Regina López Puerta y Arturo Daen · 23 de agosto de 2024
Ante las críticas que hizo el embajador de Estados Unidos Ken Salazar a la reforma judicial que impulsa Morena, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, publicó un tuit asegurando que “en 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular”.
Pero su dicho es engañoso.
Sheinbaum no precisa que en la reforma judicial del plan C de Andrés Manuel López Obrador incluye la elección por voto popular de los jueces estatales pero también federales, además de magistradas y magistrados, y de las y los ministros del máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Mientras que en el caso de Estados Unidos, solo se eligen con voto popular jueces a nivel estatal, pero no a nivel federal, ni a las ministras y ministros de su Corte Suprema, como explicó a El Sabueso en esta nota el abogado y politólogo Bernardo León Olea.
El proceso de designación de jueces federales se encuentra desglosado en el sitio oficial de las Cortes de Estados Unidos, detallando cómo se crean nuevos puestos judiciales.
“Los jueces de la Corte Suprema, los jueces de la corte de apelaciones y los jueces de la corte de distrito son nominados por el Presidente y confirmados por el Senado de los Estados Unidos, como lo establece la Constitución”, explica el Poder Judicial de Estados Unidos en el sitio.
A nivel estatal, varía el método de selección dependiendo del nivel de instancia de justicia, y hay distintos esquemas ya sea para primera designación, o para ratificar su cargo.
En el caso de la máxima instancia a nivel estatal, las denominadas court of last resort o cortes de última instancia, hay 22 de 50 estados donde se eligen jueces por medio del voto ciudadano, ya sea postulados por partidos o por cuenta propia, de acuerdo con datos de la organización independiente National Center for State Courts (NCSC).
En 21 de 50 estados se vota abiertamente para designar jueces de la corte intermedia de apelación, y en 28 de 50 estados en el caso de la corte de jurisdicción general, según los datos recabados por NCSC.
Un estudio de la Universidad de Chicago especifica que en 27 estados los gobernadores designan a los jueces, en 22 de ellos lo hacen con las recomendaciones de una comisión judicial de nominaciones. En otros dos estados, los eligen las legislaturas estatales.
De los estados que hacen elecciones populares, 14 hacen una selección inicial apartidista y 7 hacen elecciones partidistas.
Para las reelecciones, 18 estados hacen consultas populares no competitivas de “retención”, es decir, preguntan al público si quieren que tal juez permanezca en ese puesto, 13 estados hacen elecciones apartidistas, y 5 hacen elecciones partidistas.
En dos estados, Massachusetts y Nuevo Hampshire, los jueces sólo tienen permitido servir durante un periodo, y además tienen una edad obligatoria de jubilación, aunque en el estado de Delaware, son puestos vitalicios.
El resto de los estados dependen de que el gobernador, las legislaturas estatales y las comisiones judiciales de nominación los designen de nuevo para un segundo periodo. También es importante señalar que los métodos para las cortes menores o municipales pueden variar, y ser diferentes a los de las cortes estatales.
De acuerdo con el Instituto para el Avance del Sistema Legal Americano de la Universidad de Denver, las elecciones pueden ser partidistas o apartidistas dependiendo del estado. Las elecciones partidistas funcionan de la misma manera en la que se hacen para cargos como el senado, el congreso o la gubernatura.
En las elecciones apartidistas los candidatos compiten en una primaria no partidista. En la mayoría de los estados con este tipo de elecciones, si un candidato no obtiene al menos el 50% de los votos, los dos candidatos con mayor cantidad de votos compiten en las elecciones generales. En las boletas sólo aparecen con su nombre, sin ningún tipo de logotipo que los relacione con un partido político.
En algunos estados el gobernador tiene el poder de designar a los jueces, apoyado con la ratificación del congreso estatal después de que una comisión judicial estatal nomina a los posibles candidatos para obtener el puesto.
Las comisiones judiciales estatales encargadas de las nominaciones se componen de una combinación entre abogados, otros jueces y personas no expertas –laicos–, para mantener la imparcialidad.
Otros estados, como Missouri, tienen sistemas híbridos. Este estado reformó su sistema judicial después de encontrar problemas en el proceso de elecciones populares “debido a la corrupción política del sistema judicial”, según citan en el sitio del Poder Judicial del Estado de Missouri.
Hace 65 años desarrollaron un sistema en el que los jueces son designados por el gobernador con la recomendación de una comisión, pero un año después de su designación hacen un proceso de ratificación por una consulta popular. Si el juez logra obtener más del 50% de los votos a favor, puede conservar su puesto por el resto del periodo, y si no, el gobernador debe designar otro juez.
Se buscó al equipo de Sheinbaum para obtener un comentario, pero hasta la publicación de esta nota no habían respondido.
El abogado León Olea destacó además que el sistema de justicia estadounidense opera de forma distinta al mexicano.
En aquellos estados estadounidenses en los que los jueces son electos por voto popular, apuntó, el derecho ciudadano a los juicios con jurado permite equilibrar el terreno en aquellos casos en los que los ciudadanos deban ser juzgados por jueces electos cuyo sesgo político —ya sea de corte conservador o liberal— pudiera afectar la sentencia.
El especialista además señala que en Estados Unidos todo juez debe de haber tenido, al menos, una formación de siete años. La persona que quiera ser juez debe de haber cursado al menos una licenciatura, hacer tres años de Juris doctor —posgrado que otorga acceso a la práctica de la abogacía— y aprobar el examen de la barra de abogados.
Una encuesta realizada a mil jueces por el Colegio Nacional Judicial de Estados Unidos encontró que el 63% de los jueces prefieren ser designados a ser elegidos por voto popular.
Algunos argumentos señalados en dicha encuesta en contra del voto popular son las preocupaciones éticas y la protección de la imparcialidad, ya que las donaciones a sus campañas pueden crear conflictos de interés.
Sanford C. Gordon, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, señaló que: “Al inyectar la política en la rama del gobierno para la cual la independencia e imparcialidad son indispensables, las elecciones judiciales amenazan con socavar el estado de derecho. Eliminar las elecciones judiciales y sustituirlas por comisiones de nominación bipartidistas (o no partidistas) despolitizaría y restauraría la confianza en los sistemas judiciales estatales”.
Otra de las preocupaciones que citaron los encuestados por el Colegio Nacional Judicial, es que esto afecta el apego al Código Modelo de Ética Judicial, porque para ganar el voto popular, los jueces pueden verse tentados en cambiar sus puntos de vista con la opinión pública. El código dicta que un juez debe mantenerse imparcial sin importar lo que la opinión pública diga.
Otros señalan que el público generalmente no tiene la información necesaria y válida para poder hacer un voto informado por un juez, ya que sólo una minoría ha estudiado Derecho y está familiarizado con las necesidades particulares de estos puestos.
Además la organización Brennan Center for Justice documentó el aumento en el gasto de candidatos, “grupos de interés” y partidos en las campañas para las elecciones de jueces del nivel más alto a nivel estatal, pasando de 54 millones de dólares en 2001 a 101 millones en 2021-2022.