Abogados urgen a Marina del Pilar resolver desabasto en hospitales públicos

Tijuana.- Abogados de Baja California exhortaron a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda a atender el desabasto de medicamentos en los hospitales que fueron del estado y ahora son del sistema IMSS Bienestar para que garantice el suministro de insumos y equipo médico, así como la contratación de personal de salud.

Viviana Leyva Rodríguez, presidenta del Colegio de Abogados Constitucionalistas, presentó un documento dirigido a la gobernadora de Baja California en el que solicitó atender la falta de medicamentos, personal médico y de enfermería, así como atender las condiciones laborales del personal de salud en hospitales de Tijuana, Mexicali, y Ensenada. 

“Se exhorta, primero, instruya con carácter urgente, implemente un plan de emergencia de abasto y fortalecimiento hospitalario, que garantice el suministro inmediato en medicamentos, insumos y equipo médico a todas las unidades de la Secretaría de Salud del Estado”, declaró Leyva Rodríguez. 

Señaló que la falta de medicamentos y de recursos para la atención médica vulnera el derecho a la salud. Es necesario, explicó, revisar la administración de los recursos públicos destinados a los servicios médicos. “Esta realidad coloca en riesgo inmediatamente la vida de miles de pacientes y vulneran, la dignidad profesional del personal de salud, y en ese ver materialmente imposibilitados para cumplir su deber, no es falta de voluntad, sino por la parte de la omisión del Estado de proveer los medios mínimos necesarios en Baja California, enfrenta y se ha convertido en un riesgo adicional al tema de salud pública”, aseguró la abogada.

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Falta personal en Hospital General

El Hospital General, agregó, registra un déficit de más de 200 plazas, entre ellas de especialistas, debido a jubilaciones y plazas que no han sido recuperadas. Indicó además que esta situación forma parte de las deficiencias que, junto con la falta de insumos y medicamentos, afectan la atención médica en los hospitales. “Es una violación grave y continua de los derechos humanos a la salud.
La justificación presupuestal no exime de obligaciones constitucionales, sin salud, no hay vida digna, sin insumos, no hay medicina posible y sin personal suficiente no hay justicia para los pacientes y para los trabajadores”, explicó Leyva Rodríguez.

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