Frasua Esquerra · 17 de noviembre de 2026
Mientras Países Bajos bloqueó en mayo de 2026 una operación de la empresa estadounidense Kyndryl tras advertir que sus datos públicos quedarían expuestos a leyes de Estados Unidos con alcance extraterritorial, en México esa misma compañía fue perfilada como primera opción por Procesar para operar la infraestructura de la Base de Datos Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (BDNSAR), de acuerdo a un documento obtenido por Animal Político.
El gobierno neerlandés prohibió que la firma adquiriera a la tecnológica local Solvinity, luego de que el organismo neerlandés encargado de revisar inversiones en infraestructura digital concluyera que la operación podía representar “un riesgo para el interés público”.
La prohibición estuvo precedida por una evaluación sobre las consecuencias jurídicas que implicaría que Solvinity fuera controlada por una empresa estadounidense. En una comunicación enviada por el Ministerio del Interior al Parlamento, fechada el 10 de febrero de 2026, el gobierno informó que su asesoría jurídica había determinado que, de concretarse la adquisición, Solvinity “quedaría comprendida en el ámbito de aplicación de determinadas leyes estadounidenses con efectos extraterritoriales”.
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Este antecedente involucra a la misma compañía que fue identificada como primera opción, dentro de una licitación, para proporcionar infraestructura tecnológica a Procesar, S.A. de C.V., la empresa operadora de la base de datos del SAR (BDNSAR).

Esta acción desestima el riesgo de soberanía de datos que representaría someter el expediente financiero de más de 70 millones de trabajadores de México a legislaciones como el CLOUD Act y el Patriot Act, dos leyes federales de Estados Unidos que amplían poderes de investigación y acceso a la información por parte de las autoridades.
También pasa por alto que la propia empresa Kyndryl reconoce que tiene una investigación financiera en curso ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) relacionada con presuntas irregularidades contables.
De acuerdo con la investigación publicada por Animal Político, una evaluación interna fechada en octubre de 2026 de Procesar colocó a Kyndryl por encima de SixSigma Networks México, operadora de la marca KIO, en un procedimiento para seleccionar al proveedor de su centro de datos.
El documento interno obtenido, señala que la empresa estadounidense obtuvo una calificación de 85.8%, frente a 84.4% de KIO, y fue perfilada como primera opción para la contratación, estableciendo un plazo de 30 días naturales para formalizar el acuerdo.
Sin embargo, la documentación disponible no permite confirmar si el contrato fue firmado ni si la empresa comenzó a operar la infraestructura.
La operación examinada por las autoridades neerlandesas consistía en la adquisición de Solvinity Group B.V., una empresa de servicios administrados de infraestructura y plataformas de cómputo en la nube. Kyndryl confirmó en su informe financiero trimestral presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) el 4 de noviembre de 2026 que había celebrado el acuerdo de adquisición en noviembre de 2025 por aproximadamente 100 millones de euros.
Solvinity mantenía un contrato para proporcionar infraestructura tecnológica a Logius, organismo gubernamental de Países Bajos responsable de servicios digitales como DigiD, el sistema de identificación electrónica utilizado por los ciudadanos para acceder a diferentes trámites públicos. Según el gobierno neerlandés, DigiD tenía más de 16.5 millones de usuarios.
El 21 de noviembre de 2025, Kyndryl notificó formalmente la operación al Bureau Toetsing Investeringen (BTI), organismo que revisa determinadas inversiones y adquisiciones por sus posibles efectos sobre la seguridad nacional y los intereses públicos.
Un análisis jurídico publicado el 10 de febrero de 2026 identificó que Solvinity “quedaría dentro del alcance de determinadas leyes estadounidenses de aplicación extraterritorial si la adquisición se concretaba”. En aquel momento el gobierno indicó que aún se encontraban bajo evaluación las consecuencias para la integridad de los datos y la continuidad de los servicios.
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Sin embargo, el 25 de mayo de 2026, el gobierno prohibió la adquisición. El responsable de la decisión explicó que el organismo había identificado “un posible riesgo para el interés público”.
Solvinity y su accionista mayoritario, Host Lux S.à r.l., presentaron una objeción administrativa el 11 de junio de 2026. El gobierno volvió a examinar los antecedentes y mantuvo la prohibición.
En la resolución comunicada al Parlamento el 13 de octubre, el ministro neerlandés de Economía Digital y Soberanía, W.J.M. Aerdts, informó que “la adquisición podía constituir una amenaza para el interés público conforme al artículo 14a.4 de la Ley de Telecomunicaciones y que mantener la prohibición resultaba necesario para protegerlo”.
El 4 de junio de 2026, el Ministerio del Interior neerlandés informó que la nueva contratación de la plataforma tecnológica utilizada por Logius se prepararía mediante los procedimientos previstos en su legislación sobre adquisiciones de defensa y seguridad. El parlamento, por otra parte, dijo que ese marco permite considerar restricciones para proveedores sujetos a legislaciones extranjeras que facultan a las autoridades de sus países a solicitar información de ciudadanos neerlandeses.
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Finalmente, el gobierno informó que el contrato existente entre Logius y Solvinity había sido prorrogado y podría mantenerse hasta agosto de 2028.
La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR) establece que la Base de Datos Nacional SAR pertenece al gobierno federal. No obstante, permite que su operación sea prestada por empresas constituidas como sociedades anónimas de capital variable que obtengan una concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de la CONSAR.

