Monserrat Flores · 10 de noviembre de 2026
El incremento no autorizado de dos pesos al transporte público en Tijuana representa un gasto adicional para estudiantes universitarios, quienes destinan entre 300 y 500 pesos semanales para trasladarse a sus centros educativos.
Universitarios afectados indican que sin previo aviso, choferes de las rutas; Centro-Otay, Villa Fontana-Otay, Las Delicias-Otay, comenzaron a cobrar 20 pesos por viaje, cuando la tarifa que pagaban era de 18 pesos. A la par que en la ruta Murua-Otay de 15 pesos, subió la tarifa a 17 pesos.
La situación afecta principalmente a quienes necesitan utilizar varias unidades diariamente para llegar a sus escuelas y regresar a sus hogares. Además, acusaron que no respetan la tarifa de estudiantes, pues universitarios indican que la ruta 10 de mayo-postal-UABC cobran 10 pesos cuando la tarifa debe ser de 9 pesos la estudiantes activos.

Meredhi Arenas, estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), señaló que destina alrededor de 500 pesos semanales al transporte público, debido a que necesita abordar entre dos y tres unidades para realizar sus traslados diarios. Consideró que el gasto representa una carga importante para su economía y cuestionó la falta de atención de las autoridades a las condiciones del servicio.
“Creo yo que mis impuestos están pagando una parte de estos servicios, obviamente no al 100%, pero me gustaría que pusieran más atención en estas cosas, porque por algo estás pagando impuestos y siento que no le están dando la importancia que se les debe dar. Supuestamente somos el futuro de México, ¿no?”, expresó.
Por su parte, Itzel García, también estudiante de la UABC, explicó que anteriormente pagaba 16 pesos por viaje, posteriormente la tarifa pasó a 18 pesos y ahora algunos operadores le cobran 20 pesos. Indicó que utiliza cuatro transportes al día para trasladarse entre su vivienda y la universidad, por lo que destina aproximadamente 300 pesos semanales al pasaje.
La estudiante cuestionó que los incrementos se apliquen sin previo aviso y que algunos choferes tampoco respeten las tarifas preferenciales para estudiantes. “No está bien, y menos cuando no se te avisa a tiempo. Me acuerdo que cuando estaba en la tarifa de 18 pesos, yo llevaba mis 18 pesos y me dijeron que no, que eran 20. Yo tenía destinado ese dinero, entonces no se me hace justo que estén cambiando y subiendo constantemente la tarifa y que muchas veces tampoco respeten el precio para estudiantes”, manifestó.

Las denuncias también se extienden a otras rutas. Abraham Molina, usuario de la línea Azul y Blanco que se dirige hacia Villa Fontana, señaló que desde agosto comenzó a pagar 20 pesos por viaje, cuando anteriormente le cobraban 18.
Relató que inicialmente los operadores dejaron de regresarle el cambio y, al cuestionarlos, le respondieron que así lo indican sus líderes. Posteriormente le informaron que esa era la nueva cantidad que debían cobrar. “Cuando empecé a notar que no me regresaban el cambio, sí les pregunté a los choferes por qué no me lo devolvían. Me decían que así se lo indicaban sus líderes y después me dijeron que era lo que ya cobraban, pero no me di cuenta si fue de manera oficial o si simplemente empezaron a cobrar así“, comentó.
Ante las inconformidades, el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) advirtió que los transportistas que cobren tarifas superiores a las autorizadas pueden hacerse acreedores a multas de aproximadamente 11 mil pesos.
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Jorge Alberto Gutiérrez Topete, director del IMOS, aseguró que la dependencia no ha autorizado incrementos en el costo del pasaje y que atiende las denuncias conforme son recibidas. “Es algo que no está autorizado, estamos atendiendo conforme nos llegan las quejas. Paguen lo que es, la tarifa que es, no ha habido aumento. No se peleen con los choferes, ellos tienen que aceptar lo autorizado”, declaró.
Mientras las autoridades sostienen que no existe autorización para aumentar el pasaje, estudiantes y usuarios enfrentan cobros adicionales que, al multiplicarse por los viajes diarios, representan una afectación directa a su economía.