El activista Raymundo Ramos niega vínculos delictivos; denuncia criminalización por sanciones de EU
Elefante Blanco · 15 de abril de 2026
La sanción impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Raymundo Ramos recae contra uno de los activistas más visibles de Nuevo Laredo, una ciudad donde durante años las denuncias por desapariciones, ejecuciones y abusos de fuerzas federales han chocado con el silencio institucional y con campañas de descrédito.
El gobierno de EU lo incluyó en una lista de personas señaladas por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste y lo acusó de operar una campaña de desinformación contra autoridades mexicanas bajo la cobertura de la defensa de derechos humanos.
La medida bloquea bienes e intereses en propiedad de Ramos dentro de Estados Unidos y prohíbe transacciones de personas estadounidenses con los sancionados.
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Ramos rechazó la acusación y aseguró que responde a las denuncias y relatos de la violencia en Tamaulipas, “es un señalamiento que criminaliza la actividad de los derechos humanos en México”.
“La acusación, y esto hay que ser muy claro, es por mi labor como defensor de derechos humanos. No se me relaciona con movimientos financieros, con tráfico de armas, con tráfico de personas, con tráfico de drogas, absolutamente nada de eso”, puntualizó.
Añadió que el señalamiento aparece cuando siguen en curso dos juicios contra marinos y militares por violaciones a derechos humanos.
La acusación de Washington pega justo sobre el perfil que Raymundo Ramos construyó durante años en la frontera, pues el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que encabeza, ha acompañado casos que involucraron a Marina, Ejército, Guardia Nacional y policías estatales.
Entre los casos más mediáticos están la ejecución de cinco jóvenes en febrero de 2023 en Nuevo Laredo —hecho por el que hubo investigaciones y detenciones de militares— y otro caso de presunta ejecución extrajudicial de cinco personas en mayo de ese mismo año.
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En 2023, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D, documentó que el Ejército espió ilegalmente a Ramos con Pegasus para acceder a comunicaciones relacionadas con investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo.
Esa investigación sostuvo además que en documentos militares se buscó vincularlo con el Cártel del Noreste sin aportar pruebas. Hoy, ya bajo sanción de la OFAC, Ramos se mantiene dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
El caso abre un frente delicado, pues por un lado, Estados Unidos lo presenta como colaborador del crimen organizado; por el otro, Raymundo Ramos sostiene que se castiga una trayectoria incómoda para las fuerzas armadas.
Esta nota se publicó originalmente en Elefante Blanco.