Homicidios en Baja California: Niños huérfanos, las víctimas invisibles de la violencia

En Baja California, las cifras de homicidios se acumulan mes tras mes. Los reportes oficiales hablan de personas asesinadas, ataques armados y desapariciones, pero detrás de cada caso hay una historia que casi nunca aparece en las estadísticas: la de las niñas, niños y adolescentes que pierden a sus padres y deben aprender a vivir con una ausencia que no eligieron, y veces con estigmas de las circunstancias en la que fueron sus muertes. Además de quedar vulnerables social y económicamente. Madres Buscadoras han alzado la voz, pero no son escuchadas. “Todos hablan de los homicidios que no paran en Tijuana, pero de lo que no hablan es de los hijos de esas personas que fueron ejecutadas. ¿Quién les ayuda a no caer en malos pasos? Para ellos no hay programas de apoyo como para las madres solteras o los viejitos”, señaló Angélica Ramírez, del colectivo Una Nación BuscandoT.

Pocos son los que preguntan: ¿Quién se hace cargo de ellos cuando una madre o un padre, o los dos, son asesinados? ¿Quién ayuda a sus abuelos a cubrir la alimentación, la escuela y la atención psicológica? ¿Qué ocurre con los menores que, además de perder a sus familiares, crecen bajo el estigma de llevar el apellido de alguien relacionado con actividades delictivas?

Tienen un nombre que pocas personas se atreven a pronunciar: Los Huérfanos del Narco o Huérfanos de la Violencia. Son menores que quedan en el desamparo por homicidios y desapariciones vinculados con el crimen organizado. Algunos pierden a sus padres por su participación en actividades ilícitas, otros son víctimas indirectas de una violencia que irrumpe en sus hogares y transforma sus vidas para siempre.

De acuerdo con las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública citadas para esta investigación, Baja California registró mil 92 homicidios entre enero y septiembre de 2026, por los que obtuvo el primer lugar a nivel nacional. Sin embargo, no existe un registro oficial que permita establecer cuántos hijos menores de edad quedaron en la orfandad a consecuencia de esas muertes.

A los homicidios se suman las desapariciones. Cuando una persona desaparece, sus hijos pueden quedar sin sustento económico y sin la presencia de quien los cuidaba, mientras sus familiares enfrentan la incertidumbre de no saber dónde está ni qué le ocurrió.

En medio de esa realidad, los menores necesitan algo más que ser contabilizados como una consecuencia de la violencia. Requieren protección, acompañamiento y oportunidades para construir su propio futuro.

Busca a su hijo y cría al nieto que quedó

Claudia conoce la incertidumbre de buscar a un hijo desaparecido. Mientras participa en las labores para localizarlo en fosas clandestinas en Tijuana, también se hace cargo de su nieto, un niño de 6 años y que crece con la ausencia de su padre.

El pequeño ha acompañado algunas veces a su abuela en las búsquedas aunque no sepa lo que hacen esas mujeres que escarban la tierra, que quitan llantas, piedras, basura. El colectivo localizó 10 cuerpos en la colonia Infonavit Cachanillas de Tijuana. En ese lugar se avivó la esperanza en el pecho de Claudia por encontrar a su hijo. Quiere darle una sepultura y que descanse en paz. Pero tiene que esperar al resultado de las pruebas de ADN, que pueden tardar unas semanas o unos años.

“[La mamá de su nieto] no se puede hacer cargo de él, pero yo lo hago con todo el amor del mundo. Él ha acompañado a la búsqueda de su papá a veces. En la colonia Infonavit Cachanillas aquí ya encontramos 10 cuerpos, todavía no siento que lo hayamos encontrado. En esta fosa encontramos 12 cuerpos en el 2024. Yo siento que lo voy a encontrar ahí porque en ese lugar denuncias al colectivo dicen que está ahí mi hijo enterrado”, platicó con tristeza en su voz.

