Contenido Animal Político · 20 de octubre de 2026
Ser víctima de un delito o de una violación a los derechos humanos puede abrir otro problema además del daño sufrido: no saber a dónde acudir, qué ayuda pedir o qué derechos se tienen frente a las autoridades.
La Ley General de Víctimas establece que las personas en esta situación tienen derecho a solicitar y recibir ayuda, asistencia y atención de manera oportuna, gratuita y por personal especializado. También reconoce su derecho a recibir información clara sobre los procedimientos disponibles y, cuando corresponda, acceder a una reparación integral.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) forma parte de ese sistema y atiende, en el ámbito federal, a víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos.
La ley no limita esta condición a la persona que sufrió directamente un delito.
Reconoce como víctimas directas a quienes hayan sufrido algún daño o menoscabo físico, mental, emocional, económico o en sus derechos como consecuencia de un delito o una violación a derechos humanos.

También existen las víctimas indirectas, como familiares o personas a cargo de la víctima directa que mantengan una relación inmediata con ella, y las víctimas potenciales, cuya integridad o derechos estén en riesgo por prestar asistencia a una víctima. La legislación contempla además a grupos, comunidades y organizaciones afectadas en sus derechos colectivos.
Dependiendo de cada caso y del cumplimiento de los requisitos legales, las medidas previstas pueden incluir atención médica y psicológica, servicios hospitalarios, medicamentos, transporte y ambulancia, gastos funerarios y determinados apoyos educativos, entre otros.
Esto no significa que todos los apoyos se otorguen automáticamente ni que todas las víctimas tengan derecho a las mismas medidas: cada caso debe analizarse conforme a la Ley General de Víctimas y las disposiciones aplicables.
Una de las vías es solicitar la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), administrado por la CEAV para los casos del ámbito federal.
El trámite puede comenzar mediante el Formato Único de Declaración (FUD), en el que se proporciona información sobre el hecho y la persona afectada. La propia CEAV señala que la tramitación del formato es gratuita.

La inscripción en el RENAVI es, además, un paso necesario para solicitar determinados recursos económicos de ayuda, asistencia y reparación integral administrados por la Comisión.
Conocer esta ruta no elimina las dificultades que puede enfrentar una víctima después de un delito, pero sí permite saber qué derechos tiene, qué puede solicitar y qué obligaciones tienen las instituciones encargadas de atenderla.
Con información de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.