Aborto en Baja California: del riesgo clandestino al acceso legal
Ana Lilia Ramírez · 31 de agosto de 2026
Para María, la discusión sobre el aborto no es un asunto abstracto ni exclusivamente jurídico. Es una experiencia que marcó para siempre su vida.
Hace varios años, en el 2000, cuando la interrupción del embarazo todavía estaba penalizada en Baja California, quedó embarazada y decidió no continuar con la gestación. Sin visa vigente para trasladarse a Estados Unidos, buscó una alternativa en Tijuana.
Encontró un anuncio transmitido por televisión nacional: “Embarazada y preocupada, no se preocupe, tenemos opciones”, recuerda que decía el mensaje. María llamó al número que aparecía en pantalla y acudió a un inmueble que, según relata, funcionaba como una clínica habilitada en una casa. Después del procedimiento comenzaron las complicaciones.
“Ya no regresé. Después vinieron sangrados que no se detenían. Fui a una clínica con una doctora y el sangrado no paraba. Mi color de piel ya era amarillo. Me practicaron un segundo legrado en menos de un mes”.
La consecuencia fue irreversible: María ya no puede tener hijos.
Hoy lamenta que, en aquel momento, no hubiera una alternativa institucional segura para una mujer que no pudiera cruzar la frontera para interrumpir el embarazo: “Por no tener visa no existía un hospital seguro para interrumpir el embarazo”.
La historia de María permite observar una de las consecuencias menos visibles de la criminalización: cuando un procedimiento médico no puede realizarse legalmente en instituciones sanitarias, las mujeres no necesariamente dejan de interrumpir sus embarazos.
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Así lo señala Meritxell Calderón Vargas, presidenta de la Red Iberamericana de Derechos Humanos. “Las mujeres buscan alternativas fuera del sistema formal, que es peligroso, con riesgos que pueden aumentar cuando existen servicios clandestinos o sin supervisión médica. La despenalización es para que accedan a servicios sanitarios seguros y gratuitos”, dijo.
El crecimiento de los servicios tras la despenalización legal
Las estadísticas oficiales muestran el cambio que ha experimentado Baja California en apenas unos años. De acuerdo con el Programa Sectorial de Salud del Gobierno de Baja California, durante 2021 se realizaron 20 procedimientos de interrupción del embarazo en los servicios estatales: 12 en Mexicali, seis en Ensenada y dos en Tijuana.
Para 2022, la cifra aumentó a 292 procedimientos: 170 en Mexicali, 81 en Tijuana y 41 en Ensenada. El propio documento identifica como fuente al Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California (ISESALUD). El incremento en ese periodo fue de mil 160%, según el gobierno estatal.
Los retos pendientes para la cobertura universal de salud
Pero las cifras más recientes muestran una expansión todavía mayor de los servicios. El Cuarto Informe de Gobierno de Baja California (2024-2025) reporta que durante el periodo correspondiente se realizaron mil 668 procedimientos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y se atendieron 25 solicitudes de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
El mismo documento señala que el estado cuenta ya con 12 módulos de Aborto Seguro, distribuidos en diferentes municipios. Su objetivo es concentrar, canalizar y atender las solicitudes relacionadas con la interrupción del embarazo.
La diferencia entre las cifras de 2021 y las más recientes no significa necesariamente que el número de embarazos interrumpidos haya aumentado en la misma proporción. También refleja la construcción de una red institucional que anteriormente prácticamente no existía, así como una mayor capacidad del sistema para registrar y atender los procedimientos.
El cambio legal llegó después de décadas de criminalización
La transformación jurídica tampoco ocurrió en 2019, como suele afirmarse de manera general.
El parteaguas nacional fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 7 de septiembre de 2021, dentro de la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017. El Pleno determinó por unanimidad de 10 votos que era inconstitucional criminalizar de manera absoluta la interrupción del embarazo. La Corte sostuvo que el derecho a decidir está vinculado con la autonomía, la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad y los derechos reproductivos.
