Alfredo Maza y Andro Aguilar · 23 de abril de 2026
La muerte en Chihuahua de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) detonó un intercambio de reclamos entre los gobiernos de México y Estados Unidos. El diario Los Angeles Times publicó que la operación en la que participaron los oficiales —previo a fallecer en un accidente— sería al menos la tercera en ese estado, en lo que va del año, con presencia de oficiales estadounidenses.
La presidenta Claudia Sheinbaum exigió a Washington y al gobierno del estado de Chihuahua una explicación sobre los motivos de la presencia de los agentes estadounidenses en una operación antinarcóticos, actividad que la Constitución y las leyes mexicanas prohíben.

En tanto, la Casa Blanca devolvió el reclamo al cuestionar la supuesta indolencia de la Presidenta ante el fallecimiento de dos ciudadanos estadounidenses. “El presidente Trump estaría de acuerdo en que un poco de compasión de parte de Claudia Sheinbaum sería valioso por las dos vidas estadounidenses que se perdieron”, dijo la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt a la cadena de noticias Fox News.
Mientras tanto, desde el Senado se hizo un llamado a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a comparecer para aclarar los hechos, lo que abrió un debate sobre si esa Cámara tiene facultades para llamar a cuentas a la mandataria estatal.
A la confusión sobre cómo ocurrieron los hechos, se suma lo que publicó el diario Los Angeles Times que, citando fuentes anónimas, señaló que la operación en la que participaron los oficiales sería la tercera en Chihuahua en lo que va del año, con presencia de agentes estadounidenses.
El diario informó también que los agentes de la CIA que participaron en el operativo para desmantelar un narcolaboratorio, sumarían cuatro y no solo los dos que murieron en el accidente en la sierra.
Adicionalmente, Los Ángeles Times sugirió otro detalle: que los agentes habrían usado uniformes de la Agencia Estatal de Investigación durante el operativo en Chihuahua.

La información oficial sobre las supuestas labores y muerte de los agentes estadounidenses, identificados como Richard Leiter Johnston, de 36 años, y John Dudley Black, 44 años, ha ido circulando a cuentagotas.
Una primera versión indicó que ambos ciudadanos extranjeros murieron en un accidente carretero en una zona serrana de Chihuahua, tras un operativo para destruir laboratorios de narcóticos.
En una segunda versión, el gobierno de Chihuahua aseguró que los estadounidenses eran parte del “personal de la embajada” y que “sencillamente pidieron un traslado”, sin participar en la operación.
El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado esta versión como “inverosímil”, luego de que los medios Associated Press y The Washington Post reportaron que ambos trabajaban para la CIA.
Incluso, con el paso de las horas, se pudo saber que ambos agentes fallecieron junto con dos funcionarios mexicanos, identificados como Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), y su escolta Manuel Genaro Montes.
Finalmente, en un intento por cambiar su narrativa, en una tercera versión el gobierno de Chihuahua explicó que los estadounidenses estaban “dando capacitaciones sobre uso de drones”.
Al ser cuestionada al respecto, la presidenta Sheinbaum recordó que la presencia de agentes extranjeros en campo para labores de seguridad está “terminantemente prohibida”, por lo que instruyó a la Secretaría de Gobernación a contactar a la gobernadora Campos para esclarecer el caso.
En su conferencia de prensa de este miércoles, Sheinbaum se pronunció sobre la participación de personal extranjero de una agencia del gobierno de Estados Unidos en un operativo de seguridad en Chihuahua, considerándolo un tema de “seguridad nacional y de soberanía”.
La mandataria refirió que la gobernadora de Chihuahua aseguró que la actividad se realizó para el desmantelamiento de un laboratorio, donde también participó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La presidenta, sin embargo, indicó que su gobierno no tenía conocimiento de la presencia de agentes estadounidenses y aseguró que la Defensa Nacional “no sabía… que había extranjeros participando en este operativo”.
Así, recordó que cualquier vínculo con el gobierno de Estados Unidos, “y particularmente en materia de seguridad, tiene que pasar necesariamente por el gobierno federal”. “No aceptamos la participación en campo en los operativos”, dijo en su conferencia de prensa matutina.
Debido a la falta de información, Sheinbaum informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, “toda la información” del caso e insistió en que la colaboración de EU con los gobiernos estatales debe ser “dentro del marco de entendimiento y dentro de la Constitución y la ley de seguridad nacional”.