Lee más: Familias de desaparecidos pasan Día de Muertos entre incertidumbre y dificultades en BC

La vida de Claudia transcurre entre la búsqueda de su hijo y la crianza de un niño que necesita cuidados, estabilidad y respuestas. Su historia muestra cómo la desaparición no afecta solamente a quien falta, también transforma la vida de quienes esperan y de los menores que crecen en medio de esa incertidumbre.

Para su nieto, la ausencia de su padre es parte de una historia que todavía no tiene respuesta. Para ella, seguir buscando y cuidarlo son responsabilidades que avanzan al mismo tiempo.

Quedó a su cuidado por el asesinato del papá

María —nombre ficticio que pidió para proteger su identidad— asumió la crianza de su nieto cuando el niño tenía 2 años. Su hijo, padre del menor, se dedicaba a la venta de drogas al menudeo y fue asesinado en enero de 2024 en una colonia de Tijuana.

La mujer reconoce que su hijo se había involucrado en actividades delictivas y que había entrado en territorio controlado por un grupo rival. También recuerda que, desde joven, él buscó una forma de obtener ingresos en un entorno donde, asegura, no encontraba oportunidades laborales.

“Él no era malo, pero andaba en malos pasos. Él no mataba a nadie, se metió a la venta porque nadie le daba trabajo y no tenía estudios. Siempre le decía que se saliera de eso, pero empezó como a los 17 años”, contó.

María también señaló que su hijo se había hecho cargo del niño desde que era pequeño, debido a que la madre del menor enfrentaba problemas de adicción. Tras ese asesinato, el Sistema DIF promovieó acciones para que le otorgaran la custodia, al ser la familiar directa.

No sabe por qué, pero antes de morir, su hijo le dijo que si algo le sucedía buscara en el colchón. Encontró dinero, un arma y droga. Los recursos le permitieron sostenerse durante algunos meses, pero pronto se agotaron.

Desde entonces, María ha sobrevivido limpiando casas y vendiendo ropa de segunda mano que otras personas le regalan. Su principal preocupación es cubrir las necesidades de su nieto.

“Es difícil porque no tengo trabajo y el niño no deja de tener sus necesidades. No hay un apoyo de Gobierno porque aún no tengo la tercera edad para pedir una pensión y pues no soy madre soltera para pedir apoyo de las jefas de familia que dan en los gobiernos”, lamentó.

Las desgracias nos alcanzan a todos

En medio de las dificultades, hubo alguien que le tendió la mano. Don Guillermo, Don Memo, dueño de un puesto de tacos en la colonia Independencia y, cuando podía, le regalaba la comida que no había vendido para que ella y su nieto pudieran alimentarse.

María recuerda ese gesto como una ayuda que iba más allá de un plato de comida. Don Memo sabía que ella criaba a su nieto y procuraba que al niño no le faltara alimento.

Lee más: Tijuana encabeza desaparición de personas en Baja California: 3,245 casos

Pero el 16 de julio de 2024, Guillermo Hernández Navarro, de 53 años, y su hijo José Guillermo Hernández Rojas, de 27, fueron atacados a balazos mientras atendían su puesto de tacos. Ambos murieron en el lugar.

De acuerdo con los reportes policiales, el ataque ocurrió alrededor de las 12:30 horas, en el establecimiento ubicado en la calle Vicente Guerrero, esquina con Ignacio Allende, colonia Independencia. La agresión ocurrió a plena luz del día, frente a clientes y personas que transitaban por la zona.

Vecinos y clientes los recuerdan por su generosidad al compartir alimentos con quienes más lo necesitaban. Tras el doble homicidio, cientos de personas acudieron al lugar para dejar flores y veladoras.

La muerte de José Guillermo dejó también a un hijo de 1 año en orfandad. “Dejó Memito un hijo de 1 año, otro huerfanito que dejan los malandros. Don Memo siempre me decía que por comida para mi nieto no me preocupara. Adoraba a su nieto y como que entendía que yo tenía un nieto también (me ayudaba)”, recordó María.

En esta historia, dos niños quedaron sin sus padres y dos familias tuvieron que aprender a vivir con la ausencia. También quedó el recuerdo de un hombre que, con un gesto cotidiano, ayudaba a que un menor tuviera comida en su mesa.

