Animal Político · 18 de agosto de 2026
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció el cierre del Centro de Asistencia e Integración Social Coruña, ubicado en la alcaldía Iztacalco, para personas en situación de calle y/o abandono social.
En su lugar, la administración local alista la habilitación de nuevos refugios en el centro de la capital bajo un esquema de atención enfocado en la restitución de derechos humanos.
Durante una conferencia de prensa, la mandataria capitalina detalló que el albergue de Coruña, un centro de asistencia social en la ciudad, ha dejado de ser viable en su localización actual debido a conflictos vecinales y problemas de convivencia, así como por una capacidad rebasada.

“Vamos a quitar el albergue de Coruña; lo vamos a quitar de allí. Ha generado muchos problemas con la ciudadanía de alrededor y es un lugar en el que prácticamente no caben, muchas veces, las personas, en fin. Estamos justamente ahorita, abocados a habilitar espacios para albergues”, sentenció.
Ante el retiro de este espacio, explicó que su gobierno está acondicionando lugares para albergues, con otra concepción: un modelo para personas en situación de calle bajo la perspectiva de restitución de derechos, que comienza por el tema de salud, para atender problemas con adicciones y salud mental.
Asimismo, Brugada comentó que hay quienes no tienen documentos de identidad, por lo que la Secretaría de Bienestar Social ha avanzado en ayudarlos para tramitar nuevamente sus actas de nacimiento y demás documentos.
El anuncio de Brugada ocurrió el lunes 17 de agosto, el mismo día que se llevó a cabo la Segunda Marcha de Personas en Situación de Calle en la capital del país para exigir el reconocimiento y garantía de sus derechos, así como visibilizar problemas como la falta de vivienda, la persecución, el desplazamiento, la violencia y las dificultades para acceder a servicios básicos.

Durante la movilización, las personas participantes presentaron un pliego petitorio dirigido a la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada; al secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Enrique Yanes Rizo, y al director ejecutivo del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, Guillermo Alán García Capcha.
El documento planteó 16 exigencias relacionadas con empleo, salud, vivienda, documentación, acceso a servicios, seguridad y atención de abusos cometidos contra esta población.