Alexis Ortiz · 17 de agosto de 2026
Durante el gobierno de Ángel Aguirre, entre el 1 de abril de 2011 y el 24 de octubre de 2014, los casos de personas desaparecidas y no localizadas se triplicaron en el estado de Guerrero.
Aguirre fue detenido y posteriormente vinculado a proceso el pasado 12 de agosto acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ordenar la eliminación de evidencia relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en una serie de persecuciones y ataques ocurridos entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
La FGR señala que el exgobernador se habría deshecho de videos grabados por las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala, en los que pudo quedar registrado el momento en que policías locales de Guerrero detuvieron el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaba el grupo de estudiantes. Por este hecho, Ángel Aguirre fue enviado a prisión mientras continúa la investigación en su contra.

Por tratarse de una desaparición forzada masiva, el caso Ayotzinapa fue el de mayor atención mediática a nivel nacional ocurrido durante su gobierno. Sin embargo, el estado ya vivía una crisis de desapariciones que quedó en evidencia a raíz de los 43.
En la administración del entonces perredista se reportaron 796 personas desaparecidas y no localizadas, más del triple respecto a las 234 víctimas registradas en los seis años de gestión de su antecesor, Zeferino Torreblanca Galindo.
Los reportes de personas desaparecidas y no localizadas se triplicaron durante el periodo de Ángel Aguirre, a pesar de que su administración sólo duró 3 años, 6 meses y 23 días, ya que solicitó licencia para separarse de su cargo, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Iguala, donde ocurrió la desaparición de los 43 normalistas, también fue el municipio de mayor incidencia durante el gobierno de Aguirre. Ahí se concentró el 28 % de los casos reportados en su administración, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que lleva la Comisión Nacional de Búsqueda.
La problemática en Iguala quedó al descubierto tras la desaparición de los estudiantes. Durante la búsqueda de los 43, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) reportó el hallazgo de al menos 60 fosas clandestinas con 129 cuerpos en ese municipio. La propia dependencia entregó esas cifras a la agencia internacional The Associated Press (AP), que las publicó en julio de 2015, a menos de un año del caso Ayotzinapa.
Esta situación detonó el surgimiento de la organización “Los otros desaparecidos”, conformada por familias que empezaron a levantar la voz para exigir que sus seres queridos también fueran buscados.

En el registro oficial, a Iguala le seguían Acapulco y Chilpancingo, la ciudad más turística y la capital del estado, respectivamente. De las 796 personas que se reportaron como desaparecidas, 670 eran hombres —en su mayoría entre los 25 y 29 años—. En el caso de las mujeres, hubo 126, entre 20 y 29 años.
Aguirre solicitó licencia para separarse de su cargo en octubre de 2014, un mes después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La corrupción y complicidad de autoridades y la operación de grupos criminales disputándose el control de territorios en Guerrero provocaron el aumento de desapariciones y otros delitos en el estado, como lo han documentado organizaciones, académicos y periodistas.
Por ejemplo, Teresa Santiago y Carlos Illades, académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, señalaron en un artículo que la violencia en el estado tiene su origen en 2009, cuando el Cártel de los Beltrán Leyva —organización delictiva que surgió en Sinaloa— fue desarticulado. A partir de entonces, surgieron pequeños grupos criminales que comenzaron a enfrentarse por el control del territorio.
“El desmembramiento del cártel de los hermanos Beltrán Leyva modificó el panorama del crimen en el territorio guerrerense a partir de 2009 esparciéndose bandas delincuenciales pequeñas y violentas (…) Esta recomposición marca una nueva ola de violencia en el estado”, señalaron.

Según los investigadores, para 2014, el último año de gobierno de Ángel Aguirre, ya se identificaban al menos 22 bandas criminales que operaban en el estado, entre las que destacan Guerreros Unidos, Los Ardillos, Los Rojos y La Familia Michoacana.
Camilo Pantoja, historiador del Colegio de México, coincidió en otro artículo. “Se parte del supuesto de que el incremento de la violencia estuvo relacionado con la fragmentación del mundo criminal, la cual fue un efecto, entre otros, de la estrategia de descabezamiento que utilizó el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) para combatir al crimen organizado en el país”, indicó.
El aumento de la violencia durante el gobierno de Ángel Aguirre fue una advertencia de lo que vendría después para Guerrero. Si se compara con el mismo periodo que gobernó Aguirre (3 años, seis meses y 23 días), los casos de desaparición se incrementaron aún más durante la administración de su sucesor, el priista Héctor Astudillo Flores.
Entre el 27 de octubre de 2015 y el 21 de mayo de 2019 —equivalente a tres años y medio—, en el gobierno de Héctor Astudillo se reportaron 985 personas desaparecidas y no localizadas.
Al finalizar los seis años de su administración, en el sexenio de Héctor Astudillo se registraron en total mil 529 casos de personas desaparecidas y no localizadas.
Desde el 15 de octubre de 2021, gobierna la morenista Evelyn Salgado. En sus primeros tres años y medio de administración —equivalentes al mismo periodo que gobernó Ángel Aguirre—, se reportaron 909 personas desaparecidas y no localizadas.
Desde la toma de protesta de Salgado y hasta el 13 de agosto de 2026 —casi 4 años y 10 meses después— en su administración se han registrado en total mil 190 casos de personas desaparecidas y no localizadas en el estado.