Las historias de María y Claudia son distintas, pero comparten una realidad: cuando la violencia arrebata a un padre o una madre, las consecuencias alcanzan a los niños y a los familiares que asumen su cuidado. Los abuelos, muchas veces, se convierten en el principal sostén afectivo y económico, aunque no siempre cuentan con los recursos para cubrir todas las necesidades de sus nietos.

Tres niños sobreviven a la muerte de mamá

La violencia ha alcanzado a cientos de niñas, niños y adolescentes que no solamente pierden a sus padres, sino que presencian los ataques que les arrebatan la vida.

El 14 de septiembre, una pareja fue asesinada con armas de alto poder en una vivienda de la colonia El Florido, en Tijuana. En el lugar se encontraban tres menores: una adolescente de 15 años, un adolescente de 14 y un niño de 11, quienes lograron sobrevivir al ataque.

La vivienda, estaba construida con madera, cartón, lonas y otros materiales en la calle Popotla y esquina con Acueducto. En ese espacio vivían los tres menores con su madre, de 30 años, y la pareja de ella.

La mujer, quien presuntamente se dedicaba a la venta de drogas, fue asesinada dentro de la vivienda, mientras que el hombre también narcomenudista murió en el exterior. Sus verdugos utilizaron armas largas y decenas de municiones.

Los tres menores quedaron expuestos a una escena de violencia que ningún niño debería tener que enfrentar. Después del ataque, las corporaciones policiales activaron el protocolo de atención correspondiente para que fueran puestos bajo protección de las autoridades competentes.

Sobrevivir al ataque fue apenas el primer paso. Después, los menores necesitan un entorno seguro, atención psicológica, continuidad escolar y adultos que puedan acompañarlos a procesar lo ocurrido.

La historia de estos hermanos recuerda que la violencia no termina cuando cesan los disparos. Sus consecuencias pueden permanecer en la memoria, en el miedo y en la manera en que los menores vuelven a relacionarse con el mundo.

Estiman colectivos entre 5 mil y 18 mil menores

Ante la falta de estadísticas oficiales, organizaciones civiles y colectivos de búsqueda han elaborado estimaciones sobre el número de niñas, niños y adolescentes que han quedado en la orfandad por la violencia en Baja California.

El antropólogo Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos, señaló que existen protocolos de atención para menores en situación de desamparo, a través de las autoridades y del Sistema DIF. Sin embargo, advirtió que la ausencia de registros y de seguimiento dificulta dimensionar el problema.

“Hay un protocolo legal y de asistencia social por parte del Estado, a través de la Fiscalía y también del DIF. O sea, hay ese protocolo, pero en realidad están totalmente desfasados. Son tantos los casos que realmente los menores quedan en la total indefensión”, expresó.

De acuerdo con las estimaciones referidas por Clark Alfaro, un colectivo de Mexicali calcula que en Baja California podría haber alrededor de 18 mil menores huérfanos de la violencia, mientras que otra organización, identificada como Esperanza Contigo, maneja una cifra más conservadora de aproximadamente 5 mil.

Las estimaciones abarcan a menores cuyos padres fueron asesinados en hechos relacionados con actividades delictivas, pero también a quienes perdieron a sus familiares por desapariciones y otras expresiones de la violencia criminal.

El especialista advirtió que, sin un registro oficial y un seguimiento institucional, resulta difícil conocer las necesidades particulares de cada niño, niña o adolescente y establecer políticas públicas dirigidas específicamente a ellos.

Las cifras de 5 mil y 18 mil corresponden a estimaciones de organizaciones civiles y no a un conteo oficial. La diferencia entre ambas también evidencia la necesidad de un registro que permita conocer cuántos menores están en esta situación, quiénes están a cargo de su cuidado y qué apoyos requieren. 

DIF: Alrededor de 40 menores su bajo protección

La directora del Sistema DIF de Baja California, Diana Asunción Pérez Álvarez, explicó que cuando un menor queda en situación de desamparo, las autoridades buscan primero a sus familiares para procurar que permanezca dentro de su entorno familiar, siempre que existan condiciones adecuadas para su protección.

