Con Trump cae apoyo de EU a organizaciones de México en un entorno global cada vez más hostil
Marcela Nochebuena · 13 de febrero de 2026
El apoyo financiero proporcionado por las agencias gubernamentales de Estados Unidos a organizaciones de la sociedad civil en México cayó entre un 50 y 86 % de 2024 a 2025, en un contexto marcado por un aumento en la hostilidad y las amenazas contra la sociedad civil, tras el inicio de la segunda administración del presidente estadounidense Donald Trump.
Mientras que las aportaciones en forma de “desembolsos” se redujeron de 62 millones de dólares a poco más de 30 millones de dólares, es decir una caída del 50.9 %, aquellas catalogadas como “obligaciones” pasaron de 62 millones de dólares a poco más de 8 millones de dólares, lo que representa una caída del 86.8 %, de acuerdo con datos recabados por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi).
La agrupación explica que por “desembolso” se entienden recursos efectivamente otorgados en un año por la cooperación internacional de Estados Unidos a México, mientras que en “obligaciones” se engloban los recursos ya comprometidos por ese gobierno, que no necesariamente se ejecutan en el año inmediato posterior, pues pueden contemplarse para un periodo de varios años.
Por ejemplo, mientras que en 2024, gracias a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la sociedad civil mexicana recibió más de 22 millones de dólares, durante 2025 estos recursos se redujeron a 12 millones de dólares. En tanto, el apoyo de la Inter-American Foundation USD pasó de 2 millones 600 mil dólares a un millón 400 mil dólares.
Estos apoyos significativos que se habían recibido en el país de manera histórica se destinaban principalmente a temas de derechos humanos, democracia y gobernanza. Aunque la reducción ya es un hecho, durante el transcurso de 2026 podrá analizarse la afectación completa y final de la terminación de los recursos que otorgaban las agencias estadounidenses a México, aclara el Cemefi.
Desde febrero de 2025, el Centro ya había documentado que entre 2020 y 2024, el país recibió más de mil 30 millones de dólares en cooperación de Estados Unidos a través de la USAID para iniciativas que impactaban la seguridad, derechos humanos, desarrollo económico y fortalecimiento del estado de derecho. Entonces advirtió que esa sería la dimensión de la asistencia en riesgo desde su cierre.
Esos recursos permitían la continuidad de financiamientos a organizaciones con agendas de género y LGBTTTIQ+, combate al crimen, seguridad y justicia, apoyo a esfuerzos institucionales para enfrentar el fenómeno de las desapariciones, asistencia para derechos humanos, periodistas y defensores, y apoyo al desarrollo económico.
Un mundo trumpista amenaza cada vez más a la sociedad civil
Tras el inicio de la segunda administración del presidente estadounidense Donald Trump, las restricciones a organizaciones se han vuelto un lugar común en todo el globo, e incluso en lugares como la Unión Europea, el Reino Unido y Francia, advierte por otro lado Human Rights Watch en su Informe Mundial 2025.
Además, por primera vez, al igual que México muchos países permanecen preocupados en torno a los riesgos asociados con su presencia operativa en Estados Unidos, donde la Open Society Foundations, una donataria primordial, ya ha sido amenazada, mientras la administración trumpista prepara una lista de “terroristas domésticos” que podría llegar a incluir el trabajo de diversos grupos progresistas.
La segunda administración de Trump ha estado marcada desde un inicio por el desprecio hacia los derechos humanos y graves violaciones a estos. Los Estados Unidos dieron significativos pasos atrás en migración, salud, medio ambiente, trabajo, discapacidad, género, justicia criminal y libertad de expresión, entre otros, afirma la agrupación internacional.
Tras la orden federal de terminar los programas de diversidad, igualdad e inclusión, siguieron una serie de acciones como órdenes ejecutivas y políticas que mermaron la protección de derechos civiles en diversos departamentos del gobierno, y eliminaron iniciativas federales que recuperaban esfuerzos para reparar discriminaciones del pasado. Del mismo modo, se reformaron iniciativas para el reasentamiento de refugiados en ese país, que hoy benefician casi exclusivamente a sudafricanos blancos.
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Entre las afectaciones a organizaciones de la sociedad civil, el informe de HRW también destaca los esfuerzos de la administración trumpista para debilitar la rendición de cuentas. Tan solo en los primeros tres meses de su administración, destruyó, capturó o marginó instituciones dedicadas a supervisar los abusos del Poder Ejecutivo.
Esto se deriva, a su vez, de la afirmación de Trump en el sentido de que él “no necesita la ley internacional” como una limitante y que tiene “su propia moralidad”. Su administración ha politizado el reporte anual de derechos humanos del Departamento de Estado, renunciado a la prohibición mundial de minas antipersonas, abogado por reescribir las reglas internacionales para el asilo y evadido la revisión periódica de Naciones Unidas sobre derechos humanos.
Primero, recuerda la organización, su administración se retiró del consejo de derechos humanos de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, al tiempo que anunció sus planes de abandonar 66 organizaciones y programas internacionales que describió como parte de un modelo caduco de multilateralismo, incluyendo foros clave para negociaciones climáticas.
