Suman 54 víctimas de desaparición forzada en Nuevo Laredo durante operativo de la Marina en 2018

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) ha documentado al menos 54 víctimas de desaparición forzada durante un operativo realizado en 2018 en Tamaulipas.

En un comunicado, la organización detalló que los hechos ocurrieron durante un Operativo de Estado que realizó la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina (UNOPES), entonces a cargo del almirante Marco Antonio Ortega Siu.

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También denuncian que hasta la fecha no existe ninguna sentencia condenatoria en firme en contra de los responsables.

“A seis años de distancia, ninguna institución del Estado Mexicano mantiene un interés real por ayudar a localizar a las víctimas, mientras que sus familiares denuncian un abandono total por parte de la Secretaría de Gobernación (SG), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como de la Fiscalía General de la República, (FGR), con quienes han solicitado este año reuniones de seguimiento en la Ciudad de México y les ha sido negada”.

De las 54 víctimas, 19 fueron localizadas por sus familiares sin vida: tres eran menores de edad y dos eras mujeres. Mientras que localizados con vida por sus familiares fueron dos mujeres adultas y un menor de edad.

También siguen sin ser localizados por la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) un total de 32 víctimas, entre ellas 3 mujeres y 2 menores de edad.

Expresan respaldo a Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU 

El CDHNL manifestó su respaldo al Comité de Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU por documentar las desapariciones forzadas registradas en Nuevo Laredo de enero a mayo del 2018 y respondiendo con diferentes Acciones Urgentes al Gobierno de México.

“En el gobierno de López Obrador se nos prometió que se castigaría a los responsables de las desapariciones forzadas de nuestros familiares sin importar que pertenecieran a una institución de las fuerzas armadas y eso no sucedió, se acabó el sexenio y seguimos sin encontrarlos”, reclamó Erika Arredondo Flores, madre de Julio César Viramontes Arredondo.

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Por otra parte, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, calificó como “una burla” las declaraciones de la presidenta de la CNDH y del presidente del Senado de la República pues no mostraron interés en las víctimas.

“Todos ellos y ellas tienen conocimiento del Caso Tamaulipas, pero ninguna quiere ayudar, la presidenta de la CNDH dejó afuera de una Recomendación a más de 20 personas para no exhibir el operativo de Estado, la FGR no ha podido demostrar la responsabilidad directa de 24 marinos en cuatro carpetas procesales y tuvieron que ser liberados por un juez federal, mientras que la CEAV no ha realizado ninguna sola reparación integral a cinco años de emitida dicha recomendación”.

Ramos consideró que la presidenta de la CNDH debe renunciar por no darle importancia y seguimiento al caso; además de que solicitaron una audiencia con la secretaria de Gobernación.

En días recientes, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU dio a conocer que iniciará un procedimiento contra México ante la posibilidad de que en el país se registren desapariciones de manera general o sistemática.

Dichas declaraciones fueron rechazadas por el gobierno federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En primera instancia, el gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, dijo el pasado sábado que “no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado y señaló su compromiso “con el respeto irrestricto de los derechos humanos y con la atención de las causas de la violencia”.

Un día después, la CNDH, a cargo de Rosario Piedra, negó que haya una crisis de desapariciones en el país y calificó como “totalmente descontextualizado” el posicionamiento de la ONU al considerar que las declaraciones emitidas se apartan de un juicio serio sobre el contexto actual que se vive en México.

A esto se sumó que el posicionamiento del Senado de la República quienes además de rechazar los señalamientos del Comité de la ONU avalaron solicitar una sanción contra el presidente de la CED, Olivier de Frouville, argumentando que las acusaciones que realizó el funcionario en materia de desaparición forzada en el país carecen de sustento.

En respuesta, cientos de familiares y colectivos que buscan a personas desaparecidas, así como organizaciones y personas solidarias compartieron una carta en la que expresaron su respaldo a la apertura del procedimiento por desapariciones forzadas en México que abre la posibilidad para que el tema escale a la Asamblea General de las Naciones Unidas.