“En todos esos casos trabajamos con la información que tenemos, la búsqueda de familiares (de los menores), y se busca reintegrarlos a su ambiente o a su dinámica familiar, su familia de origen”, señaló.

Cuando no existen familiares que puedan hacerse cargo de ellos, o cuando se determina que no es posible garantizar su protección en ese entorno, las autoridades pueden iniciar los procedimientos legales correspondientes para definir una medida de protección permanente.

La funcionaria explicó que cada menor requiere una valoración individual, pues algunos llegan con problemas de salud, desnutrición o bajo peso, mientras que otros necesitan atención especializada para atender las consecuencias emocionales de las situaciones que enfrentaron.

“Todos los niños, sea cual sea el motivo de ingreso, a cada uno se le realiza un plan individual de restitución de derechos. Entonces, cada uno tiene una medida de atención diferente. Las básicas y generales son salud, alimentación, educación, todo lo que tenga que ver con las necesidades básicas y los derechos de los menores a una vida digna”, indicó.

De acuerdo con la información proporcionada por el DIF estatal, alrededor de mil 300 niñas, niños y adolescentes se encuentran bajo resguardo en albergues de la dependencia y centros privados administrados por organizaciones civiles.

La funcionaria estimó que alrededor de 40 menores bajo protección institucional corresponden a casos relacionados con padres involucrados en actividades vinculadas con la violencia. Según su explicación, la mayoría de los ingresos a los albergues se relaciona con omisiones de cuidados y otros casos con situaciones de violencia.

Estas cifras corresponden a menores bajo protección institucional y no representan el total de niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus padres por homicidio o desaparición. Muchos permanecen con abuelos, tíos u otros familiares, por lo que no necesariamente aparecen en los registros de albergues.

Que historia de padres no determine su futuro

Los especialistas coinciden en que detrás de cada caso hay una infancia que necesita protección, alimentación, educación, atención médica y acompañamiento emocional. También hay abuelas y otros familiares que asumen la crianza de los menores sin contar necesariamente con los ingresos o las condiciones para hacerlo.

La respuesta institucional no puede limitarse a recibir a los niños cuando ya no existe una alternativa familiar. También es necesario identificar a quienes permanecen con sus familiares, evaluar sus condiciones de vida y garantizar que tengan acceso a los servicios que requieren.

Enfatizan que las niñas, niños y adolescentes que pierden a sus padres por hechos relacionados con el crimen organizado no son responsables de las decisiones de los adultos. Tampoco deben ser definidos por los delitos que se atribuyen a sus progenitores, por el lugar donde nacieron o por las condiciones económicas de sus familias.

Algunos necesitarán apoyo para superar experiencias traumáticas; otros requerirán ayuda para continuar sus estudios o para que sus cuidadores puedan cubrir los gastos cotidianos. Todos tienen derecho a crecer en condiciones dignas, a sentirse protegidos y a desarrollar sus capacidades.

Porque detrás de las estadísticas hay menores que todavía tienen una vida por delante. Niñas y niños que merecen jugar sin miedo. Adolescentes que tienen derecho a estudiar. Jóvenes que deben tener por delante un futuro sin que la historia de sus padres se convierta en una sentencia sobre su propia vida.

No se trata de ignorar los delitos ni de minimizar el daño causado a las víctimas. Se trata de entender que la responsabilidad de los adultos no puede trasladarse a sus hijos y que la protección de la infancia debe estar por encima de cualquier estigma.

Lee más: Números rojos: Violencia familiar en Baja California se dispara 120% en 8 años

Para ellos, una oportunidad puede significar permanecer en la escuela, recibir atención psicológica, vivir con una familia que los cuide o tener la certeza de que habrá comida en la mesa todos los días.

La violencia ya les arrebató demasiado. Que no les quite también la posibilidad de soñar, de elegir un camino distinto y de construir un destino propio.

Su historia no debería quedar definida por la forma en que perdieron a sus padres, sino por las oportunidades que la sociedad sea capaz de ofrecerles para vivir una vida diferente.