expansión de la industria porcícola en Yucatán y las 507 granjas identificadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Mientras la industria porcícola se expandía en Yucatán, las comunidades mayas denunciaban contaminación del agua, malos olores y afectaciones en sus territorios. En ese contexto, el gobierno estatal publicó una norma para regular las granjas porcinas, pero lo hizo sin consultar a los pueblos indígenas afectados. La omisión derivó en un juicio de amparo promovido por representantes mayas y organizaciones de derechos humanos, quienes sostienen que la regulación ambiental ignoró derechos fundamentales y llegó tarde frente a una crisis socioambiental que sigue creciendo.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán publicó la Norma Técnica Ambiental NTA-001-SDSD-22 el 23 de diciembre de 2022 en el Diario Oficial estatal, durante la administración de Mauricio Vila Dosal, gobernador de la entidad durante el periodo 2018-2024.
La norma establece los procedimientos, criterios y lineamientos técnico-jurídicos para el diseño, construcción, operación, mantenimiento y abandono de los centros de producción porcícola en la entidad.
Sin embargo, la autoridad ambiental estatal omitió la opinión de las comunidades mayas pese a las solicitudes que estas hicieron de participar en un proceso previo de consulta indígena libre e informada, lo que violó los derechos de los pueblos indígenas y del medioambiente frente al crecimiento de la industria porcícola.
Ahora, personas representantes del Consejo Maya del Poniente Chikin Ja y Kanan Lu’um Mo’ promovieron un juicio de amparo con el acompañamiento de la organización Kanan Derechos Humanos.
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Miguel Anguas, abogado y coordinador jurídico de Kanan Derechos Humanos, explica que el proyecto de sentencia que deriva de la Norma Técnica Ambiental se da en un contexto en el que la industria dedicada a la crianza, alimentación, reproducción y comercialización de cerdos en Yucatán presenta un crecimiento considerable.
“En Yucatán vivimos una crisis socioambiental derivada de esta industria, además de que muchas comunidades se han inconformado con la operación de estas empresas en sus territorios que actúan sin que las hayan consultado”, indica Anguas en entrevista con Animal Político.
Por su parte, Carlos Samayoa, coordinador de la campaña “México al grito de ¡selva!”, de Greenpeace México, señala que el único fin de la norma es regularizar las granjas porcícolas.
“Más que ayudar, la regulación eleva el nivel de urgencia de tomar medidas de verdad y que no se quede en que hay más de 500 granjas irregulares en el estado. Ahora las van a regularizar para que ya no sean ilegales porque eso, tal vez, sea lo que le pesa al gobierno, que se mencione lo irregular de todas esas granjas”, opina Samayoa en entrevista con Animal Político.
Comunidades mayas exigen un proceso de consulta indígena
La demanda de las comunidades mayas, que es acompañada por colectivos, organizaciones y personas defensoras del territorio, exige que el gobierno de Yucatán realice un proceso de consulta indígena en relación con la Norma Técnica Ambiental NTA-001-SDSD-22 y se establezca la consulta previa como requisito indispensable para la apertura, regularización y abandono de megagranjas porcícolas.
“Esta norma facilita a las empresas el obtener autorizaciones para regularizarse porque la mayoría no cuenta con todos los permisos. Sin embargo, no fue consultada con los pueblos para saber si estaban de acuerdo o no con la forma en que se quiere regularizar a estas empresas, y tampoco incluye que, dentro de esos procesos de regularización, se consulte a los pueblos”, subraya el abogado Miguel Anguas.
Inicialmente, el Poder Judicial Federal en Yucatán desechó el 21 de diciembre de 2023 la demanda de las comunidades al argumentar que es “inconstitucional y arbitraria”, lo que llevó a los pobladores a presentar un recurso de revisión que, posteriormente, atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Hace unos días, el pasado 14 de mayo, el proyecto 451/2025 del amparo en revisión interpuesto por las comunidades mayas contra la sentencia dictada, en diciembre de 2023, por el juez del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en el juicio de amparo indirecto 49/2023, iba a discutirse junto con otros 30 proyectos en la sesión pública de la Corte. Sin embargo, Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN, envió el proyecto a lista, es decir, que se discutirá en otra sesión.
Las comunidades mayas advierten que, a pesar de tener la demanda de amparo y las denuncias de los habitantes, el actual gobierno de Yucatán, encabezado por Joaquín Díaz Mena, continúa aplicando la Norma Técnica Ambiental que denuncian los pueblos.
El abogado Anguas enfatiza que con dicha norma se pueden dar permisos a empresas de la industria porcícola para regularizarse sin que la comunidad se entere. “El proyecto de sentencia lo que hace es analizar la legitimidad que tienen las personas de las comunidades de Sitilpech, Kinchil y Chapab, que son quienes presentaron la demanda para acudir al amparo”, agrega, y así estar enteradas de lo que sucede en su entorno.
Semarnat confirma contaminación en Yucatán
En marzo de 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentó un Dictamen Diagnóstico Ambiental sobre la actividad porcícola en Yucatán y manifestó la existencia de 507 coordenadas de posibles granjas porcícolas.
El análisis se realizó con visualizadores de imágenes satelitales para generar una caracterización más detallada de las granjas. De esta manera la dependencia logró identificar el número de naves y, con ello, tener una aproximación de su capacidad de producción.
En su dictamen, y con base en un promedio tomado de la muestra de tres granjas, la Semarnat encontró contaminantes atmosféricos con altas concentraciones de amoniaco, metano, ácido sulfhídrico y dióxido de azufre.
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El documento también menciona que en los resultados de los análisis de calidad del agua se observó que la mayor parte de las tomas subterráneas, como pozos y cenotes, se ubican en zonas de enriquecimiento de nitrógeno en suelo inducido por un proceso difuso.
Mientras tanto, los cenotes presentan indicios de contaminación por materia orgánica fresca que proviene, en gran medida, de múltiples fuentes contaminantes de aguas residuales pecuarias. Los resultados arrojan principalmente la presencia de nitrógeno amoniacal y concentraciones elevadas de E. Coli como un indicativo de contaminación de diferentes sitios de excretas, como heces y orina, de seres vivos de sangre caliente.
Piden a la Corte garantizar los derechos del pueblo maya
En la demanda de amparo, las comunidades mayas exigen que también se reconozca la legitimidad de los representantes comunitarios para promover acciones legales en defensa de los derechos colectivos.
Y a las personas ministras les solicitan que su decisión sobre este amparo en revisión garantice los derechos del pueblo maya peninsular.
“No sean cómplices de la impunidad ambiental generada por los jueces y magistrados del Poder Judicial Federal en Yucatán, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno de Yucatán y del empresariado porcícola”, expresaron en un comunicado las comunidades mayas y colectivos que acompañan la demanda.