Cuenca Sabinas-Burgos: entre la falta de agua y el fracking desde 2012

En el noreste de México, el agua escasea. En Sabinas-Burro-Picachos —entre Coahuila y Nuevo León—, 83% del territorio presenta niveles altos o extremos de estrés hídrico, mientras que en Burgos —en Tamaulipas— existen cuencas y acuíferos con disponibilidad limitada o nula para nuevas extracciones. Son dos de las regiones que el gobierno mantiene bajo evaluación por su potencial para extraer gas mediante fracking, una técnica que requiere grandes volúmenes de agua. 

Un escenario de desarrollo en Sabinas contempla hasta 2 mil 233 pozos y 167.5 millones de metros cúbicos de agua, de acuerdo con estimaciones de la Alianza Mexicana Contra el Fracking; para la segunda provincia petrolera, CartoCrítica calcula mil 793 pozos y 134.5 millones de metros cúbicos de agua dulce.

Además, la posibilidad de continuar con las evaluaciones de viabilidad de yacimientos no convencionales de gas natural en Sabinas-Burro-Picachos también reabre el debate porque existe un sistema acuífero transfronterizo particularmente relevante para esta zona: Edwards-Trinity-El Burro, que se extiende entre México y Estados Unidos. En otras palabras, si las actividades realizadas en un lado de la frontera modificaran la cantidad o calidad del agua, el problema podría tener implicaciones para ambos países.

La región posee potencial para la extracción de gas de lutita (shale gas), un tipo de gas natural atrapado en formaciones rocosas de baja permeabilidad. Para extraerlo se recurre a la fracturación hidráulica, una técnica que requiere la inyección de grandes volúmenes de agua, arena y otros componentes a presión. El desafío radica en que, en esta misma zona, existen sistemas de agua subterránea que abastecen distintas actividades humanas.

El shale gas representa para México una alternativa para reducir la dependencia del gas importado, fortalecer la seguridad energética y abastecer de combustible a industrias y plantas de generación eléctrica.

De acuerdo con datos de la Comisión de Gas No Convencional, México importa 75% del gas natural que consume desde Estados Unidos. Este combustible se utiliza principalmente para la generación de electricidad y para actividades de la industria pesada, como las industrias cementera, acerera y automotriz. Del total de las importaciones, 93% proviene de yacimientos que utilizan fracking para extraer el hidrocarburo.

Los riesgos para Sabinas-Burro-Picachos y Burgos ante el fracking; bajo la mira desde 2012

Durante su conferencia de prensa del 6 de agosto, Sheinbaum retomó una serie de recomendaciones formuladas por un comité de expertos. Entre ellas se encuentra el uso de agua salada para la fracturación de pozos, con el objetivo de reservar el agua dulce para el consumo humano.

Los especialistas dejaron abierta la posibilidad de continuar con las evaluaciones de viabilidad de yacimientos no convencionales en Sabinas-Burro-Picachos y en la cuenca de Burgos, en el noroeste de Tamaulipas. En contraste, descartaron la cuenca Tampico-Misantla, ubicada frente a las costas del Golfo de México y extendida entre Veracruz y Tamaulipas, debido a las posibles afectaciones ambientales y sociales.

Alejandra Jiménez, integrante de la Alianza Mexicana Contra el Fracking, señala en entrevista que este escenario no es nuevo. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se realizaron trabajos de exploración para evaluar el potencial de gas y petróleo en estos territorios. Pero el desarrollo comercial a gran escala mediante fracking no llegó a consolidarse durante ese sexenio.

En su Plan de Negocios 2013-2017, Pemex identificó cinco provincias geológicas con potencial de aceite, gas y condensado de lutitas, entre ellas Sabinas-Burro-Picachos y Burgos. El documento contemplaba la evaluación, caracterización y desarrollo de plays no convencionales (zonas geológicas con características favorables para contener hidrocarburos), así como la perforación de pozos exploratorios.

Un documento de Pemex de 2012, previo al gobierno de Peña Nieto, ya identificaba ambas cuencas como provincias con potencial de gas de lutitas y señalaba que la empresa evaluaba estos recursos.

