Tribunal de Disciplina Judicial suspende a actuario en Guerrero por presunta violación sexual
Redacción Animal Político · 7 de noviembre de 2025
La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación ordenó la suspensión por tiempo indefinido de Juan Carlos N. N., actuario adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, por su presunta participación en una violación sexual contra una servidora pública del mismo órgano jurisdiccional.
De acuerdo con el comunicado difundido este jueves, la medida cautelar busca “evitar la continuidad de actos de hostigamiento sexual contra la denunciante o sus compañeros de trabajo”.
El Tribunal enfatizó que “no tolerará conductas que atenten contra un ambiente libre de violencia y la correcta impartición de justicia en el Poder Judicial de la Federación”.
Una resolución para salvaguardar derechos y prevenir más agresiones
El caso llegó a conocimiento de la Unidad de Prevención y Combate a la Violencia Laboral y al Acoso Sexual del Poder Judicial de la Federación, que realizó la llamada de primer contacto y una sesión de contención emocional con la víctima.
Posteriormente, el asunto fue turnado al Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas, el cual, “derivado de la gravedad de estos hechos, con fecha 5 de noviembre de 2025 solicitó a la Comisión de Disciplina el establecimiento de una medida cautelar”.
La Comisión de Disciplina —integrada por los magistrados Rufino H. León Tovar (presidente), Celia Maya García y Bernardo Bátiz Vázquez— se reunió de manera urgente para atender la queja presentada.
En su resolución, los magistrados decidieron suspender temporalmente al actuario hasta que se dicte una resolución definitiva, con el propósito de “salvaguardar la integridad de las personas potencialmente afectadas por conductas graves, particularmente en casos de violencia sexual”.
La notificación personal de la suspensión se realizó en atención a que, por su posición y su interacción laboral con la presunta víctima, el servidor público tenía “la posibilidad de seguir desplegando conductas de hostigamiento sexual contra la denunciante y eventualmente en contra de sus compañeros de trabajo”.
Esta resolución se suma a la emitida apenas tres días antes, el 3 de noviembre, cuando el TDJ dio a conocer la suspensión provisional de un juez de distrito con sede en Colima por incurrir en faltas graves en la reducción de penas dentro de procedimientos abreviados relacionados con delitos de portación de armas y estupefacientes.
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En aquella ocasión, el Tribunal informó que “el juzgador no actuó como garante del cumplimiento de los requisitos legales, por el contrario, asumió una conducta reiterada y sistemática, excediendo sus facultades y contraviniendo los principios rectores del procedimiento penal”.
La medida también tuvo carácter preventivo: se dictó para evitar la destrucción de pruebas y la continuación de los efectos perjudiciales de la falta administrativa, así como para salvaguardar la integridad de las personas potencialmente afectadas por conductas graves.
Un nuevo órgano con amplias facultades disciplinarias
El Tribunal de Disciplina Judicial, instalado el 29 de octubre de 2025, es una de las principales innovaciones derivadas de la reforma judicial. Sustituyó en sus funciones al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en materia disciplinaria y cuenta con facultades ampliadas para investigar, sancionar y destituir a jueces, magistrados e incluso ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A diferencia del CJF, que solo podía iniciar investigaciones por instrucciones de la Corte, el nuevo Tribunal puede actuar de oficio o a partir de denuncias presentadas por cualquier persona o autoridad. Además, sus decisiones son inatacables.
Entre sus atribuciones se encuentran ordenar medidas cautelares, atraer casos de faltas graves o delitos, y sancionar a funcionarios judiciales que contravengan los principios de objetividad, independencia, imparcialidad, profesionalismo y excelencia establecidos en la Constitución.
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Los procedimientos administrativos son instruidos por comisiones de tres integrantes del Tribunal, y sus resoluciones pueden ser impugnadas ante el pleno, que requiere una mayoría de cuatro votos para resolver.
Las sanciones que puede imponer van desde la amonestación o suspensión hasta la destitución e inhabilitación. En casos que involucren delitos, el Tribunal también puede dar vista al Ministerio Público competente e incluso solicitar juicio político ante la Cámara de Diputados.