Tren Interoceánico: peritajes, detenciones y demandas de transparencia a un mes del accidente
Redacción Animal Político · 29 de enero de 2026
El 28 de diciembre de 2025, un tren de pasajeros que recorría el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec descarriló con 250 personas a bordo; el saldo, 14 personas murieron. Un mes después, el caso ha transitado por hallazgos técnicos, acciones penales, procesos de reparación y las demandas de víctimas que buscan no quedar al margen de la investigación.
Las primeras reacciones y apertura de investigaciones
Tras el accidente, la Semar expresó sus condolencias y afirmó que brindaría apoyo inmediato a los afectados “con la máxima responsabilidad, transparencia y apego a la ley”. De forma paralela, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del siniestro.
El caso generó atención adicional cuando se recordó que Gonzalo López Obrador, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, había recibido un cargo honorífico para supervisar obras del Tren Interoceánico durante la administración anterior.
También se retomó el papel del almirante Raymundo Pedro Morales, actual secretario de Marina, quien estuvo a cargo del proyecto en el sexenio anterior. En este contexto, legisladores como la diputada Kenia López Rabadán pidieron conformar una comisión especial de investigación.
La postura de las víctimas y la presentación de denuncias
El 5 de enero, tres pasajeros de la misma familia —Juan Manuel Iglesias López, Flor del Carmen Temich Cinta y Alexis Iglesias Temich— presentaron una querella por lesiones culposas y otros delitos. Sus representantes legales, del despacho Vega Mac Gregor Arellano, señalaron después que no recibieron información de la fiscalía sobre el número de carpeta ni sobre los avances de la investigación.
“El 5 de enero presentamos la querella (…) sin embargo, hasta el día de hoy no nos han notificado del número de carpeta de investigación y mucho menos nos han dicho parte de la investigación principal que lleva a cabo la fiscalía”, explicó el abogado Adrián Arellano en entrevista con Animal Político.
Ante la falta de respuesta, el 27 de enero solicitaron una audiencia de control por omisión al amparo del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reiterando su petición de acceso a la investigación. También solicitaron información al Centro de Justicia Penal Federal, luego de conocer por medios de comunicación que podría celebrarse una audiencia inicial sin que las víctimas hubieran sido notificadas.
Según Arellano, sus representados buscan coadyuvar en la indagatoria. “Lo que buscamos es ser partícipes de la investigación, coadyuvar con el Ministerio Público y que se esclarezca el hecho a través de la información directa hacia las víctimas”, expuso.
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Las lesiones reportadas en esta familia incluyen un esguince de grado tres en la pierna para el padre, una lesión en el cérvix para la madre y una fractura del brazo derecho para el hijo. Aunque las autoridades han dado seguimiento médico, el abogado indicó que no han recibido atención psicológica.
La causa oficial: la operación del ferrocarril
El martes pasado, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, presentó las conclusiones iniciales derivadas del análisis de la caja negra de la locomotora. Los datos, de acuerdo con la funcionaria, indicaron que “el tren viajaba a 65 kilómetros por hora de acuerdo con los registros de la caja negra”, precisando que el límite de velocidad en esa curva era de 50 km/h.
Un exceso de 15 km/h que, según la fiscalía, fue determinante.
“El exceso de velocidad en un tren, a diferencia de un vehículo convencional, se potencializa debido al peso, la masa y el radio de curva, ya que aumenta la fuerza centrífuga, es decir, aquella que aleja al vehículo de su centro de rotación, lo que provoca que salga de las vías y vuelque”, explicó la fiscal.
El informe técnico descartó, de momento, fallas en la infraestructura o en los componentes mecánicos del tren, que fue inspeccionado en sus ruedas, frenos y acoples. La causa, según la FGR, se atribuyó a la operación del ferrocarril.
Acción penal y las primeras detenciones
Como consecuencia directa, la FGR anunció que ejercería acción penal contra las “personas directamente responsables de la operación del tren” por la probable comisión de homicidio culposo y lesiones culposas. Las diligencias llevaron a las primeras detenciones.