“Eso ha desmantelado programas de ayuda estadounidense que proveían una vía de salida a infancias, personas mayores y otras en necesidad de servicios de salud, poblaciones LGBTTTIQ+, mujeres y defensores de derechos humanos. Sumado a ello, se retuvo la mayor parte de las aportaciones que hacía a Naciones Unidas”, describe el reporte mundial.
La administración trumpista impulsó, además, recortes financieros significativos a programas de salud reproductiva, lo que amenaza el derecho a la salud. A esto se suma el hecho de haber despedido previamente a personal que trabajaba en áreas de salud reproductiva, el congelamiento de fondos para planificación familiar, detección de cáncer cervicouterino y otros servicios, así como el desmantelamiento de proyectos enfocados en investigar inequidades raciales durante el embarazo y la atención a recién nacidos.
Desde los primeros 100 días de la administración de Trump, las personas mayores y con discapacidad enfrentaron un aumento en sus gastos y en la inseguridad alimentaria luego de retrasos evitables en pagos de seguridad social, y recortes en el financiamiento de programas de nutrición. Las personas con discapacidad fueron todavía más afectadas por el cierre de programas federales para garantizar accesibilidad.
El impacto en la sociedad civil y las organizaciones es una expresión más de cómo la administración trumpista degradó rápidamente el estatus de los derechos humanos como un pilar de su política exterior y trabajó activamente para debilitar a las instituciones internacionales creadas para defender los estándares de derechos humanos y la rendición de cuentas.
En el aniversario de su segundo periodo, Trump respaldó a gobiernos autocráticos mediante acuerdos transaccionales, priorizando la seguridad a corto plazo, así como ganancias comerciales y políticas por sobre los derechos humanos, describe HRW.
En ese punto, el informe recupera los estragos del desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), uno de los principales instrumentos para el compromiso de ese país con los derechos humanos. Los recortes se aplicaron ampliamente a nivel global, socavando programas en todo el mundo, incluyendo regiones en crisis y sociedades reprimidas.
“Esos recortes siguen teniendo impactos generalizados alrededor del mundo, incluyendo la limitación de la capacidad de operación de organizaciones de derechos humanos y mermando el acceso a servicios de salud y cuidados de emergencia, principalmente para personas LGBTTIQ+, mujeres, infancias y otras poblaciones”, señala el informe.
Un ejemplo destacado son las sanciones injustificadas que la administración de Donald Trump ha impuesto para castigar a organizaciones palestinas respetadas en la defensa de los derechos humanos; a Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, y a muchos de sus jueces; a un representante de Naciones Unidas y, por varios meses, a Alexandre de Moraes, juez de la suprema corte brasileña y a Viviane Barci de Moraes, su esposa.
El embate a la sociedad civil se extiende por el mundo
Junto con los Estados Unidos, otros países en donde ya se había iniciado un amedrentamiento a la sociedad civil lo intensificaron durante 2025, mientras que para algunos más la hostilidad mundial impulsada por la administración trumpista ha facilitado un contexto propicio para hacerlo.
En Latinoamérica, El Salvador es el principal ejemplo, pues el gobierno de Nayib Bukele ha incrementado sus ataques a periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y líderes sindicales. El informe de HRW recupera arrestos injustificados como el de José Ángel Pérez, líder comunitario; el abogado Alejandro Henríquez; Ruth López, defensora de derechos humanos, y Enrique Anaya, abogado crítico del gobierno.
Además, en mayo de 2025, la asamblea legislativa aprobó una ley de agentes extranjeros que establece que cualquier individuo u organización en El Salvador que directa o indirectamente reciba fondos, bienes o servicios de otro país debe registrarse como “agente extranjero” en el Ministerio del Interior. Mediante esa figura, las autoridades han sancionado actividades que juzgan contrarias al orden público o amenazantes para la estabilidad social y política del país.
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Las organizaciones o individuos que incumplen con el registro enfrentan sanciones que incluyen multas o la suspensión o cancelación de su estatus legal. Además, la ley impone un impuesto del 30 por ciento a cualquier financiamiento internacional, incluyendo donaciones, bienes y servicios.
De acuerdo con HRW, esa ley viola las obligaciones de El Salvador respecto a la normativa internacional de derechos humanos, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protegen la libertad de expresión y asociación. Entre mayo y septiembre, al menos 140 defensores de derechos humanos y periodistas huyeron del país por temor a represalias sobre su trabajo. Además, la organización Cristosal cerró sus oficinas.
Aunque para México el informe global no documenta impactos específicos en organizaciones, sí destaca los ataques a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, subrayando que siguió siendo uno de los países más peligrosos para ambos. Siete periodistas fueron asesinados, se iniciaron 51 casos de acoso judicial y la abogada indígena defensora Sandra Domínguez fue asesinada.
Por otro lado, a pesar de ser una de las regiones más desarrolladas, la Unión Europea no se ha quedado atrás en incrementar el clima hostil hacia la sociedad civil en varios de sus estados miembros. La propuesta de una directiva de transparencia ha derivado en el escrutinio incesante al financiamiento de la sociedad civil y actividades de defensa.
Además, en julio de 2025, en un reporte presentado ante las Naciones Unidas, la representante especial de defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, criticó a miembros de la Unión Europea por silenciar a defensores del medio ambiente y restringir su derecho a la protesta pacífica.
Con información de Verónica Santamaría.