De acuerdo con Jiménez, en el territorio de la cuenca Sabinas-Burro-Picachos viven alrededor de 1.3 millones de personas, tanto en ciudades como en localidades rurales. La especialista estima que decenas de ejidos podrían resultar afectados si se desarrolla el fracking. La región también alberga comunidades indígenas, entre ellas el pueblo Kikapú.

“Son 151 ejidos los que resultarían afectados si se desarrolla fracking en ese territorio. Entonces ese criterio —la presencia de pueblos originarios y la riqueza ecológica— que fue usado para la cuenca Tampico-Misantla también se debería cumplir en el noreste del país”, explica a esta unidad de verificación de Animal Político.

Por ello, cuestiona que esta región no reciba la misma protección, sobre todo ante la promesa de campaña de Sheinbaum de no realizar fracking en México.

A esto se suma el estrés hídrico de la zona. Según la especialista, 83% del territorio presenta niveles altos o extremos de estrés hídrico. Señala que la región Sabinas-Burro-Picachos enfrenta esta situación desde hace al menos 13 años, por lo que considera contradictorio que el gobierno evalúe nuevamente el desarrollo del fracking en ese territorio.

Manuel Llano, director de CartoCrítica, compartió para el medio especializado en temas ambientales Mongabay Latam que, a nivel nacional, 18.6% del agua que se necesitaría para realizar fracking estaría en cuencas o acuíferos que ya no cuentan con disponibilidad de agua. Pero en Sabinas-Burro Picachos el problema sería mucho mayor; 100% del agua requerida para el fracking estaría en zonas sin disponibilidad actual de agua. Esto no significa que no exista absolutamente nada de líquido, sino que no hay volumen disponible para asignarlo a una nueva actividad.

La Alianza Mexicana Contra el Fracking compartió en su cuenta de Instagram que un eventual desarrollo de esta técnica podría implicar la perforación de hasta 2 mil 233 pozos. De acuerdo con sus cálculos, esto requeriría 168 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes a 16.8 millones de pipas.

El colectivo también estima que la inversión necesaria para obtener un volumen de gas equivalente a dos años del consumo actual de México podría alcanzar 31 millones de dólares. En su momento, la empresa de servicios en yacimientos petroleros SLB indicó previamente que el costo del fracking en México sería más costoso que en Estados Unidos en una etapa inicial.

En tanto, la provincia de Burgos también concentra una parte importante del interés por los hidrocarburos no convencionales, en particular por el gas seco y el gas húmedo. Según el documento Fracking sin coordenadas públicas, elaborado por la asociación civil CartoCrítica, en el área con potencial para la explotación de hidrocarburos no convencionales y su zona de impacto potencial viven más de 350 mil personas, distribuidas entre ciudades, localidades rurales y ejidos.

El documento estima que un eventual desarrollo del fracking podría requerir hasta mil 793 pozos y afectar a más de 2 mil 600 localidades rurales y 14 localidades urbanas.

Edwards-Trinity-El Burro: un acuífero que cruza la frontera

Aunado a lo anterior, el debate adquiere además una dimensión transfronteriza debido a la presencia de agua subterránea que se extienden entre México y Estados Unidos, como el sistema acuífero Edwards-Trinity-El Burro, relacionado con la región fronteriza de Coahuila y Texas.

Esto significa que cualquier actividad que pudiera afectar las aguas subterráneas (usada para el consumo humano, agricultura, ganadería o industria, dependiendo de su calidad y disponibilidad) tendría implicaciones que no necesariamente se limitarían al territorio mexicano. La especialista coincide en que este factor tendría implicaciones binacionales, en un contexto en el que el tema del agua ya ha generado fricciones entre ambos países de cara a las revisiones anuales del T-MEC, y en medio de lo que describe como “un clima de hostilidad por parte del gobierno estadounidense hacia gobiernos de América Latina que se oponen a sus políticas”.

Un artículo publicado en 2018 por el Instituto de Geografía de la UNAM advierte sobre la falta de estudios específicos acerca del funcionamiento del Sistema Acuífero Transfronterizo (SAT) Edwards-Trinity-El Burro en la zona de Coahuila y Texas.

En el texto, el investigador Gonzalo Hatch Kuri señala que la falta de conocimiento suficiente sobre el funcionamiento del sistema de agua subterránea dificulta la adopción de medidas para prevenir su afectación ante actividades extractivas.

