Kenia Hernández Rivera · 13 de agosto de 2026
A partir de una declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina del 11 de agosto, en plataformas como Facebook y TikTok circulan contenidos que aseguran que la mandataria mexicana “va a liberar a los ladrones”. Sin embargo, la afirmación está sacada de contexto.
La funcionaria explicó que su gobierno analiza modificaciones jurídicas para agilizar los procesos de algunas personas privadas de la libertad, pero no anunció la aplicación inmediata de un programa de liberaciones.
“¿Te robaron? ¿Mataron a un familiar para robarle? Claudia va a liberar a los ladrones. Según declaró la propia presidenta de México, junto con su compañera de partido, expresidenta de Morena y actual consejera jurídica de la Presidencia, están analizando liberar a los presos por el delito de robo”, señala una publicación en Facebook. El contenido acumula 4 mil 200 interacciones, mil 200 comentarios y 282 mil reproducciones. En TikTok, la misma narrativa supera las 246 mil visualizaciones.
Aunque el gobierno de Sheinbaum sí analiza un esquema para acelerar los procesos o revisar la situación de personas privadas de la libertad por delitos menores o que llevan años sin sentencia, ante la sobrepoblación de algunos centros penitenciarios, las publicaciones omiten una parte relevante de la declaración presidencial: la administración federal todavía estudia qué modificaciones jurídicas serían necesarias para poner en marcha la medida.
Para identificar el origen del video, El Sabueso realizó una búsqueda inversa de las imágenes y encontró que corresponden a la conferencia matutina del 11 de agosto de 2026. Durante la conferencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la población penitenciaria aumentó entre 14 y 15% durante la actual administración, hasta alcanzar unas 270 mil personas.
Harfuch explicó que el sistema penitenciario recibió alrededor de 35 mil personas desde el inicio del gobierno de Sheinbaum, como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad.
“Lo que es muy importante es el aumento en estos casi dos años de la administración, que está entre 14 y 15 por ciento, de la población penitenciaria en el país, que es resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad porque son detenidos por alto impacto”, dijo entonces.
Ante la saturación de algunos centros penitenciarios, Sheinbaum anunció que su gobierno planea construir seis nuevos penales estatales. Al mismo tiempo, dio a conocer que la administración analiza un esquema para revisar los casos de personas privadas de la libertad por robos menores o que llevan varios años sin sentencia.
“Hay penales que tienen sobrepoblación, por eso estamos trabajando en dos áreas: una, a través de Luisa María Alcalde, la consejera jurídica, para poder generar las liberaciones de personas que están presas por robo, por delitos menores o personas que no tienen sentencia y que todavía están detenidas (…) Y la otra es poder construir nuevos espacios de detención. Son alrededor de seis que están en este momento en planeación, todavía no tenemos los recursos ni sabemos exactamente cuánto habría que destinarle”, explicó Sheinbaum.
La presidenta, no obstante, precisó que el gobierno todavía analiza las modificaciones jurídicas necesarias para aplicar el esquema.
“Lo trabaja siempre Secretaría de Gobernación, pero estamos viendo si se requieren algunas modificaciones jurídicas que nos permitan que las personas que están por delitos menores o que llevan ya muchos años sin sentencia, pueda acelerarse su proceso. Esa es una parte que estamos trabajando”, señaló.
Lo planteado por Sheinbaum no implica, por sí mismo, eliminar la prisión preventiva oficiosa. El gobierno federal analiza modificaciones jurídicas para acelerar los procesos de personas que permanecen privadas de la libertad sin una sentencia, así como revisar casos de personas acusadas de delitos menores.
La prisión preventiva es una medida cautelar que permite mantener a una persona en prisión mientras continúa su proceso penal. Puede ser oficiosa, cuando la Constitución establece su aplicación para determinados delitos, o justificada, cuando el Ministerio Público solicita al juez esta medida y expone razones concretas, como un posible riesgo de fuga o de obstaculización del proceso.
Por ello, liberar a personas que llevan años sin sentencia no necesariamente exige eliminar la prisión preventiva oficiosa. Existen otras vías, como la revisión de las medidas cautelares, la modificación de las condiciones de prisión preventiva o la agilización de los procesos judiciales.
No obstante, una eventual eliminación o sustitución de la prisión preventiva oficiosa sí podría modificar el número de personas que permanecen en prisión sin sentencia. De acuerdo con datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2026, de las 97 mil 90 personas adultas privadas de la libertad sin sentencia, 34.3% se encuentra con estatus de prisión preventiva justificada; 50.1%, de prisión preventiva oficiosa; 1.8%, en otro supuesto jurídico; y para 13.8 % no se identificó el estatus jurídico.

Con respecto al rango de tiempo en espera de sentencia para las personas privadas de la libertad, al cierre de 2025, 21.5% de las mujeres y 23.2% de los hombres tuvieron de seis hasta menos de 12 meses en espera de su sentencia.
De esta manera, el anuncio de Sheinbaum plantea dos asuntos distintos: por un lado, la necesidad de acelerar los procesos de personas que llevan años privadas de la libertad sin sentencia y, por otro, el debate sobre la permanencia de la prisión preventiva oficiosa.
En conclusión, la narrativa que circula en redes sociales de que “la presidenta va a liberar a los ladrones” está sacada de contexto. Su gobierno aún evalúa las modificaciones para su aplicación, es decir, no se trata del anuncio oficial de una medida.
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