Ana Lilia Ramírez · 8 de septiembre de 2026
La incertidumbre entre transportistas mexicanos que cruzan diariamente hacia Estados Unidos crece ante el retiro de visas B1 y los señalamientos de presunto cabotaje, mientras el sector empresarial advierte que cualquier interrupción prolongada en las garitas puede traducirse en millonarias pérdidas económicas para la región.
Los operadores cuestionan que, en algunos casos, sean señalados por autoridades estadounidenses de realizar actividades consideradas como cabotaje sin recibir una explicación clara sobre qué movimiento, ruta u operación habría provocado la infracción.
Para Alan Verdugo, representante de la Coalición Quinta Rueda, el problema representa algo más que perder el permiso para cruzar la frontera: significa poner en riesgo su empleo y los ingresos de sus familias. Fue este lunes que permitieron la apertura del cruce comercial de Calexico después de varios días.

“Vamos a dar un tiempo para ver si hay un avance y dejar abierto el flujo de camiones, en un tiempo de tres semana o un mes, si nada ha avanzado y se sigue viendo que las visas se siguen retirando a diestra y siniestra, pues volveremos a tomarlas, ahora más grande: en Tijuana y San Luis Río Colorado”, señaló Verdugo, quien se desempeña como chofer de carga.
La situación provocó el bloqueo durante cuatro días de la Garita Comercial Mexicali-Calexico, en demanda de respuestas y de una revisión de los casos de los operadores afectados.
Pero las consecuencias económicas de un conflicto fronterizo no se quedan en los transportistas.
Cuando una garita comercial reduce su operación o permanece bloqueada, cientos de unidades pueden quedar varadas durante horas, generando consumo adicional de combustible, pérdida de tiempo de los operadores, retrasos en las entregas y mayores costos logísticos.

Las empresas que dependen del movimiento transfronterizo también enfrentan afectaciones, particularmente aquellas que trabajan con inventarios reducidos y entregas programadas.
De acuerdo con estimaciones difundidas durante el conflicto, por la Garita Comercial Mexicali-Calexico circulan alrededor de mil 800 camiones diariamente, con operaciones comerciales que rondan los 250 millones de dólares al día.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali, Octavio Sandoval López, indicó que una interrupción prolongada puede tener repercusiones en exportadores, importadores, empresas manufactureras, proveedores y comercios de ambos lados de la frontera.
Sandoval López señaló que para levantar el bloqueo se acordó que los choferes afectados estarán representados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través del Consulado de México en Calexico ante las autoridades de la Oficina de Protección Fronteriza y Aduanas (CBP, por sus siglas en inglés).

“Que el titular de la visa no tenga y incertidumbre y no tenga la condición que tiene ahorita de miedo de cruzar a Estados Unidos con su mercancía o camión en condición de trabajo”, advirtió Sandoval López.
El riesgo no sólo está en las pérdidas que provoca un bloqueo, añadió, sino en la posibilidad de que la incertidumbre genere nuevos conflictos.
Los transportistas piden reglas claras para saber exactamente qué actividades pueden realizar en Estados Unidos con una visa B1 y evitar que una interpretación de las normas termine con la cancelación de su documento.
El cabotaje, en términos generales, consiste en transportar mercancías entre dos puntos dentro de Estados Unidos por parte de un transportista extranjero. Las restricciones estadounidenses buscan impedir que operadores extranjeros realicen servicios de transporte exclusivamente dentro de ese país.

El reclamo de los transportistas mexicanos es que exista mayor claridad sobre la aplicación de estas disposiciones en situaciones reales de operación.
Ante el conflicto, el CCE de Baja California participó en las negociaciones para liberar el cruce y planteó establecer una mesa permanente de trabajo con transportistas y autoridades.
La intención es revisar los casos de los operadores que perdieron sus visas y buscar la intervención de las autoridades federales mexicanas ante sus contrapartes estadounidenses.
Para los empresarios, resolver el conflicto resulta prioritario no sólo para los transportistas, sino para mantener la estabilidad del comercio fronterizo.
La problemática deja una doble preocupación sobre la mesa: por un lado, transportistas que temen perder su visa y su fuente de empleo sin conocer con claridad las razones de la sanción; y, por otro, empresas que enfrentan pérdidas cada vez que el flujo de mercancías se interrumpe.
En una región donde miles de empleos y empresas dependen diariamente del intercambio comercial con Estados Unidos, mantener operativas las garitas se vuelve un asunto económico de primera importancia.

Por ello, el sector transportista insiste en que necesita certeza, reglas claras y mecanismos para conocer y defenderse ante una acusación de cabotaje, mientras los empresarios buscan evitar que las diferencias entre operadores y autoridades terminen nuevamente paralizando los cruces.
Porque cuando una garita se detiene, no sólo se queda parado un camión: también se frenan mercancías, empleos, producción y millones de dólares en actividad económica.