¿El Comité contra la Desaparición Forzada forma parte de la ONU? ¿Cuál es su función?

El 2 de abril pasado, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al secretario general que remita, de manera urgente, la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General. El objetivo, que el órgano principal considere medidas de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en búsquedas, análisis forense e investigaciones en el país.

Tras esta solicitud del CED, sustentada en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el gobierno de México rechazó el informe al describirlo como “carente de rigor jurídico” por omitir los avances institucionales logrados desde 2018, especialmente a partir de 2025, así como por basarse en datos anteriores, principalmente de 2009 a 2017, en torno a la desaparición de personas.

Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, cuestionaron el estatus del Comité contra la Desaparición Forzada, pues, argumentaron, no forma parte propiamente de la ONU, sino que se trata solo de un “grupo de expertos” o un organismo vinculado con la organización.

“Este es un comité que no es un comité de Naciones Unidas, es un comité de expertos que está vinculado con Naciones Unidas”, puntualizó la mandataria.

La función del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU

El CED no es una “opinión externa” ni se trata de un grupo ajeno a la Organización de las Naciones Unidas. En realidad se trata de uno de los diez órganos de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas. Fue creado por los Estados parte de la convención, en donde se incluye México, país que lo ratificó de manera voluntaria.

El Comité está compuesto por diez expertos independientes. Juan Pablo Albán, originario de Ecuador, funge como presidente; los vicepresidentes son Matar Diop, de Senegal; Olivier de Frouville, de Francia, y Carmen Rosa Villa, de Perú, así como la relatora Marija Definis, originaria de Croacia.

El resto de los integrantes son Yakouma Jean de Dieu Bambara, de Burkina Faso; Fidelis Kanyongolo, de Malawi; Barbara Lochbihler, de Alemania; Elías Ricardo Solís, de Panamá, y Paulo de Tarso, originario de Brasil.

Los integrantes del CED fueron elegidos por los propios Estados. Su función es supervisar que los países cumplan la convención ―tratados internacionales vinculantes adoptados por los Estados―, por lo tanto, conforman un órgano oficial del sistema de tratados de la ONU.

La Asamblea General es el principal órgano deliberativo y normativo de la ONU, está integrada por los 193 Estados miembros y toma decisiones por mayoría. En este sentido, el artículo 34 de la convención prevé que el CED pueda remitir casos graves a la Asamblea General para que esta actúe.

Juan Pablo Albán, miembro y presidente del CED, respondió a través de su cuenta de X a los cuestionamientos del gobierno mexicano y explicó que los órganos creados en virtud de tratados forman parte del sistema de las Naciones Unidas, ya que se trata de mecanismos generados por tratados internacionales adoptados en el interior de la ONU por los Estados miembros ―entre ellos México―; por lo tanto, su función es supervisar su aplicación.

La postura del Comité contra la Desaparición Forzada es la postura de la ONU, ya que los tratados de derechos humanos son parte del derecho internacional vinculante para los Estados que los ratificaron, como es el caso de México, explica a El Sabueso el abogado constitucionalista Luis Tejeda.

Por ello mismo, la remisión del informe del CED a la Asamblea General es un mecanismo previsto y acordado por todos los Estados partes de la convención, es decir, no se trata de una intervención externa, como aseguró el gobierno de México, sino de un procedimiento interno del sistema que México aceptó al ratificar el tratado, añade Tejeda.

“Los comités de tratados emiten observaciones y decisiones en nombre de la ONU basadas en evidencia presentada por los propios Estados, víctimas y sociedad civil”, concluye el abogado.

¿Qué dice el comunicado del Comité contra la Desaparición Forzada?

El procedimiento del artículo 34 se activó formalmente en abril de 2025 durante la vigesimoctava sesión del Comité. En octubre de ese mismo año, durante la vigesimonovena sesión, el CED revisó el caso de México, sostuvo diálogos con colectivos de víctimas de desaparición y solicitó información adicional al Estado mexicano.

En respuesta, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó las afirmaciones del Comité, las calificó de infundadas y reiteró que las desapariciones de personas se deben principalmente al crimen organizado y no a una política estatal.

El 2 de abril de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU anunció su decisión de solicitar al secretario general de la Naciones Unidas que remita de manera urgente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General.

De acuerdo con lo que informó el CED, la información recibida contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas, como crímenes de lesa humanidad, debido a múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y regiones del país.

Los crímenes de lesa humanidad son aquellos cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, tales como el asesinato, tortura, esclavitud, persecución, desaparición forzada, así como la violación y otras formas de violencia sexual.

El documento señala que, con respecto a la magnitud de la crisis en México, si bien el Registro Nacional de Personas Desaparecidas contiene casos, todavía no ofrece una proyección clara de cuántos casos registrados corresponden a desapariciones forzadas.

El Comité también mencionó que continuamente se hallan fosas clandestinas en todo el país, estimando que se han localizado más de 4,500, que contienen más de 6,200 cuerpos y 4,600 restos humanos, así como alrededor de 72,000 restos humanos no identificados.

El propio CED reconoció que el gobierno mexicano ha encabezado diferentes esfuerzos para resolver el problema, pero considera que han sido insuficientes para revertir la magnitud de la crisis que se vive en la materia en el interior del país.

Por lo anterior, el Comité activó el artículo 34 de la convención y pidió a la Asamblea General que considere medidas concretas de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en operaciones de búsqueda, análisis forense e investigaciones exhaustivas, incluidos los posibles vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.

El organismo de la ONU aclaró que el procedimiento no tiene como objetivo actuar como una comisión de investigación ni establecer responsabilidades penales individuales, sino facilitar una cooperación oportuna para que México pueda reforzar su respuesta, proteger a las víctimas y sus familias, y evitar que la situación continúe empeorando.

La respuesta del gobierno mexicano

La respuesta del gobierno de México al comunicado del CED fue un rechazo expresado por medio de un comunicado en conjunto de la cancillería y la Secretaría de Gobernación (Segob), publicado el mismo 2 de abril.

En este documento, el gobierno calificó el informe como “tendencioso”, “parcial” y “carente de rigor jurídico”. Menciona que omite los avances institucionales y legislativos logrados desde 2019, además de que no tomó en cuenta la información y observaciones actualizadas enviadas por México antes de que el CED publicara su resolución. 

“México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”, se lee en la respuesta.

Finalmente, durante la conferencia mañanera del 6 de abril, la presidenta Sheinbaum abordó el tema y mencionó que el informe es inexacto porque extrapola casos antiguos, sobre todo de cuatro estados, entre 2009 y 2017.