Luz Rangel · 17 de abril de 2025
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, habló de un mensaje de “cero impunidad” con el caso del feminicida serial de Iztacalco, pero en realidad Miguel N murió impune. No fue sentenciado por los crímenes que cometió en contra de, al menos, siete mujeres víctimas.
Y, aunque Brugada dijo que lo más importante fue que se detuvo al feminicida, la detención de Miguel N en 2024 no fue resultado de alguna investigación por parte de las autoridades. Esto a pesar de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya lo había identificado como un presunto feminicida desde 2020 y no actuó entonces, según documentó Animal Político.
Contrario a lo que dice la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel N no llegó a juicio ni siquiera por el feminicidio de María José, su última víctima y cuyo caso ocasionó su detención. Además, el domingo 13 de abril, fecha en la que las autoridades capitalinas reportaron la muerte de Miguel N, apenas se llevaría a cabo la audiencia de vinculación a proceso por los casos de otras dos de las víctimas.
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Erendali Trujillo, abogada defensora del caso de María José, la última víctima, explicó que tras la muerte de Miguel N, probable responsable de al menos siete feminicidios y desaparición de mujeres, el caso será sobreseído. Es decir, el proceso penal terminará sin llegar a una resolución porque el presunto feminicida serial no llegó a juicio.
“Nos quedamos prácticamente a una rayita de poder llegar a juicio y poder desahogar todas las pruebas y que le hubieran dictado sentencia”, dijo la abogada este miércoles a medios afuera del crematorio del Panteón Español, en la Ciudad de México. “(Pedíamos) 116 años, que es la pena máxima, la solicitó la Fiscalía”, agregó.
El 16 de abril de 2025 fue el primer aniversario luctuoso de María José, quien fue víctima de feminicidio a los 17 años. Por este caso Miguel N fue detenido en flagrancia, al intentar escapar del lugar donde ocurrieron los hechos en la colonia La Cruz, alcaldía Iztacalco.
De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Miguel N agredió sexualmente a María José y, cuando su madre, Cassandra Calles, llegó e intentó defenderla, él las lesionó con un cuchillo en varias partes del cuerpo. La mamá se convirtió en sobreviviente de tentativa de feminicidio.
De manera fortuita, las y los vecinos que escucharon los gritos de las víctimas lograron impedir que Miguel “N” se fugara. Lo retuvieron para entregarlo a las autoridades.
En la audiencia inicial por el caso, la Fiscalía capitalina obtuvo auto de vinculación a proceso con prisión preventiva en contra de Miguel “N”, quien permaneció en prisión preventiva casi un año en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. El domingo 13 de abril se cayó en su celda y después fue trasladado al Hospital General de Iztapalapa, donde murió de un paro cardiorespiratorio.
El caso de María José estaba en la etapa de audiencia intermedia, previo al desahogo de pruebas para el juicio.
“Se lo pusimos a las autoridades, se lo pusimos en las manos. Él pudo operar 12 años, pero las autoridades no pudieron hacer nada en un año”, lamentó Cassandra, madre de María José. “No llegó a juicio Miguel”, señaló.

El domingo 13 de abril, día en que murió Miguel N, se llevaría a cabo la audiencia de vinculación a proceso por los casos de dos víctimas. Además del feminicidio de María José y de una víctima de desaparición en 2018, se le atribuyen extraoficialmente cinco asesinatos más de mujeres: dos cometidos en 2012, uno en 2015, uno en 2019 y uno más en 2020.
En febrero de este año, las familias ya habían informado que en dos de los casos se aproximaba el cierre de las investigaciones y temían que fueran deficientes y, por ende, que Miguel N quedara absuelto de estos feminicidios y desapariciones.
Tras la muerte del feminicida serial, las familias de las víctimas Wendoline Belen Ibarra Espino, Frida Sofía Lima Rivera, Amairany Roblero González y Viviana Elizabeth Garrido Ibarra difundieron un comunicado en el que exigieron a las autoridades continuar con las investigaciones y garantizar el acceso a la verdad y a la justicia.

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