El artículo 57 determina que la Base de Datos Nacional SAR es propiedad exclusiva del gobierno federal y que se integra por la información procedente de los sistemas de ahorro para el retiro, incluida la información individual de cada trabajador y el registro de la administradora o institución de crédito a la que se encuentra afiliado.
Asimismo, el artículo 58 declara de interés público la operación de esa base de datos. Sus funciones incluyen identificar cuentas individuales, certificar registros de trabajadores, controlar procesos de traspaso e instruir al operador de la cuenta concentradora sobre la distribución de recursos recibidos hacia las administradoras correspondientes.
El mismo artículo dispone que la prestación del servicio se realice mediante empresas operadoras concesionadas. Para obtener una concesión, estas deben constituirse como sociedades anónimas de capital variable.
En un oficio del 22 de noviembre de 2006, la entonces Comisión Federal de Competencia explicó que Procesar era la empresa operadora de la Base de Datos Nacional SAR, funcionaba mediante concesión y no tenía fines de lucro.
Es decir que la ley permite que una sociedad mercantil administre información que pertenece al gobierno federal mediante una concesión.
Por otra parte, mientras que el artículo 2 de la LSAR atribuye a la CONSAR la coordinación, regulación, supervisión y vigilancia de los sistemas de ahorro para el retiro, el artículo 58 establece la intervención de Hacienda y de la Comisión en el otorgamiento de las concesiones.
El artículo 61 establece diversas causas por las que puede revocarse una concesión. Entre ellas se encuentran utilizar la información para fines distintos de los autorizados, incumplir las condiciones de la concesión, dejar de observar los principios de confidencialidad y reserva, y realizar una transferencia no permitida de los derechos concesionados.
Finalmente, el artículo 62 permite al gobierno federal realizar la requisa de instalaciones, equipos y centros de operación destinados a la BDNSAR en circunstancias extraordinarias, como desastres naturales, guerra, alteraciones graves del orden público o peligros inminentes para la seguridad nacional y la economía.
De acuerdo con las estadísticas oficiales de CONSAR, al cierre de septiembre de 2026, el Sistema de Ahorro para el Retiro registraba 78 millones 566 mil 459 cuentas, de las cuales 70 millones 555 mil 178 eran administradas por las Afores.
Por otra parte, al cierre de octubre de 2026, los recursos administrados por las Afores alcanzaron 9 billones 288 mil 393 millones de pesos, de acuerdo con la serie estadística de recursos registrados en el SAR publicada por CONSAR.
Mientras Procesar administra información y procesos asociados a las cuentas individuales, los recursos financieros de esas cuentas son administrados por las Afores.
Además del antecedente en Países Bajos, Kyndryl reconoce una investigación en curso ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos relacionada con sus prácticas de administración de efectivo, divulgaciones financieras y controles internos.

En el formulario 10-Q presentado ante la SEC el 4 de noviembre de 2026, la empresa informó que continúa colaborando con la División de Cumplimiento de la SEC en una investigación. En dicho informe, Kyndryl señaló que el procedimiento sigue abierto y que no puede anticipar su resultado.
La empresa también informó que había identificado deficiencias materiales en sus controles internos de información financiera. Entre los aspectos descritos se encuentran problemas de comunicación y divulgación relacionados con sus prácticas de diferimiento de pagos a proveedores entre trimestres.
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En el caso mexicano, la legislación federal identifica a Hacienda como autoridad facultada para otorgar las concesiones de operación de la BDNSAR y a la CONSAR como responsable de supervisar el sistema. También establece la obligación de las empresas operadoras de cumplir sus títulos de concesión y los proyectos informáticos aprobados por la Comisión.
El 5 de noviembre de 2026, durante una conferencia presidencial, una periodista planteó una pregunta sobre la concesión de Procesar, la seguridad de los datos del SAR y la posibilidad de revisar el modelo de operación privada de esa infraestructura.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió que solicitaría la presencia de funcionarios de CONSAR y Hacienda para proporcionar mayor información.
La Base de Datos Nacional SAR pertenece al Gobierno Federal, según el artículo 57 de la ley. Su operación se realiza por medio de una empresa concesionada y su funcionamiento comprende los procesos de identificación, registro, traspaso e intercambio de información de las cuentas individuales, conforme al artículo 58.
El 12 de noviembre de 2026, un día después de la publicación de la investigación sobre Procesar y Kyndryl, Animal Político recibió una notificación de Cloudflare por una presunta infracción de derechos de autor.
La reclamación fue presentada por la empresa brasileña Axur a nombre de “Procesar Afore”. El aviso, identificado con el folio 3c2912997ebdd078, no precisaba qué contenido protegido había sido reproducido indebidamente, según el análisis técnico realizado por el medio.
Animal Político rechazó la reclamación y defendió que se trataba de una investigación periodística original, basada en documentos internos y fuentes públicas.
Cloudflare únicamente reenvió la denuncia al medio y a su proveedor de alojamiento. No se registró el retiro o bloqueo de la publicación ni una resolución que acreditara una infracción.
Hasta el momento, no se ha establecido quién solicitó a Axur presentar la reclamación ni si Procesar autorizó o tuvo conocimiento de ella.