Animal Político · 30 de julio de 2026
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y representantes de Bogotá, Montevideo, Santiago de Chile y Saint Louis rechazaron las políticas que criminalizan la movilidad humana y la xenofobia, al tiempo que llamaron a construir una política migratoria continental basada en la dignidad, el acceso universal a derechos y la integración económica, durante la inauguración del panel público de la Coalición de Alcaldes de las Américas, “Gestionar la migración con dignidad: construyendo coaliciones entre ciudades”, realizada este jueves en la Ciudad de México.
En la apertura del encuentro, Brugada sostuvo que las ciudades tienen un papel central en la atención de las personas migrantes, aun cuando las decisiones sobre política migratoria correspondan a los gobiernos nacionales. Señaló que los gobiernos locales pueden garantizar el acceso a servicios, educación, salud, albergues y mecanismos de integración para quienes llegan a sus territorios.
La mandataria capitalina expuso que la Ciudad de México ha ampliado la infraestructura de atención para personas en movilidad humana mediante la duplicación de espacios en refugios y albergues públicos, brigadas humanitarias, una ventanilla de primer contacto y un padrón de huéspedes para facilitar el acceso a derechos.
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Añadió que durante el primer semestre del año se atendió a más de 5 mil 600 personas migrantes con alojamiento, atención psicológica, servicios de salud y vinculación con instituciones públicas.
También informó que la administración capitalina trabaja con más de 40 organizaciones de la sociedad civil, universidades, organismos internacionales y albergues comunitarios, además de desarrollar un centro multiservicios para concentrar atención médica, orientación jurídica, programas sociales, vivienda y vinculación institucional.
En su intervención, Brugada condenó las políticas de persecución contra personas migrantes y expresó su rechazo a la criminalización de la movilidad humana.
“No podemos permanecer en silencio. Tenemos el deber moral de alzar la voz. Desde la Ciudad de México, condenamos enérgicamente las políticas que criminalizan la movilidad humana y expresamos nuestro profundo dolor e indignación por la muerte de numerosos connacionales durante los operativos del ICE”, afirmó.
Asimismo, llamó a enfrentar la xenofobia y el racismo con acciones coordinadas entre ciudades.

Durante el panel, Brugada propuso que las ciudades impulsen una agenda común para garantizar derechos básicos a las personas migrantes, independientemente de su situación documental, y planteó la creación de un “pasaporte urbano de derechos” que facilite el acceso a salud, educación, empleo y otros servicios en las ciudades integrantes de la coalición.
También planteó establecer un Observatorio Internacional integrado por especialistas que dé seguimiento a casos de discriminación y xenofobia y permita emitir posicionamientos y recomendaciones conjuntas.
El intendente de Montevideo, Mario Bergara, señaló que la movilidad humana debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo, y sostuvo que la migración representa una oportunidad para las sociedades cuando existen políticas públicas orientadas a la integración.
Explicó que el objetivo es que las personas migrantes puedan desarrollar sus proyectos de vida e incorporarse plenamente a las comunidades receptoras, al considerar que ello fortalece la convivencia y contribuye al desarrollo económico y cultural.
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Bergara también llamó a respaldar las políticas migratorias con evidencia y resultados para enfrentar los discursos que asocian la migración con la inseguridad.
“La responsabilidad de los liderazgos está en mostrar con evidencia las bondades de tener políticas migratorias inclusivas”, afirmó.
Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, indicó que esa ciudad ha recibido cerca de un millón de migrantes venezolanos durante los últimos años y sostuvo que su integración representa una oportunidad para el desarrollo económico y demográfico de la capital colombiana.
Reconoció que existen desafíos relacionados con seguridad, integración y xenofobia, pero consideró que facilitar el acceso a educación, salud y programas sociales contribuye a reducir la vulnerabilidad y fortalecer la economía local.
Más adelante, resumió la visión de la coalición al señalar que las políticas deben construirse “con dignidad, con evidencia y con resultados”, además de medir y comunicar los efectos positivos de la integración.

Desde Santiago de Chile, el gobernador Claudio Orrego reconoció que el aumento de los flujos migratorios ha representado un desafío para esa ciudad, donde se concentra más de la mitad de la población migrante de su país, pero sostuvo que la regularización y la integración son herramientas para enfrentar la inseguridad y reducir la exclusión.
Explicó que una política migratoria debe combinar acciones firmes contra la delincuencia con mecanismos que faciliten la incorporación de quienes buscan trabajar y establecerse legalmente.
También advirtió sobre el crecimiento de narrativas que vinculan migración con delincuencia y llamó a contrarrestarlas mediante datos y experiencias exitosas.
“Hoy día, hablar de la dignidad del migrante, va contra el viento. Pero es por eso que necesitamos como nunca líderes y lideresas que defiendan la dignidad humana, por sobre el discurso demagógico”, afirmó.
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La alcaldesa de Saint Louis, Missouri, Cara Spencer, sostuvo que, aunque las políticas migratorias nacionales son definidas por los gobiernos federales, las ciudades son las que enfrentan directamente los retos y oportunidades derivados de la movilidad humana.
Por ello, planteó fortalecer la cooperación entre gobiernos locales para compartir buenas prácticas, promover historias de integración y modificar la percepción pública sobre la migración mediante la difusión de resultados positivos y la participación de actores económicos.
Al cierre del intercambio, los participantes coincidieron en que las ciudades pueden coordinar políticas para garantizar el acceso universal a derechos, facilitar la integración económica de las personas migrantes y construir una agenda conjunta frente al incremento de discursos xenófobos y de criminalización de la movilidad humana en distintos países del continente.