Joven criminalizada por abortar presenta argumentos en defensa

[contextly_sidebar id=”83b00beb560f8a84305d4bee53d969f9″]El único elemento para que la justicia de San Luis Potosí culpara y condenara hace cuatro años a Hilda, una joven de 22 años, por el delito de aborto, es la confesión que el personal médico obtuvo bajo tortura e intimidación cuando la joven presentó una hemorragia. Esos son los agravios que constan en un escrito que la defensa entregó este viernes 2 de agosto al Tribunal de Justicia del Estado, en la primera audiencia para revisar el caso de esta chica potosina, que llegó a la cárcel.  

El caso de Hilda, actualmente de 22 años, será analizado en las próximas tres semanas por la máxima instancia de justicia estatal después de que ella apelara una sentencia de un año de prisión por el delito de aborto.

En 2009, después de un día de duros trabajos domésticos, Hilda,entonces de 18 años, acudió al Hospital Público de Tamuin, municipio potosino, con un embarazo de seis semanas y una hemorragia. Según su testimonio, la médico que la atendió le dijo que no recibiría atención si antes no aceptaba que había tomado una pastilla abortiva.

Entonces fue encarcelada y aunque la liberaron un día después por falta de pruebas, en 2012 un juez ordenó que la aprehendieran por el mismo delito y la declaró culpable en abril pasado.

Según el documento que entregó la defensa al Tribunal este viernes, los agravios de los que fue víctima Hilda y no fueron considerados en su momento por el juez son:

-No hay pruebas en el expediente  que permitan asegurar que Hilda sufrió un aborto provocado después de que ella hubiese tomado alguna pastilla, como denunció el personal médico.

-La sentencia se basa en una confesión que Hilda realizó bajo coacción y bajo intimidación de parte de la médico que la atendió y esto va en contra del derecho a la no incriminación, al contar con un abogado y a no ser sometida a torturas y tratos crueles.

La defensa de Hilda, a cargo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), argumenta que la ONU estipula como tortura que los médicos forcen confesiones a cambio de atención a la salud.

Para la joven, la posibilidad de exponer su caso ante el Tribunal representa una esperanza en su lucha por recuperar y probar su libertad, dijo Itzel Silva, abogada de documentación y litigio de casos de GIRE, quien ha estado en contacto con Hilda en el proceso.

GIRE ha documentado que en el periodo 2009-2011 al menos 679 mujeres han sido denunciadas por aborto tras acudir a unidades médicas del país a solicitar atención.

En San Luis Potosí el aborto es un delito a menos que sea accidental, un médico determine que la vida de la madre está en peligro o haya ocurrido una violación o inseminación artificial no consentida.