Animal Político · 19 de octubre de 2026
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció este lunes que investigará la participación de presuntos infiltrados en las manifestaciones del 11 y 18 de octubre en Guadalajara, Jalisco, y cuestionó la falta de colaboración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), que durante cinco días no respondió una solicitud de reunión ni entregó el expediente sobre los hechos.
A través de un comunicado, al concluir cinco días de diligencias en Guadalajara, el organismo informó que mantiene avances en su investigación sobre posibles violaciones a derechos humanos, incluidos los presuntos actos de tortura denunciados por personas detenidas durante la protesta del 11 de octubre frente a Casa Jalisco.
La CNDH también anunció que investigará los disturbios registrados durante la segunda movilización, el domingo 18 de octubre, cuando un grupo identificado por los manifestantes como presuntos infiltrados lanzó petardos contra el contingente.

Además, cuestionó que, al cierre de sus diligencias, no tuviera conocimiento de denuncias de familiares u organizaciones relacionadas con las cinco detenciones posteriores a esos hechos.
“Este escenario levanta suspicacias y será objeto de una amplia investigación”, señaló en el comunicado.
El organismo sostuvo que la falta de colaboración de la comisión estatal no ha impedido el avance de sus indagatorias y afirmó que continuará las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, tanto por la actuación de los presuntos infiltrados como por las posibles agresiones cometidas durante los operativos policiales.
De acuerdo con el comunicado, personal de la CNDH dio seguimiento a la movilización del domingo 18 de octubre en coordinación con el Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la oficina de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en Jalisco.
La protesta comenzó aproximadamente a las 11:00 horas, pero se detuvo ante la presencia de un grupo numeroso de personas que los asistentes identificaron como presuntos infiltrados y que, según los reportes recabados por la Comisión, lanzaron petardos contra el contingente.
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Los organizadores habían decidido cancelar inicialmente la marcha por la presencia de personas con el rostro cubierto que portaban palos, piedras y martillos; sin embargo, alrededor de las 13:30 horas, más de mil manifestantes continuaron hacia el Palacio del Gobierno de Jalisco, donde se concentraron de manera pacífica, según la CNDH.
Durante el recorrido, el organismo observó pequeños grupos de policías federales y municipales, así como elementos antimotines distribuidos en las calles aledañas. Estos últimos portaban armamento considerable y varios carecían de identificación visible o del distintivo de la corporación a la que pertenecían.
La Comisión también informó que una pareja señalada como presuntos infiltrados fue entregada por los manifestantes a elementos policiales, procedimiento que personal de la CEDHJ grabó y documentó. El organismo nacional contrastó esta intervención con la actuación de la comisión estatal durante los hechos del 11 de octubre en Casa Jalisco.
La CNDH señaló que investigará la participación de los presuntos infiltrados en ambas movilizaciones. Sobre los hechos del día 11, cuestionó que las autoridades los calificaran como ajenos a los operativos, pues, según el comunicado, se ha acreditado que estaban coordinados directamente con las autoridades policiales.

La Comisión Nacional afirmó que, pese a las declaraciones oficiales sobre una supuesta colaboración entre el gobierno estatal, la CEDHJ y la propia CNDH, la instancia local no respondió la solicitud de reunión ni entregó el expediente durante los cinco días de diligencias.
El organismo consideró que esa documentación es relevante porque personal de la comisión estatal estuvo presente durante las detenciones y retenciones en Casa Jalisco. El expediente permitiría conocer las evidencias recabadas, la intervención de la CEDHJ ante los presuntos actos de tortura denunciados y la identificación del personal que habría participado en las agresiones y en el operativo.
La investigación ocurre después de la protesta del 11 de octubre, cuando alrededor de 10 mil personas marcharon desde la Glorieta de La Minerva hasta Casa Jalisco para exigir agua limpia y de calidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Frente a la residencia oficial del gobernador Pablo Lemus se registraron enfrentamientos entre policías y manifestantes. Los agentes utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua a presión para dispersar a las personas, además de que se reportaron detenciones y agresiones contra asistentes y periodistas.
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La Fiscalía de Jalisco informó que 39 personas fueron detenidas. De ellas, 32 fueron liberadas antes de que siete hombres fueran presentados ante un juez.
El 13 de octubre, Israel Rosas Flores e Iván Octavio Salazar Reynoso fueron vinculados a proceso por lesiones, mientras que David Isaac Álvarez Hernández fue liberado sin cargos. El viernes 16, un juez vinculó también a proceso a Samuel Morales Navarro, Alexis Daniel Guzmán Ríos, Juan Darío Muñoz Nava y Teodoro Jesús Torres Valdez por lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.
Los seis enfrentarán sus procesos en libertad, con medidas cautelares que incluyen presentarse periódicamente a firmar ante los juzgados, de acuerdo con el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), que acompaña sus defensas.
La organización cuestionó las resoluciones judiciales y denunció actos de tortura, así como obstáculos para que los abogados se entrevistaran con sus representados y accedieran oportunamente a las carpetas de investigación.
Entre las denuncias está la de Teodoro Jesús Torres Valdez, quien afirmó que fue golpeado y amenazado durante su detención y traslado al interior de Casa Jalisco. Tras recuperar su libertad, mostró lesiones en el rostro y una herida en la cabeza.
“Los policías me abrieron la cabeza”, denunció.

El 16 de octubre, la Fiscalía de Jalisco informó que integró 14 carpetas de investigación por posibles abusos policiales durante las detenciones relacionadas con la protesta. Once se iniciaron de oficio y tres a partir de comparecencias de las personas presuntamente afectadas.
Las indagatorias son independientes del procedimiento de la Secretaría de Seguridad estatal, que puso a 17 policías a disposición de su Dirección de Asuntos Internos.
El gobernador Pablo Lemus reconoció irregularidades en el operativo y afirmó que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas. También anunció una investigación interna sobre la actuación de los agentes.