Redacción Animal Político · 28 de marzo de 2023
Actualmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) nos permiten realizar gran parte de las actividades en el día a día. Tal es su importancia, que la Declaración de Principios de Ginebra (conjunto de normas que constituyen la piedra angular del derecho internacional humanitario) recomienda a los países establecer la infraestructura suficiente para dotar de conectividad a la sociedad a través de las TIC, y reconocer que todas las personas deben tener acceso a éstas. En México, desde 2013, el artículo sexto constitucional señala que el Estado debe garantizar el derecho al acceso a las TIC a través de una política de inclusión digital universal.
Los datos más recientes de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestran que a nivel nacional el 75.6 % de los mexicanos tiene acceso a internet (hace apenas cinco años esa cifra sólo alcanzaba el 63.7 %). Prácticamente 8 de cada 10 mexicanos son usuarios de telefonía celular (en 2017 esa cifra era de 72.1 %) y 4 de cada 10 cuenta con una computadora (45.2 % en 2017).
Sin lugar a dudas los números suponen un avance, pero sólo reflejan un promedio nacional, mismo que no permite calibrar el estado del ejercicio de derecho al acceso a las TIC en cada una de las entidades federativas, cuyas dinámicas son distintas dado su propio contexto. Por ello, al desagregar los datos a nivel estatal se muestra que en entidades como Chiapas y Oaxaca apenas la mitad de los hogares tienen acceso a dichas herramientas, mientras que en la Ciudad de México, Sonora y Baja California prácticamente 8 de cada 10 hogares cuentan con acceso a internet, una computadora o un teléfono celular. Así las diferencias entre las entidades federativas.
Si bien los dispositivos (computadora o teléfono celular) son cruciales, la variable determinante es el uso de internet y es ahí donde se encuentra la mayor desigualdad entre territorios. En Oaxaca y Chiapas sólo 3 de cada 10 hogares cuentan con conexión a la web, en tanto que lugares como Sonora y Ciudad de México tienen un acceso cercano al 90 %. En pocas palabras, por cada vivienda que tiene internet en Chiapas, existen tres en Sonora o Ciudad de México con esa condición. Además de esta tremenda diferencia, es importante hacer notar que existen diez estados que tienen a la mitad de sus viviendas sin acceso a internet.
Desde 2021 implementó el programa “Internet para Todos” a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero sin reglas de operación que permitan delimitar la población objetivo, las comunidades a atender y en general la manera en que opera. Además, no se establecen con claridad las acciones que deben llevar a cabo los gobiernos locales y ayuntamientos en esta estrategia nacional para contribuir al uso de las TIC.
Por ello es crucial diseñar una verdadera política nacional que contribuya a hacer efectivo nuestro derecho de acceso a las TIC a través de la coordinación e integración de las acciones, tanto del sector público (en todos sus niveles de gobierno) como de la iniciativa privada y la sociedad civil, a fin de acelerar el desarrollo de la sociedad de la información en México. Sólo mediante ella podremos avanzar equitativamente en el uso del internet, que representa una pieza clave para el fortalecimiento de los derechos humanos.