Animal MX · 21 de septiembre de 2026
El futbol mexicano está en la mira de la opinión pública, tal como lo demuestra el hecho de que la discusión para restituir el mérito deportivo ha escalado formalmente a los pasillos del Poder Legislativo.
Tras la realización del conversatorio “Fuera de lugar: ¿por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el futbol?” en el Senado de la República, se dio a conocer que un grupo de legisladores buscarán impulsar una iniciativa de ley para obligar a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) a abrir las divisiones profesionales.
Sin embargo, existe un marco regulatorio que supera cualquier legislación local: los Estatutos de la FIFA. Si la propuesta parlamentaria busca imponer cambios deportivos por decreto o vía tribunales ordinarios de manera unilateral, el organismo con sede en Zúrich activaría de inmediato su protocolo por injerencia de terceros.
El reglamento de la FIFA es tajante en cuanto a la relación entre los gobiernos y sus federaciones afiliadas:
Autonomía e Independencia (Arts. 14 y 19): Todas las asociaciones miembro (incluida la FMF) están obligadas a gestionar sus torneos de manera independiente, sin interferencia, presión ni leyes dictadas por poderes ejecutivos o legislativos.
Prohibición de la Justicia Ordinaria: Ningún club o federación puede recurrir a tribunales civiles o de distrito para resolver desacuerdos deportivos. Todos los litigios deben llevarse a cabo en los órganos internos de la FIFA o en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
Efectos de la Suspensión (Art. 16): El Artículo 16 de los Estatutos de la FIFA establece que una asociación suspendida pierde inmediatamente sus derechos como miembro y ninguna otra federación internacional puede mantener contacto deportivo con ella.
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Si la FIFA llega a considerar que la FMF ve comprometida su autonomía debido a un mandato impuesto por el Senado, las sanciones entrarían en vigor sin importar el peso del futbol mexicano en la región:
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A lo largo de la historia, la FIFA ha dejado claro que sus estatutos prevalecen sobre la legislación interna de cualquier país:
Guatemala (2016-2018): La Confederación Deportiva de Guatemala se negó a avalar estatutos exigidos por la FIFA por ir en contra de su ley nacional del deporte. Guatemala fue suspendida casi dos años de todo torneo internacional.
Perú (2008): Cuando el gobierno peruano no reconoció la elección de la federación local, la FIFA desconoció a Perú de inmediato hasta que el Estado dio marcha atrás.
India (2022): La Corte Suprema de India intervino nombrando un comité judicial para dirigir la federación. La FIFA suspendió de forma fulminante al país hasta que se le devolvió el control absoluto a los directivos.
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Para evitar una sanción que congele al futbol nacional, la presión política y judicial en México no puede dictar leyes deportivas directas, sino enfocar sus herramientas en el terreno comercial e institucional:
Involucramiento de la COFECE: Investigar y sancionar económicamente a los clubes por prácticas monopólicas o barreras a la libre competencia no viola los reglamentos deportivos de la FIFA, ya que se trata de regulación mercantil del Estado.
Uso de bienes e infraestructura pública: El Congreso y los gobiernos locales pueden condicionar los comodatos de estadios públicos, los permisos de seguridad y las facilidades fiscales para los clubes de la Liga MX, obligando a los dueños a que sean ellos mismos quienes decidan “voluntariamente” modificar sus reglamentos en la FMF para devolver el ascenso.
Durante el conversatorio celebrado en el Senado, se establecieron escenarios similares donde la FIFA no hizo nada ante situaciones similares, sin embargo, la clave está en que la liga solicite voluntariamente la intervención gubernamental, algo que se antoja difícil debido a los antecedentes contra clubes de la Liga de Expansión, así como la negativa de los dirigentes de la Liga MX a participar en el conversatorio.