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La Corte estableció además que las razones de esa resolución obligaban a jueces federales y locales a considerar inconstitucionales las normas que criminalizaran de manera absoluta el aborto. En otras palabras, el cambio no fue solamente político: se convirtió en un nuevo parámetro constitucional para los tribunales del país.
Para Baja California, el proceso legislativo local que permitió adecuar el marco jurídico comenzó a partir de esta nueva realidad constitucional y de las resoluciones judiciales que reconocieron el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir.
El aborto dejó de ser únicamente un asunto penal para convertirse en un servicio de salud pública
El cambio jurídico obligó también a modificar la respuesta sanitaria. El gobierno de Baja California planteó como objetivo garantizar el acceso universal y gratuito a los Servicios de Aborto Seguro.
Un informe estatal señala que las complicaciones del aborto constituían una causa relevante de mortalidad materna y que el estado busca fortalecer la atención institucional.
Actualmente, el propio Registro Estatal de Trámites y Servicios establece que el Servicio de Aborto Seguro tiene como finalidad atender las solicitudes de interrupción del embarazo de manera oportuna y proporcionar atención médica integral. El servicio aparece registrado como un proceso sin costo.
La diferencia con la historia de María es evidente. Ella tuvo que acudir a un establecimiento que operaba fuera del sistema sanitario formal. Hoy una mujer puede solicitar formalmente la interrupción del embarazo dentro de los servicios públicos estatales.
El debate sobre la atención médica
La transición tampoco ha estado exenta de controversias. Durante los primeros años de implementación del servicio público, funcionarios de salud defendieron la necesidad de brindar información y alternativas a las pacientes que solicitaban la interrupción del embarazo.
Desde la perspectiva de organizaciones feministas, cualquier orientación que pretenda persuadir a una mujer para modificar una decisión previamente tomada puede convertirse en una barrera para ejercer el derecho.
La activista Meritxell Calderón Vargas considera que juzgar a una paciente por decidir interrumpir un embarazo constituye una forma de violencia institucional y médica. “No se debe permitir que, al llegar a un hospital público, traten de ‘convencerla’ de seguir con el embarazo, porque viola tu derecho a la libertad de decidir y eso es violencia obstétrica”.
La activista recuerda el caso de Paulina del Carmen Ramírez Jacinto, ocurrido en Mexicali en 1999: una adolescente víctima de violación sexual cuyos padres solicitaron que pudiera acceder oportunamente a la interrupción del embarazo. Legalmente tenía derecho a solicitarlo bajo esas circunstancias.
El caso generó señalamientos sobre las barreras que enfrentó para acceder al procedimiento en el Hospital General de Mexicali y posteriormente se convirtió en uno de los antecedentes más conocidos sobre las dificultades institucionales para acceder al aborto por violación en México.
“El caso Paulina es uno de los más mediáticos. Tanto instituciones de salud como funcionarios no le permitieron ejercer su derecho a interrumpir el embarazo y retrasaron el proceso médico porque no había médicas que lo realizaran. Funcionarios, médicos y activistas de la vela perpetua engañaron y presionaron a Paulina y a su madre para que desistieran del procedimiento”, dijo la activista.
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La Suprema Corte ha señalado posteriormente que negar o establecer barreras para servicios específicos que solamente requieren las mujeres y personas con capacidad de gestar, como la interrupción del embarazo, puede constituir discriminación y vulnerar el derecho a la igualdad.
El IMSS: el siguiente reto de la institucionalización
La transformación no se ha limitado a los servicios estatales. De acuerdo con lo señalado por autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en marzo de 2026 se emitió oficialmente la “Guía Técnica para la Interrupción Legal del Embarazo”, una medida que establece los criterios para brindar el servicio a las derechohabientes que lo soliciten en los estados donde está legalizado.