El lunes, Felipe de Jesús “N”, identificado como el maquinista del tren, fue aprehendido en Palenque, Chiapas, y trasladado a la FGR en Tuxtla Gutiérrez.
Al día siguiente fue detenido el despachador del tren, Ricardo Mendoza Cerón, en Coatzacoalcos, Veracruz, siendo trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en Cintalapa, Chiapas.
De acuerdo con el abogado Arellano, sus representados no han sido notificados oficialmente de estas detenciones ni de una posible audiencia inicial, de la que se enteraron, afirmó, a través de los medios de comunicación.
El camino hacia la reparación
Mientras la vía penal avanza, el gobierno federal anunció un proceso paralelo de reparación integral del daño. Este miércoles, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, explicó durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum que las indemnizaciones serían diferenciadas según las circunstancias específicas de cada víctima.
Medina informó que se contactará a 225 personas afectadas y a familiares de quienes perdieron la vida. Detalló que un grupo institucional acudirá a comunidades de Veracruz y Oaxaca para comenzar los procedimientos sin necesidad de que las víctimas se trasladaran a la Ciudad de México, y señaló que “eliminaremos trámites innecesarios, no habrá trámites burocráticos para hacerlo de manera más eficiente y muy rápida”.
Añadió que el Corredor Interoceánico aceptó la reparación recomendada por la FGR y que cada víctima sería acompañada por asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, personal de la FGR y representantes del mecanismo alternativo de solución de controversias. En esa mesa se presentaría también una propuesta de la aseguradora.
Por su parte, Sheinbaum explicó que este procedimiento corresponde a una de las “salidas alternativas de justicia” y que la reparación debe ser aceptada por las víctimas. Señaló que servidores públicos mantenían contacto con familias que tuvieron integrantes hospitalizados, y que solo una persona permanecía internada en ese momento.
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Sobre este tema, el abogado Arellano comentó que sus representados aún no habían sido contactados, aunque consideró probable que eso ocurrirá en los días siguientes. Enfatizó que serán las propias víctimas quienes decidirán si aceptan o no ese proceso.
En lo personal, dijo Arellano, “Juan Manuel ha rendido entrevistas, ha señalado que él tiene la intención de continuar la denuncia y toda la cuestión legal para que esto no se olvide y sobre todo no suceda en un futuro”.
Indicó además que la familia ya se encuentra en Ciudad Juárez “intentando retomar su vida”, aunque sin atención psicológica, algo que, espera, se solicitará pronto.
Certificación internacional antes del reinicio de operaciones
En cuanto al futuro del Tren Interoceánico, el gobierno federal adelantó que el transporte de pasajeros no reanudará operaciones hasta que concluya una certificación internacional de la vía y se implementen las recomendaciones resultantes.
El pasado viernes, la presidenta Sheinbaum informó sobre el planteamiento de una certificación internacional para el reinicio de operaciones del Tren Interoceánico, particularmente para el servicio de pasajeros.
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Señaló que la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario consideraba necesaria esta certificación una vez concluidos los dictámenes e investigaciones, con el objetivo de confirmar que la vía era segura.
“Una vez que liberen las vías, que se determinen que están en condiciones, podrá utilizarlas el transporte de carga bajo ciertos mecanismos, pero el transporte de pasajeros los hará hasta que venga la certificación internacional, se hagan las recomendaciones y se lleven a cabo, entonces iniciará de nuevo el transporte de pasajeros”, explicó. Indicó también que la certificación podría incluir recomendaciones adicionales.
Investigaciones en curso y un antecedente de denuncia
El caso también mantiene abiertas otras líneas de revisión. El 14 de enero la Secretaría de la Función Pública afirmó tener investigaciones en curso sobre posibles omisiones de servidores públicos o proveedores en el proceso. Su titular, Raquel Buenrostro, señaló que se realizaría un análisis “más detallado, más específico”.
Esta inquietud ya había sido plasmada en la denuncia penal presentada el 5 de enero por la familia Iglesias Temich, que, basándose en informes de la Auditoría Superior de la Federación, denunció presuntos delitos de abuso de autoridad y lesiones de funcionarios y empresas constructoras vinculadas a la obra.