El sistema Edwards-Trinity-El Burro tiene una extensión aproximada de 130 mil 5 kilómetros cuadrados, de los cuales alrededor de 22 mil kilómetros cuadrados se encuentran en México y el resto en Estados Unidos. Su espesor y configuración tridimensional todavía no se conocen con precisión.

Respecto de la extracción de agua subterránea, el estudio reporta alrededor de 10 hectómetros cúbicos anuales en México y 72 hectómetros cúbicos en Estados Unidos. En territorio estadounidense, 75% del agua se destina principalmente al sector agroindustrial, mientras que el 25% restante corresponde a actividades como el consumo municipal, la minería y la ganadería. En México, el agua se destina principalmente a la agricultura y al uso doméstico, aunque el estudio no proporciona cifras específicas para cada actividad.

Para Jiménez, la dimensión transfronteriza del agua añade un elemento de preocupación al posible desarrollo del fracking en la zona.

“El agua es un tema que ha generado fricciones entre México y Estados Unidos. Nuevamente estaría generando estas fricciones en un contexto en el que ya hemos visto bastante hostilidad del gobierno de Estados Unidos, no solo hacia el gobierno de México, sino hacia todos los gobiernos de Latinoamérica que se opongan a sus políticas”, dice.

Contaminantes del gas amenazaron el desarrollo fetal en Burgos

Aunado a ello, desde hace años especialistas advierten que el fracking no solo implica riesgos ambientales, sino también posibles efectos en la salud de las poblaciones cercanas. Además de las sustancias que se inyectan durante el proceso, la fracturación hidráulica puede movilizar contaminantes que se encuentran de forma natural en el subsuelo, entre ellos metales pesados, salmueras con altas concentraciones de sales, hidrocarburos, materiales radiactivos naturales (NORM) y gases tóxicos. Como resultado, se generan aguas residuales altamente contaminadas, conocidas como aguas de retorno o aguas producidas, que pueden contener elevadas concentraciones de sales, hidrocarburos y otras sustancias tóxicas.

De acuerdo con el estudio de CartoCrítica Impactos al desarrollo fetal por proximidad a pozos de gas “natural” (fósil): anomalías congénitas y genéticas en recién nacidos en la provincia petrolera de Burgos 2017-2021, la extracción de gas también puede liberar al aire sustancias contaminantes y tóxicas, además del metano y del ozono que se forma a partir de él. Entre ellas se encuentran los compuestos orgánicos volátiles (COV), el dióxido de nitrógeno (NO₂), el dióxido de azufre (SO₂) y las partículas suspendidas (PM). Estas emisiones pueden originarse durante la perforación y fracturación hidráulica de los pozos, así como en el manejo de aguas residuales, el transporte de combustibles, las estaciones de compresión, los deshidratadores y las tuberías.

Entre los contaminantes identificados se encuentran el benceno, tolueno, etilbenceno y xileno, conocidos en conjunto como BTEX. Se trata de sustancias tóxicas asociadas con alteraciones en el desarrollo fetal y con posibles afectaciones al sistema hormonal. Durante el embarazo, además, representan un riesgo particular debido a que pueden atravesar la placenta y llegar al feto.

Entre las posibles afectaciones al desarrollo fetal se encuentran las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. Estas condiciones están presentes desde el nacimiento y pueden tener un origen genético o surgir a partir de alteraciones durante el desarrollo intrauterino. Las afectaciones pueden ser estructurales, como las malformaciones, o funcionales, como algunos trastornos metabólicos. El estudio las clasifica en nueve grupos que abarcan los sistemas nervioso, circulatorio, respiratorio, digestivo y urinario, además de malformaciones de labio y paladar, órganos genitales, ojos, oídos, cara, cuello, músculos y huesos.

El estudio aclara que su análisis se concentra en el riesgo de malformaciones congénitas, pero advierte que la exposición a los contaminantes asociados con la extracción de gas puede representar un riesgo para toda la población, sin importar la edad, el sexo o el estado de gestación.

“El 71% de la población de Burgos reside en áreas con niveles bajos, medios o altos de exposición a los pozos activos de gas fósil. Aunque este estudio solo se enfoca en el riesgo de malformaciones congénitas, la exposición a los contaminantes puede afectar a toda la población, independientemente de su edad, género o estado de gestación”, concluye el estudio.