Lilia Saúl Rodríguez (@liliasaul) · 6 de agosto de 2013

En la Ciudad de México, las denuncias de mujeres por casos de trata quedan prácticamente sin reparación del daño, pues a pesar de que existen ya 32 sentencias contra este delito, a las afectadas no les ha pagado hasta ahora ninguna indemnización, de acuerdo con el Observatorio contra la Trata.
Además, de los 99 delitos de trata de personas denunciados entre 2010 a 2012, 12 ya resultaron en resoluciones condenatorias, lo cual representa 12.5%.
El Observatorio contra la Trata de Personas lo integran las organizaciones Fundación de la Mano con la Justicia, A.C.; el Colectivo contra la Trata de Personas; la Coordinadora del Observatorio Latinoamericano Capítulo México y Convergencia de Organismos Civiles, A.C.
La falta de reparación del daño se debe a los vacíos legales que hay en la ley y en las contradicciones que hay dentro del propio sistema penal, pues por un lado se persigue y se sanciona el delito, pero el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género se deja de lado.
“No sólo no se resuelve de manera satisfactoria el problema de exacta aplicación de la ley, sino que por el contrario, hacen compleja la administración y procuración de justicia”, determinó el informe del Observatorio contra la Trata. En algunas ocasiones incluso se llega a revictimizar a las personas que presentan denuncias contra este delito, pues la reparación del daño consiste en darles terapias psicológicas y tratar de reinsertarlas en un ambiente socioeconómico al cual no corresponden o que incluso resulta ofensivo para ellas.
Datos opacos
[contextly_sidebar id=”37fe05dd4a0ea4ac336a9be3d2ce8184″]El tercer informe del Observatorio contra la Trata encontró datos abrumadores: aunque en las calles se observa la prostitución y se sabe por los medios de comunicación de más casos de trata en la ciudad de México, curiosamente el número de denuncias y de operativos ha disminuido con relación al 2010, año en que inició el seguimiento del reporte por parte del Observatorio.
En una ciudad con más de 20 millones de personas que transitan, en tres años hubo 28 casos reportados como delitos de trata de personas con fines de explotación sexual.
“La Dirección de Estadística de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) registró que, para el periodo de diciembre del 2011 a noviembre del 2012, los delitos consignados en materia penal por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, fueron en total 12, 6 con detenido y 6 sin detenido. En el año de 2012 hubo 44 sentencias condenatorias, ninguna absolutoria”, detalla el reporte.
Estas cifras contrastan con las que recién dio a conocer Edgar Elías Azar, presidente del TSJDF, pues dijo que eran 32 las sentencias emitidas por este tribunal. La cifra, sin embargo, no varió mucho.
Además en ese lapso de tiempo hubo 16 averiguaciones previas en el Distrito Federal. En cuanto a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se reportaron 65 operativos en contra del delito, donde se rescataron a 65 víctimas, y se detuvieron a 53 personas.
“Haciendo el cruce de datos de 2010 a 2012, se observa una tendencia a la baja respecto a los delitos consignados de trata de personas con fines de explotación sexual. En cuanto a sentencias, si bien en 2012 todas fueron condenatorias, se redujo de 49 en 2011 a 44 en 2012”, según datos obtenidos por el Observatorio contra la Trata.
Otro dato que alertaron las organizaciones no es coherente es el hecho de que la consignación del delito de trata de personas disminuyó de 49 a 12 delitos consignados en 2012, una reducción de 400% menos con respecto a 2011, poco más de 300% con respecto a 2010. Estos datos se obtuvieron gracias a diversas solicitudes de información que hicieron las organizaciones a las dependencias de la ciudad de México.
En cuanto al número de operativos, éste se mantuvo en 65, tanto en 2011 como en 2012, pero en 2012 sólo rescataron a 65 personas afectadas por el delito, mientras en 2011 hubo 164 rescates, una disminución del 60%.
“¿Acaso el delito de trata de personas se ha reducido tanto de un año para otro en el Distrito Federal? ¿Por qué si existe mayor número de averiguaciones previas, estas, al pasar a la administración de justicia no se concretan en sentencias? ¿Por qué los operativos en este año disminuyeron en el número de personas rescatadas? ¿Existe un protocolo en los operativos que se realizan para salvaguardar los derechos de las personas afectadas por los delitos así como los derechos de las personas policías que intervienen?”. Todas estas preguntas las formulan los investigadores en su tercer informe, al no ser respondidas con los documentos solicitados y al ver que la problemática no se atiende como debiera por parte de las autoridades responsables.
Un dato preocupa a las organizaciones: La inexistencia de bases de datos y estrategias estatales para construirlas.
