Monserrat Flores · 23 de octubre de 2026
Permitir que los policías porten su arma de cargo fuera de servicio es una de las propuestas planteadas para proteger a los elementos de seguridad en Baja California, ante los ataques registrados contra agentes incluso cuando no se encuentran trabajando. La iniciativa busca modificar las condiciones actuales para que puedan contar con protección fuera de sus jornadas.
Baja California contabilizó 13 policías asesinados durante 2025, de acuerdo con los registros de la organización civil Causa en Común, mientras que en 2026 se reportaron siete casos hasta el corte de octubre, según cifras preliminares basadas en el seguimiento de casos e informes locales de seguridad, por lo que podría ser de utilidad el uso de su arma de cargo ante los ataques armados a los elementos de diferentes corporaciones policíacas.
Representantes de la Federación Policial de Baja California y del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública se comprometieron a buscar las reformas y ajustes presupuestales estatales y municipales para mejorar las prestaciones laborales de los elementos, con un sueldo básico de 35 mil pesos mensuales, educación gratuita para hijos de los agentes y acceso a vivienda, atención médica, pensiones y jubilaciones. Las medidas forman parte de una agenda para dignificar las condiciones de trabajo de policías municipales, estatales y custodios penitenciarios.

“Evidentemente no ha avanzado y hoy tenemos estos casos, la importancia de que los policías y los elementos tengan sus armas después de la prestación de su servicio, en el trayecto a sus casas. Hemos visto ataques a los policías y hemos visto realidades que se dan y ni qué decir en la ubicación geográfica de Baja California, con su calidad fronteriza y la fenomenología delincuencial que lo caracteriza”, explicó Edgardo Flores Campbell, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California.
Como parte de las propuestas para mejorar las condiciones laborales de los policías en Baja California, representantes de la Federación Policial y del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública plantearon el fideicomiso estatal de mil 500 millones de pesos destinado a prestaciones de policías estatales y personal penitenciario, además de la necesidad de promover la incorporación de los municipios a este esquema.
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Los representantes también señalaron que las propuestas de becas para los hijos de policías, acceso a vivienda y mejoras salariales requieren coordinación con autoridades estatales y municipales, el Congreso local y el sector privado.
La firma del convenio busca impulsar estos compromisos y elaborar una agenda conjunta, pero no significa que todos los beneficios estén aprobados o que tengan una fecha definida de aplicación.