Violencia vicaria: impunidad y trabas judiciales en Baja California
Valeria Ugarte · 24 de septiembre de 2026
De más de 135 casos analizados de violencia vicaria desde 2025 en Baja California, hasta principios de año ninguno de ellos había sido atendido por los juzgados especializados en violencia contra la mujer, informó la presidenta de Yehuani, Elsa Jiménez Larios. Hasta mayo del 2026 sólo dos casos habían sido llevados ante un juez.
La legislación que reconoce la violencia vicaria fue consolidada a nivel nacional el 29 de noviembre del 2023. En Baja California, de acuerdo con integrantes del colectivo Cesodi (una asociación civil defensora de derechos humanos con enfoque en género e infancia y madres víctimas de violencia vicaria), hasta el día de hoy sólo hay registro de que son dos casos los que han llegado al Poder Judicial del Estado.
Samantha Sesma, cofundadora del colectivo Cesodi, mencionó que “en el estado, aunque la Ley Vicaria está vigente desde hace tres años, sólo dos casos han llegado, y fueron por violencia familiar equiparada por violencia vicaria y psicológica”, detalló.
Obstáculos del sistema procesal frente a las víctimas
La falta de judicialización de los casos de violencia vicaria se relaciona, de acuerdo con el abogado Rubén Jiménez, quien participó en la conferencia de Cesodi, con el sistema de justicia actual, que se basa en procedimientos escritos que prolonga los procesos y le quita la inmediatez.
“Los jueces de cierta manera en este sistema actual que está por cambiar, que es escrito, no nos beneficia en nada, ¿por qué? Porque es lento, es escrito, son puros escritos y los escritos se vuelven fríos, no hay esa inmediatez, no está el juez en las audiencias, está su secretario, y bueno, eso no nos favorece”, comentó el abogado.
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La violencia vicaria se define como el uso de los hijos e hijas para amenazar, controlar o hacer sufrir a la madre. Esta forma de agresión no solo busca causar dolor emocional, sino que también pone en riesgo el bienestar físico y psicológico de los niños y niñas.
Jiménez comentó que la falta de denuncias de la violencia vicaria se puede deber por miedo, por pena o por falta de dinero.