Primera renuncia por caso CIA en Chihuahua: dimite fiscal tras choque con Sheinbaum
Redacción Animal Político · 28 de abril de 2026
La crisis detonada por la presencia de agentes de la CIA en operativos contra el narcotráfico en Chihuahua cobró su primera “víctima” política: el fiscal estatal César Jáuregui Moreno presentó este lunes su renuncia en medio de presiones por la inconsistencia entre versiones oficiales y el choque con el gobierno federal.
La dimisión ocurre después de varios días de cuestionamientos sobre el operativo en la sierra de Chihuahua en el que murieron en un accidente carretero dos ciudadanos estadounidenses —identificados en reportes de medios internacionales como agentes de la CIA— junto con dos elementos mexicanos, tras participar en la destrucción de laboratorios clandestinos.
La salida de Jáuregui marca el primer relevo directo vinculado al caso, pero abre la puerta a una cadena de responsabilidades más amplia dentro del aparato de seguridad estatal.
El punto de quiebre llegó con el reciente posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien acusó públicamente en una conferencia mañanera que el operativo se realizó sin conocimiento ni autorización del gobierno de la República.
La mandataria advirtió que la participación de agentes extranjeros en tareas operativas viola la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional si no cuenta con aval federal, y exigió que este tipo de intervenciones no vuelva a repetirse.
Las declaraciones de la presidenta no solo tensaron la relación entre el gobierno federal y el estatal, encabezado por la panista Maru Campos, sino que colocaron en el centro del debate la posible existencia de una operación fuera de los canales institucionales de coordinación en materia de seguridad.
Versiones cambiantes y desgaste político
Desde el 21 de abril pasado, el día del accidente en el que perdieron la vida los dos agentes de la CIA, el caso ha estado marcado por contradicciones. Autoridades estatales señalaron primero que los estadounidenses participaban como “instructores” en labores de capacitación. Posteriormente, se reconoció que estaban vinculados a acciones en campo, y más tarde se confirmó su pertenencia a una agencia de inteligencia.
El propio Jáuregui cambió varias veces de versión en cuestión de días, lo que erosionó la credibilidad institucional y aceleró su salida. En su renuncia, el ahora exfiscal argumentó en conferencia de prensa, que su decisión buscaba no entorpecer las investigaciones en curso, en un contexto de presión creciente tanto a nivel local como federal.
“En ejercicio del deber de responsabilidad y con pleno respeto a la transparencia, presento mi renuncia irrevocable al cargo de fiscal del Estado“, dijo.
La cobertura de los últimos días ha delineado el caso como algo más profundo que un trágico accidente: una operación opaca que exhibe vacíos en la coordinación entre autoridades mexicanas y agencias extranjeras.
De acuerdo con estos reportes, el elemento central no es la muerte de los agentes, sino su presencia en territorio mexicano en tareas operativas sin autorización federal, lo que abre la puerta a una posible violación constitucional. A ello se suma la opacidad en la información, con datos que han surgido de manera fragmentada y con cambios constantes en la narrativa oficial.
Además, reportes citados en medios como Los Angeles Times apuntan a que no se trataría de un hecho aislado, sino de una posible dinámica de colaboración recurrente con agentes estadounidenses en operativos contra el narcotráfico en Chihuahua, lo que amplía el alcance del escándalo.
El caso también escaló rápidamente al plano político nacional. Legisladores exigieron explicaciones, se plantearon posibles comparecencias de funcionarios estatales y se abrió un debate sobre los límites de la cooperación bilateral en materia de seguridad.
En medio de la crisis, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que intentó comunicarse directamente con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para abordar el caso, pero que la mandataria estatal no respondió a la llamada. El señalamiento, hecho en conferencia, evidenció el nivel de tensión entre ambos niveles de gobierno en un momento clave de la investigación.
El episodio añadió un componente político al escándalo, al exhibir no solo la falta de coordinación institucional en materia de seguridad, sino también una ruptura en los canales de comunicación entre la Federación y el gobierno estatal de Chihuahua, de filiación panista.
A la par, desde Estados Unidos surgieron críticas a la postura del gobierno mexicano. Funcionarios y voces políticas cuestionaron a la presidenta Claudia Sheinbaum por centrar su discurso en la posible violación a la soberanía nacional. El señalamiento añadió presión diplomática al caso y tensó el tono de la conversación bilateral.
El pasado miércoles, luego de que Sheinbaum dijera que analiza posibles sanciones contra el gobierno de Chihuahua, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt pidió en Fox New “un poco más de empatía” a la presidenta de México ante el fallecimiento de dos de sus ciudadanos.
Desde sectores del Congreso estadounidense se insistió también en la necesidad de esclarecer plenamente lo ocurrido y reconocer la gravedad de la pérdida, subrayando que los agentes participaban en acciones contra el narcotráfico.
En ese contexto, las críticas colocaron a la administración mexicana en una posición delicada: defender el marco legal interno sin escalar el conflicto con Washington.