Caso Tlaxcala: organizaciones exigen liberación de víctimas tras 24 años de cárcel y tortura
Alfredo Maza · 13 de agosto de 2026
El llamado “Caso Tlaxcala” entra en una etapa decisiva. Tras 24 años de prisión preventiva, tortura e impunidad, la libertad de Jorge Hernández Mora, Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño y Sergio Rodríguez Rosas dependerá de una audiencia clave en la que un tribunal colegiado podría resolver la posible liberación de las víctimas.
Ante la inminencia de este fallo histórico en el “Caso Tlaxcala”, diversas organizaciones de derechos humanos y activistas enviaron una urgente carta formal al Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimoctavo Circuito para exigir su libertad absoluta e inmediata.
La exigencia, dirigida a los magistrados Martha Mireya Rojas Carranco, Ricardo Hernández Rugerio y Gumaro Paredes Cuahqentzi, cuenta con el respaldo de 15 organizaciones y colectivos, así como de 170 firmas a título personal.
En el documento se advierte que el futuro de los procesados se definirá en una audiencia clave bajo el recurso de revisión 96/2025, un fallo decisivo para la justicia en México y la reparación del daño.
Detención arbitraria y fabricación de delitos en Tlaxcala
Los hechos se remontan al 13 de agosto de 2002, cuando seis personas fueron víctimas de una detención arbitraria por parte de autoridades de Tlaxcala fuera de su jurisdicción territorial y sin contar con órdenes de aprehensión válidas.
Estas acciones formaron parte de una presunta “cruzada antisecuestros” implementada entre 2001 y 2002. Impulsada por presiones políticas y empresariales, dicha estrategia buscaba presentar resultados inmediatos a costa de graves violaciones a los derechos humanos y las garantías del debido proceso.
La carta formal denuncia que, durante el traslado hacia la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, las víctimas fueron sometidas a tortura física y psicológica sistemática con el objetivo de obligarlas a autoinculparse por delitos que no cometieron.
Posteriormente, los detenidos fueron presentados ante los medios de comunicación como integrantes de una supuesta banda de secuestradores, lo que vulneró de forma irreversible su derecho constitucional a la presunción de inocencia.
El impacto humano del caso Tlaxcala
A más de dos décadas de los hechos, el costo humano y social de este caso de injusticia en México ha sido devastador para las familias involucradas. José María Ramos Tenorio, una de las personas implicadas injustamente, falleció en 2013 debido a las secuelas de la tortura sufrida durante su arresto.
En conferencia de prensa realizada el 24 de marzo de 2026, su hermana Isabel Ramos declaró: “No falleció, nos mataron a mi hermano en prisión”, precisando que los severos golpes recibidos por los agentes policiales le derivaron en traumatismos y hematomas hepáticos fatales.
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Asimismo, los familiares de quienes continúan privados de la libertad relatan una constante cadena de pérdidas afectivas y patrimoniales.
Sergio Rodríguez Rosas transmitió un desgarrador mensaje desde el centro penitenciario: “Mi delito fue ser pobre”, lamentando no haber podido acompañar a su esposa, quien falleció de cáncer durante sus años de reclusión.
Por su parte, Mario Ricardo Antonio Almanza enfrentó el deceso de sus padres durante estas dos décadas. Su hermana, Laura Almanza, denunció que la detención ocurrió únicamente porque los agentes no localizaron a un joven de 15 años que buscaban originalmente, advirtiéndole a Ricardo: “Como él no está aquí, tú vas a entrar por él”.
Irregularidades judiciales y pronunciamientos de la ONU
La defensa legal del caso y organizaciones de prestigio internacional, entre las que destacan Fundar y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), califican el proceso penal como una aberración jurídica sostenida en el tiempo.
Pese a que existen dictámenes médicos especializados que acreditan la tortura y que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió la Opinión 32/2023 solicitando su liberación inmediata, las autoridades del sistema judicial mexicano han mantenido indebidamente la prisión preventiva.
Las organizaciones firmantes señalaron además que un juez local intentó favorecer a los agentes señalados al redefinir el delito de tortura como “abuso de autoridad”, pretendiendo declarar la prescripción de la acción penal para garantizar la impunidad de los responsables.
Ante este panorama, la carta exige a los magistrados colegiados que “reconozcan la ilicitud del total de las pruebas que fueron utilizadas en su contra para fabricarles delitos que no cometieron”.
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“La única decisión compatible con el respeto a los derechos humanos y la justicia es ordenar la inmediata liberación de Jorge Hernández Mora, Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño y Sergio Rodríguez Rosas”, concluye el pronunciamiento colectivo.