La delegada del IMSS en Baja California y San Luis Río Colorado, Desiré Sagarnaga Duarte, señaló que esta medida ha permitido que las mujeres accedan a este procedimiento de manera segura y como parte de los servicios médicos para las derechohabientes. Sin embargo, hasta agosto de 2026 no se había solicitado ningún procedimiento en esta institución.
“No se ha solicitado la interrupción del embarazo, pero debo decir que es un tema que se debe de socializar”, subrayó la funcionaria.
Sagarnaga Duarte señaló que se encuentran en el proceso de socializar esta medida para que las derechohabientes conozcan que existe el servicio de interrupción del embarazo. Indicó que será la Clínica número 1 del IMSS la que, en un inicio, realice las intervenciones quirúrgicas para embarazos de hasta 12 semanas de gestación. Desiré Sagarnaga dijo que representa un cambio relevante porque el IMSS atiende a una amplia población derechohabiente en Baja California y en el país.
El reto ahora no es solamente reconocer el derecho en los hospitales públicos. Grupos feministas señalan que el verdadero desafío es garantizar que una mujer que solicita el procedimiento pueda obtener información clara, atención médica, acompañamiento y una respuesta dentro de los tiempos clínicamente adecuados. Activistas señalan que la propia Suprema Corte estableció que las barreras que impiden o restringen el acceso a estos servicios pueden representar una afectación al derecho a la igualdad y a los derechos reproductivos.
Tijuana y la frontera: cuando la visa marcaba la diferencia
Antes de la apertura de los servicios institucionales en Baja California, la frontera ofrecía una alternativa para quienes tenían visa. San Diego se convirtió en una opción para mujeres de Tijuana y otros municipios que podían cruzar a Estados Unidos y pagar un procedimiento en una clínica privada.
Pero esa alternativa siempre estuvo condicionada por dos factores: dinero y documentos migratorios, como la visa estadounidense. Para quien tenía documento, el aborto podía convertirse en un procedimiento médico privado al otro lado de la frontera. Para quien no tenía documentos, como María, las opciones podían reducirse considerablemente.
Esa diferencia fronteriza creó durante años una desigualdad adicional: la posibilidad de acceder a un procedimiento seguro dependía, en parte, de la capacidad económica y de la condición migratoria de la paciente.
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Colectivas feministas y María, una de las mujeres que vivió un procedimiento clandestino, se preguntan: ¿Cuántas mujeres tuvieron que exponerse a procedimientos clandestinos antes de que existiera un servicio seguro, gratuito y accesible?
No hay una respuesta, pues no existe una cifra oficial que permita dimensionar cuántos abortos clandestinos se realizaron en Baja California antes de la despenalización. Señalan que precisamente esa ausencia de datos también forma parte de la problemática: cuando una práctica ocurre fuera del sistema de salud, queda fuera de los registros oficiales. Las complicaciones pueden aparecer posteriormente en hospitales, pero el procedimiento que las originó no siempre queda identificado como tal.
Hoy el escenario jurídico es distinto
María señala que compartir su historia no solamente representa una decisión personal, sino también el relato de una época en la que el acceso a la salud reproductiva estaba condicionado por la ley, el dinero, la posibilidad de cruzar una frontera y la existencia —o ausencia— de servicios médicos seguros.
“Creo que son muchas las historias de complicaciones médicas por abortos realizados en hospitales clandestinos, pero no hablan por vergüenza. Hoy las mujeres deben romper barreras para que pidan la interrupción del embarazo en hospitales públicos que son seguros y gratuitos”, señaló la mujer.
El gobierno de Baja California reconoce el aborto seguro como un servicio de salud gratuito y asegura que cuenta con una red de módulos especializados. El desafío, señalan activistas de colectivos feministas, es que ese derecho exista no sólo en la legislación y en los informes oficiales, sino en cada hospital, cada clínica y para cada mujer que solicite atención, sin estigma, sin obstáculos y dentro de los tiempos médicos establecidos.