45% de trabajadoras sexuales son discriminadas en acceso a salud; persisten deudas con ellas y LGBT
Marcela Nochebuena · 1 de octubre de 2025
Siete de cada 10 personas trabajadoras sexuales usan los servicios de salud públicos, pero el 45.6% de ellas han sido discriminadas al asistir a algún establecimiento de salud, de acuerdo con un informe regional enfocado en Latinoamérica de RedTraSex.
La otra mitad, según este informe, no dijo necesariamente haber vivido discriminación porque cuando acuden a los servicios de salud no revelan que se dedican al trabajo sexual, mientras que de entre quienes la han vivido, la mitad eventualmente dejó de asistir y la otra mitad cambió de instalación hospitalaria.
Así lo explicó Lucy Esquivel, de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe (RedTraSex) durante la jornada Días Científicos de la organización Médicos sin Fronteras, quien también resaltó que el 35% de las encuestadas para el informe aseguró que recibió comentarios irónicos, descalificadores o en tono de chiste en los servicios de salud.
Por otro lado, un 33% acusó que el personal de salud le criticó directamente por ejercer el trabajo sexual, mientras que otro 33% aseguró que le recomendaron directamente que no lo ejerciera. Además, uno de los hallazgos del informe es que la forma de discriminación más frecuente está relacionada con la maternidad, pues al 41% de las encuestadas se le aconsejó que cambiara de trabajo “por el bien de sus hijos”.
“El objetivo era mostrarle al mundo, a la sociedad, el porqué nosotras no vamos a los servicios de salud, o muchas veces cuando llegamos, ya llegamos en las últimas consecuencias, podríamos decir… Muchas veces se hacen políticas públicas o se piensa en nombre de las poblaciones, y se piensa que son ellas, nosotras, quienes no vamos simplemente porque no nos interesa”, explica en entrevista Esquivel.
Los cinco países que la Red consideró para el estudio regional fueron Argentina, Paraguay, Chile, México y Perú, donde se entrevistó a 885 personas trabajadoras sexuales que manifestaron sus vivencias al ejercer su derecho a la salud. Los resultados, subraya Esquivel, evidencian que el estigma y la discriminación siguen siendo una constante.
“Eso nos preocupa muchísimo, por eso nos interesaba también decir que nosotras necesitamos una atención integral donde no se nos vea solamente como vehículos de infección, sino que necesitamos estos derechos, derechos sexuales y reproductivos, y no atar el trabajo sexual meramente con la cuestión moral”, señala.
En el aspecto cualitativo, uno de los mayores obstáculos que se encontró fue la falta de confidencialidad, pues muchas veces las trabajadoras sexuales acuden a centros de salud u hospitalarios ubicados en su propio barrio, donde ya son estigmatizadas. No solo se han dado casos donde, como consecuencia, se empieza a divulgar la labor de la persona, sino incluso sus resultados médicos.
Por otro lado, el personal médico tiende a ejercer juicios de valor en el sentido de fomentar la culpa por dedicarse a esa labor, o mediante el cuestionamiento del porqué no dejarla.
“La victimización es una constante, y lo otro es que, por ejemplo, pareciera que la gente se imagina que nosotras nacemos de los árboles o cosas así, que no tenemos familia, y entonces nos atacan por el lado de los hijos preguntando qué van a decir o qué van a pensar, cosas así”, añade Esquivel. En general, dice, el informe refleja que gran parte del personal de salud no está preparado para recibir a las poblaciones clave.
Este octubre, la RedTraSex está por cumplir 28 años de existencia. Su trabajo se centra principalmente en incidencia política para empoderar a las trabajadoras sexuales, y tiene la particularidad de que no afilia personas, sino a organizaciones que ya trabajan el tema, dirigidas y lideradas por ellas.
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“Se trabaja mucho para que seamos nosotras mismas las protagonistas de llevar nuestra voz a donde sea: demandar, reivindicar, ocupar espacios y hablar desde nosotras mismas. Eso para la Red es lo principal”, apunta.
Esquivel opina que este tipo de informes deberían contribuir a mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales, y que los datos no queden en letra muerta, para que cuando se piense en construir políticas públicas relacionadas con sus derechos a la salud sexual y reproductiva, sean tomadas en cuenta y consultadas, “porque nosotras hemos demostrado al mundo que no solamente estamos en la esquina, sino que también somos sujetas de derechos”.
Poblaciones LGBT, también en desventaja
Las poblaciones LGBTTTIQ+, y en particular la atención a la prevalencia de infecciones de transmisión sexual, también es una deuda regional y global en términos de desigualdad, según se destacó en la jornada Días Científicos de Médicos Sin Fronteras.
Durante los diálogos, los especialistas participantes señalaron que un aspecto clave para terminar con los prejuicios del personal de salud, que todavía generan barreras de acceso a revisiones, diagnósticos y métodos de anticoncepción, es involucrar a las organizaciones con la comunidad, y que estén presentes durante las referencias y dentro de las consultas médicas cuando exista la autorización de la persona beneficiaria.
Del mismo modo, fortalecer a los equipos que se dedican al trabajo humanitario, y que pueden tener un grado de incidencia, es fundamental porque muchas veces se habla solo de reforzar las redes locales o las comunidades, en lugar de reeducarse a través de su aprendizaje.
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Por otro lado, el tema de los recursos sigue siendo un factor indispensable, pues por ejemplo, desde hace unos años se estimaba que para tener una disminución significativa, drástica o incluso radical, de la transmisión del VIH entre 2019 y 2025, se tenían que invertir a nivel global 20 mil millones de dólares en ese periodo, pero al final fueron solo 5 mil, mientras que el resto se destinó a investigaciones, que han aportado avances relevantes, pero la diferencia entre ambas cantidades de inversión alcanzó los 15 mil millones, por lo que una de las principales deudas es también replantear cómo se invierten los recursos para reducir las brechas de desigualdad.