Luz Rangel · 2 de agosto de 2023
Gabriela Jiménez, quien era titular de la asociación civil “Que Siga la Democracia”, publicó en Twitter que el Instituto Nacional Electoral (INE) jamás probó que hubiera firmas de personas fallecidas para validar la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizada el 10 de abril de 2022.
Sin embargo, la autoridad electoral verificó y comprobó que 14 mil 940 apoyos presentados por “Que Siga la Democracia” fueron de personas dadas de baja del padrón electoral por defunción antes de la fecha en que supuestamente dieron su consentimiento. Incluso, el 30 de marzo de 2023, el INE avaló una sanción administrativa por medio millón de pesos a la asociación civil que representaba Gabriela Jiménez, según un comunicado.
Pero ¿cómo probó que hubiera firmas de personas fallecidas para validar la consulta de revocación de mandato? Para explicarte, El Sabueso revisó la resolución en la cual el INE determinó con base en formatos, constancias, anexos, registros e informes que existían faltas a la normativa electoral como proporcionar documentación o información falsa.
Para más información: El INE pide investigar a la organización Que Siga la Democracia por posible delito electoral
La resolución cita al artículo 54 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el cual establece atribuciones de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) tales como la verificación respecto al número de apoyos ciudadanos para la celebración de una consulta popular como la de revocación de mandato.
Los formatos que contenían las firmas de apoyo de la ciudadanía para la realización de la revocación de mandato fueron entregados en la Secretaría Ejecutiva del INE o ante las Juntas Locales Ejecutivas, para, posteriormente, ser enviadas a la DERFE.
La DERFE recibió los formatos físicos y las copias de la credencial para votar, así como las firmas obtenidas a través de la aplicación del INE para comenzar el proceso de verificación.
Esta área del INE tuvo que “compulsar los datos captados a través de la APP y mediante formatos físicos, contra la base de datos de la Lista Nominal”, según se lee en la resolución. El objetivo era verificar que los nombres de quienes habían suscrito la petición de revocación de mandato aparecieran en la lista nominal de electores, con corte al 15 de octubre de 2021.
Pero no bastó con los nombres, la DERFE también verificó las firmas, que en este caso fueron obtenidas del 1 de noviembre al 25 de diciembre de 2021, tanto en físico como en la aplicación.
“La referida Dirección Ejecutiva deberá realizar un ejercicio muestra para corroborar la autenticidad de las firmas de acuerdo a los criterios que la misma defina. Finalizada la verificación correspondiente, la Secretaría Ejecutiva del INE deberá presentar un informe detallado sobre el resultado de la revisión”, señala la resolución.
La DERFE clasificó los registros como no válidos cuando el registro de la firma de apoyo de la ciudadanía tiene baja del Padrón Electoral por alguna de las causas previstas en la normatividad, como la defunción. Si identifica irregularidades sistemáticas, debe avisar a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, tal como ocurrió.
El 4 de mayo de 2022, dicha unidad recibió un oficio en el cual la DERFE daba a conocer posibles irregularidades cometidas por promoventes del proceso de revocación de mandato, como “Que Siga la Democracia”.
Para comenzar la investigación, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral requirió información a la DERFE, que proporcionó los formatos digitalizados de 17 mil 460 apoyos recabados para la realización de la Revocación de Mandato, con situación registral dados de baja del padrón por defunción. De ese total, 14 mil 940 fueron presentados por la asociación civil “Que Siga la Democracia”.
“Se admitió a trámite el procedimiento y, al estimarse que existían los elementos y material probatorio suficiente, se ordenó emplazar, entre otras personas, a ‘Que Siga la Democracia, A.C.’, por conducto de su representante Gabriela Georgina Jiménez Godoy, como sujeto denunciado”, establece la resolución.
Pero antes de determinar si los hechos denunciados eran una infracción, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral verificó su existencia a partir de constancias probatorias en el expediente y pruebas aportadas por la DERFE y los obtenidos en la etapa de investigación.
Por ejemplo, el oficio INE/DERFE/STN/7884/2022, de la DERFE, al que se anexaron la relación de ciudadanas y ciudadanos con baja por defunción; el detalle de los registros identificados con este estatus recabados mediante el uso de la aplicación y formatos físicos; el informe final desagregado respecto del proceso de verificación de firmas y su identificación en la lista nominal.
Otras atribuciones de la DERFE, según la LGIPE, son formar el padrón electoral y mantenerlo actualizado sobre fallecimientos. “De ahí que, para este órgano colegiado existe plena certeza de que la información aportada por la DERFE es el resultado de la información que, por disposición legal compila, a través de los datos que le aportan las autoridades competentes, como son los registros civiles, quienes tienen la obligación de informar de las defunciones”, dice la resolución.
De esta manera el INE determinó que contenían información falsa, dado que esos apoyos correspondieron a personas que, de acuerdo con la información que por ley tiene esta autoridad electoral, habían causado baja del padrón electoral por defunción.
En abril de 2023, a días de la resolución del INE, “Que Siga la Democracia” impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a pesar de que la DERFE realizó el cotejo y análisis de las firmas recibidas por el INE.
Y de que, por la detección de irregularidades, avisó a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para que iniciara la investigación que confirmó que “Que Siga la Democracia” proporcionó de forma dolosa documentación o información falsa, faltas consideradas de gravedad especial.
“El INE nunca nos demostró que existieran estas firmas de fallecidos. Nosotros le preguntamos esta información por oficio y el INE nos respondió que no podían darnos esta información por protección de datos personales”, dice en entrevista Gabriela Jiménez, quien en su momento presidió la asociación civil.
El INE incluso notificó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai) por el posible uso indebido de datos personales y a la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible comisión de delitos.
Jiménez argumenta que el INE no entregó a un padrón electoral o dio acceso a la aplicación para poder verificar si había personas fallecidas. “Que Siga la Democracia” sólo cotejaba que la firma de la copia de la credencial para votar coincidiera con la registrada en el formato.
Las firmas que la asociación civil entregó están foliadas y escaneadas. Para afirmar que el INE probó que hubiera firmas de personas fallecidas, la exrepresentante de “Que Siga la Democracia” considera que el INE debió mencionar los folios.
“Habría que haber revisado, desde mi punto de vista, qué folios fueron para que yo supiera exactamente de qué estado son, tratar de identificar quién las entregó y, sobre todo, la fecha de muerte”, insiste Gabriela Jiménez.
“Que Siga la Democracia” espera la resolución de la Sala Superior del TEPJF y añade: “si somos acreedores de una multa, pues la pagaremos, siempre y cuando se respeten los principios de derecho”.