Congreso de Aguascalientes blinda a maestros contra falsas acusaciones y difamación digital
Redacción Animal Político · 20 de junio de 2026
El Congreso de Aguascalientes aprobó por mayoría una reforma al Código Penal del estado y a la Ley de Educación que establece medidas de protección para maestras, maestros y personal directivo y administrativo, al incorporar agravantes en las sanciones contra conductas como amenazas, acoso y denuncias infundadas dirigidas en su contra.
Durante la sesión ordinaria del pleno celebrada el jueves, el dictamen fue aprobado con 16 votos a favor, seis en contra y cinco abstenciones, tras un debate dividido sobre sus alcances respecto al interés superior de la niñez y la denuncia ciudadana.
Presentación del dictamen
En su exposición, la diputada Alma Hilda Medina Macías explicó que la propuesta buscaba proteger al personal educativo frente a conductas de acoso y amenazas dentro del ámbito escolar.
La diputada, promotora del dictamen, señaló que el propósito de la reforma era establecer un equilibrio entre la protección de la niñez y los derechos laborales del personal educativo. Expuso que el planteamiento no implicaba la creación de nuevos tipos penales, sino ajustes a conductas ya previstas en el marco jurídico estatal.
“No proponemos la creación de delitos nuevos abiertos o ambiguos que puedan generar confusión o que corran el riesgo de criminalizar la libre expresión por el contrario fortalecemos el marco jurídico penal ya existente adicionando agravantes claras precisas y exactas a conductas antijurídicas que ya se encuentran tipificadas en nuestro Código Penal para el Estado de Aguascalientes específicamente cuando estas generen un daño real y doloso al personal educativo”, dijo.
Debate en contra del dictamen
Durante el debate, legisladores que votaron en contra expresaron que la reforma podría generar efectos inhibidores sobre la denuncia y la participación ciudadana dentro del entorno escolar.
El diputado Rodrigo Mireles sostuvo que la propuesta planteaba una solución punitiva que podía afectar el interés superior de la niñez y la libertad de denuncia.
“Nuestra principal preocupación radica en el efecto inhibidor que estas reformas tendrían sobre la denuncia legítima, lo anterior, al pretender blindar institucionalmente el personal educativo mediante el endurecimiento de penas por falsedad ante la autoridad o el asedio digital. Se puede enviar un mensaje de intimidación a quienes buscan alzar la voz frente a posibles abusos este dictamen incurre en un evidente populismo penal pretende resolver problemas de convivencia y confianza en la comunidad escolar mediante el aumento de penas y la creación de agravantes específicas para estudiantes y padres de familia”, señaló.
La diputada Ana Gómez también se manifestó en contra del dictamen al señalar que las agravantes previstas ya existen en el marco penal y que su incremento no necesariamente previene conductas.
“Reconocemos la intención de proteger al magisterio, pero este dictamen tiene un problema de fondo: los delitos que pretenden agravar ya existen en nuestro Código Penal, y aumentar las penas no previene. Lo que sí nos preocupa profundamente es que la reforma a la Ley de Educación puede desincentivar que niñas, niños y jóvenes denuncien. Ninguna ley debe poner en riesgo la voz de quienes menos poder tienen en un aula”, expresó.
Posicionamientos a favor
Quienes respaldaron el dictamen argumentaron que la reforma busca garantizar condiciones de seguridad y respeto en el entorno escolar, así como fortalecer la seguridad jurídica del personal educativo frente a denuncias falsas o actos de hostigamiento.
La diputada Alma Hilda Medina Macías sostuvo que la aprobación del dictamen implicaría el reconocimiento de agravantes en casos de amenazas e intimidación dentro del ámbito escolar.
La diputada Lucía de León señaló que la reforma busca atender de manera simultánea la protección del interés superior de la niñez y la presunción de inocencia del personal educativo.
“Lo que se trata es impedir que la injusticia se disfrace de denuncia y se utilice como un instrumento de revancha o presión. El Estado tiene dos obligaciones constitucionales y convencionales que deben cumplirse de manera simultánea: por un lado, proteger celosamente el interés superior de la niñez; y por otro lado, garantizar la presunción de inocencia y la seguridad jurídica del magisterio”, afirmó.
Y agregó: “Se agrava la pena para quien miente ante el Ministerio Público con el fin de fabricar un delito en contra de un docente con motivo de sus funciones, se pone un alto al linchamiento mediático sancionando a quienes utilicen las plataformas digitales y redes sociales para hostigar, difamar y destruir la imagen pública de los educadores sin haber agotado los canales institucionales”, afirmó.