Vecinos y colectivos exigen suspender discusión de vivienda en la Corte; piden debate público
Redacción Animal Político · 16 de enero de 2026
Vecinos desalojados y colectivos exigen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se retire el proyecto que podría validar los cambios al Artículo 60 de la Constitución de la Ciudad de México con los que se eliminan garantías para personas que sufren desalojos.
En conferencia de prensa, calificaron el proyecto de acción de inconstitucionalidad 73/209 como regresivo y anunciaron que llevarán a cabo una protesta el próximo lunes -cuando se discutirá el asunto en la Corte- para pedir a los ministros que haya una audiencia pública en la que escuchen a especialistas y vecinos afectados.
Arturo Alanís, integrante del Frente Antigentrificación, subrayó que en su redacción original, este artículo contenía garantías mínimas para personas que fueran sacadas de sus viviendas, como el ser avisadas con anticipación, evitar el uso de la fuerza y opciones de reubicación, lo que quedaría eliminado en caso de aprobarse el proyecto de la ministra María Estela Ríos González.
Los grupos Asamblea Ecológica Popular, Clínica de Derecho María Luisa Marin de la Universidad Iberoamericana, La Obrera para los obreros, HIC AL, Observatorio Vecinal Escandón, Frente Antigentrificación, Desalojados de República de Cuba 11, así como el Frente por la Vivienda Juvenil reclamaron que por presión de inmobiliarias las autoridades dejen desprotegida a la ciudadanía, por lo que hicieron un llamado al Poder Judicial a no declarar como constitucional el que se sigan realizando desalojos sin garantía de derechos humanos.
Rocío, una de las vecinas que fue desalojada del predio República de Cuba 11, advirtió que en caso de que se apruebe el proyecto de la ministra Ríos Gonzpalez, “la ley permitiría este tipo de acciones sin que se garantice audiencia a los afectados, como nos pasó a nosotros, porque hubo un juicio, pero ocurrió ajeno a nosotros”.
“Tal vez a nosotros ya nos desalojaron, ya estamos en la calle, pero no queremos que otras personas vivan este terror, porque nosotros no éramos invasores, pagábamos renta”, lamentó.
“Poder Judicial debe ponderar derecho a la vivienda”, señala especialista
Silvia Emanuelli, coordinadora de la Coalición Internacional para el Hábitat-América Latina (HIC-AL), apuntó que la actual administración de la Ciudad de México “sí está haciendo cosas en relación con personas desalojadas que no habíamos visto antes”, como el apoyo para renta que se está otorgando a vecinos de República de Cuba 11, una medida que “va en la misma dirección del espíritu que tenía el Artículo 60 de la Constitución”.
Sin embargo, señaló que en caso de que este artículo permaneciera como fue redactado inicialmente “lo que hubiera tenido que pasar con estas personas es que un juez los llamara, los escuchara y pudiera evaluar su vulnerabilidad para considerar si antes de ser desalojados les podía dar una alternativa de vivienda para evitar la situación de trauma que han pasado”.
Emanuelli también indicó que persiste la falta de un protocolo para que los desalojos se realicen con apego a derechos humanos, ya que el que en su momento se publicó a los pocos días fue bajado de la página del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y dejó de aplicarse.
La especialista recordó que la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación ya llevó a cabo una audiencia pública para escuchar los argumentos de personas con discapacidad en contra de un proyecto, por lo que hizo un llamado a que “lo vuelva a hacer y devuelva al Congreso el que se establezca una forma más conveniente de redacción del Artículo 60 a partir de estándares internacionales”.
Vecinos y colectivos anuncian que en caso de aprobarse el proyecto tomarán las calles
Otra vecina afectada por el desalojo de República de Cuba 11 propuso que colectivos y vecinos exigen una reunión con autoridades del gobierno capitalino para que generar un diálogo directo sobre la ambigüedad de la ley que deja desprotegidas a las personas frente al sector inmobiliario: “esto se tiene que detener, pero nos tenemos que involucrar todos”, aseveró.
Asimismo, subrayó que cualquier persona puede quedar a expensas de ser desalojada de su vivienda, “porque hay personas vivales que quieren apoderarse de inmuebles que no les pertenecen, es algo que pasa en muchos lugares”.
Ante la pregunta de qué ocurrirá en caso de que el proyecto sea aprobado por la SCJN y con ello se declare constitucional la reforma del Artículo 60, Alan Aparicio, abogado de los vecinos de República de Cuba 11, señaló que en este escenario “crítico y triste solo nos queda tomar las calles”.
“Protestamos y nos dicen que no son formas, pero el sector inmobiliario se hace de predios y saca a la gente de sus casas, construye lo que quiere, se burla de los legisladores y de los tribunales, posiciona sus temas sin mayor dificultad porque controla la economía del país, entonces ¿qué nos queda? Tomar las calles”, reiteró.