Más tarde, en una conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad referente al desmantelamiento de una red de huachicol fiscal en el país, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, negó que elementos extranjeros operen en el país.
Y aunque confirmó que existe confianza y una relación estrecha con las autoridades del país vecino, detalló que esto solo se limita a tener un “intercambio permanente de información con las agencias de Estados Unidos, con todas […] pero nunca hay agentes operando en campo con nosotros”.
“Ninguna de las operaciones que ha desarrollado el Gabinete de Seguridad Federal ha tenido participación físicamente [de] un elemento extranjero, primero porque no nos lo permite la ley”, enfatizó.
Sobre los hechos ocurridos en Chihuahua, García Harfuch indicó que la postura oficial se basa en lo reportado por el fiscal general del estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, quien aseguró que los agentes extranjeros no participaron en la operación.
El secretario aclaró que la Sedena solo acudió al operativo para brindar apoyo de seguridad perimetral a petición de la fiscalía local, pero no formó parte de la planeación. Además, adelantó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se programó una reunión con la gobernadora de Chihuahua para tratar este tema.

Mientras que la embajada de los Estados Unidos en México ha guardado un rotundo silencio sobre el tema, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este miércoles que México debería mostrar más simpatía tras la muerte de los dos agentes estadounidenses en territorio nacional.
“El presidente Trump estaría de acuerdo en que un poco de compasión de parte de Claudia Sheinbaum sería valioso por las dos vidas estadounidenses que se perdieron, considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo bajo esta administración para detener el flagelo del tráfico de drogas a través de México hacia EU”, declaró la funcionaria a la cadena de noticias Fox News.
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La vocera argumentó que el objetivo de Washington es desarticular a los carteles y acabar con el tráfico humano y de drogas. Advirtió que el presidente de EU desea ver más cooperación, “porque lo que estamos haciendo no solo beneficia al pueblo de EU, sino a su propio pueblo”.
Desde el martes, la presidenta Sheinbaum afirmó que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como el gobierno de México investigan las circunstancias en torno a la muerte de los dos agentes estadounidenses. Sin embargo, advirtió que se indaga si hubo violaciones a la Constitución o a la Ley de Seguridad Nacional, en caso de confirmarse que participaban en operaciones.

El caso generó un debate en el Senado, tanto por la posible violación de la Constitución y la Ley General de Seguridad en el operativo, principal argumento de la coalición encabezada por Morena, sobre si esa Cámara tiene la facultad para llamar a cuentas a la gobernadora.
Los senadores resolvieron que el 28 de marzo tanto la gobernadora como el fiscal de Chihuahua acudan a una reunión para que detallen qué pasó en el operativo y cuál fue la función de los agentes estadounidenses.
Pese a que los integrantes del PAN y los senadores de la coalición encabezada por Morena votaron de la misma forma —todos a favor— dedicaron más de cinco horas para debatir el asunto en la reunión de comisiones y el pleno.
Los representantes morenistas advirtieron la posible violación a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, mientras que los panistas enfocaron su discurso en enaltecer el combate a la inseguridad en Chihuahua por parte del gobierno local y responsabilizaron al federal del ingreso de los agentes extranjeros.

Durante el debate, algunos legisladores argumentaron que el Senado carece de facultades para llamar a gobernadores.
“No tenemos instrumentos constitucionales en el Senado para invitar a una gobernadora a una reunión de trabajo, porque en todo hay que pensar qué y para qué (…) Nosotros no tenemos facultades de seguimiento”, señaló Claudia Anaya, del PRI.
La priista explicó que la Constitución da más herramientas a la presidenta Claudia Sheinbaum para revisar la la soberanía.
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El acuerdo para llamar a la gobernadora, sin embargo, también fue aprobado con los votos del PRI.
La única bancada que votó en contra fue Movimiento Ciudadano. El senador Luis Donaldo Colosio argumentó que con el acuerdo se está violentando el pacto federal, porque la gobernadora no le rinde cuentas al Senado sino a la población y al Congreso de ese estado.
“Estamos violentando el pacto federal, la gobernadora de Chihuahua es una autoridad electa democráticamente por la ciudadanía de esa entidad, el fiscal general del estado rinde cuentas ante el Congreso de esa entidad (…) ¡Por favor! Estamos pasándonos por el Arco del Triunfo la Constitución del estado libre y soberano de Chihuahua. Y Constitución federal, además”, advirtió el legislador.