La historia de Teresa
Teresa R. llegó por su propio pie de San Luis Potosí a la ciudad de México, con la promesa de su novio de que le encontraría trabajo. Dejó la escuela, a su familia y al encontrarse con su pareja en la Central de Autobuses del Norte, no le explicó de inmediato de qué trataba el empleo.
La llevó a comer a una lonchería, le explicó que ambos tendrían que pagar el lugar donde ella se quedaría a dormir, pero que él tenía problemas económicos porque se acababa de quedar sin trabajo.
Al día siguiente, temprano, Teresa R. fue convencida de quedarse unas horas en la calle de San Pablo, donde había otras chicas igual que ella, esperando un cliente. Su novio le dijo que sólo lo haría por una vez , al menos mientras terminara de pagar el alquiler de la vivienda.
Como era “nueva”, Teresa encontró rápido cliente y más tarde, regresaría con su novio, quien le explicaría que él tenía que recibir el dinero porque lo administraría para los dos.
Pasaron los meses y Teresa no terminaba de pagar la renta del lugar donde habitaba hasta que vio que era el mismo modo en que otras chicas estaban enganchadas con sus supuestas parejas.
Ese es uno de los casos que han documentado organizaciones que conforman el Observatorio contra la Trata y que a pesar de que fueron denunciados, encontraron ciertas deficiencias en la ley y en la impartición de justicia.
Por ejemplo, hasta ahora, nadie, ni Teresa ha recibido una indemnización económica a pesar de contar con una sentencia favorable. Aunque el Estado y en este caso el Distrito Federal provee de ciertas atenciones a las víctimas, como atención médica y psicológica, el daño trasladado a un pago económico no se ha logrado aún, de acuerdo con este reporte elaborado por el Observatorio contra la Trata.
La deuda de los jueces
Expertos que elaboraron el reporte detallan además que los jueces han sido omisos a la hora de reparar el daño de las personas que han sido víctimas de la trata y explotación sexual.
“Resulta preocupante que no contemplen restituir a la víctima por lo que sufrió, basados en la idea de que no se puede cuantificar el daño. Invariablemente todas las sentencias a las que se ha tenido acceso, muestran esta misma deficiencia, con una idea propia del sistema judicial en general, el Juez otorga pero no tramita, entonces la víctima únicamente recibe el tratamiento que tiene disponible el Estado: generalmente un número limitado de sesiones terapéuticas. Si al final de ese número predeterminado requiriere más, esto está supeditado a una evaluación que probablemente atienda a la cuestión de disponibilidad más que de necesidad. Es de mencionarse que las mujeres, adolescentes y niñas que han vivido en situación de trata con fines de explotación sexual requieren no sólo de un seguimiento psicológico especializado sino a veces psiquiátrico y acompañado de servicios de calidad en cuanto a la salud integral. En las sentencias tampoco se repara en que resulta prácticamente imposible el cobro de la multa, pues el Estado, aunque decreta la existencia de Fondos específicos para esta reparación, en los expedientes que hemos realizado no destina ningún recurso monetario para el mismo en la práctica”, explica el documento.
No repetir errores
Los investigadores consideran que no deben repetirse los mismos errores de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos –que entró en vigor el 13 de junio de 2012–, en las leyes locales, como es la del Distrito Federal y que se debe insistir en un enfoque de Derechos Humanos y Perspectiva de Género.
El Observatorio hizo una revisión de sentencias en materia de Trata de Personas, a través del sistema INFOMEX en su versión pública proporcionadas por la Subdirección de información Pública en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Algunas de las deficiencias encontradas por este Observatorio son la obligatoriedad que hay para que la víctima compruebe el daño establecido o que se compruebe que el “cliente” sabía que se trataba de una situación de trata de personas.
En el caso de ser menores de 18 años de edad, que incluso son solicitadas por el cliente por dicha condición, debe penalizarse como agravante, cosa que no ocurre actualmente.
La falta de presupuesto y mecanismos de indemnización, asistencia y protección a las víctimas y testigos ha sido justificada por la ausencia de Reglamento para la Ley General, que si bien intenta subsanar el articulado de la propia ley estableciendo las coordinaciones de las distintas autoridades en la materia, dicho articulado no está presente en la Ley del DF, a través de la creación de la Comisión Interdependencial.
“Las atribuciones y facultades de la Comisión pueden confundir debido a que no considera la evaluación de los planes ya existentes, como son el Programa contra la Trata de personas. Al hablar de la definición e implementación de una política pública puede incorporar o no todo lo conseguido hasta el momento en la materia”.
En el Distrito Federal hay tres lugares donde se pueden atender casos de Trata: En la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes; en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA-PGR) y en la Subprocuraduría de Atención a Víctimas de Delito y Servicio a la Comunidad de la Procuraduría General Justicia del Distrito Federal.